En medio del auge de la inteligencia artificial y la creciente demanda de infraestructura digital en Texas, el Ayuntamiento de El Paso votó 5-3 para iniciar la elaboración de un marco de políticas que regule el desarrollo futuro de centros de datos, en respuesta a preocupaciones ciudadanas sobre el consumo de agua, energía y el impacto ambiental en una región marcada por recursos limitados.
La medida instruye al administrador municipal a desarrollar una guía de “mejores prácticas” para evaluar nuevas propuestas de centros de datos. La iniciativa, impulsada por los concejales Josh Acevedo (Distritos Central y Noreste) y Cynthia Boyar Trejo (Distrito 4), busca incorporar la participación comunitaria y revisar los incentivos vigentes bajo acuerdos tipo Capítulo 380.
“Al escuchar a nuestros constituyentes, creímos que era ideal establecer lineamientos que nos den orientación hacia adelante y aprender también desde el aspecto legal”, dijo Acevedo durante la sesión. El concejal ha señalado inquietudes recurrentes sobre el impacto de estos complejos en servicios públicos esenciales, particularmente agua y electricidad.
La Ciudad también ordenó al abogado municipal analizar los actuales acuerdos de incentivos 380 relacionados con centros de datos, con el objetivo de identificar oportunidades legales y mejores prácticas para futuros proyectos. La propuesta no modifica contratos existentes.
Tensiones en el desierto
El Paso se encuentra en el epicentro de un fenómeno regional. Al Norte, en el Condado de Doña Ana, Nuevo México, el llamado Proyecto Júpiter –un desarrollo de infraestructura de cómputo a gran escala– ha intensificado el debate sobre la viabilidad hídrica y energética del corredor fronterizo. Al Este, en el Condado de El Paso, el Centro de Datos de Meta ha sido objeto de escrutinio por su magnitud operativa y los recursos asociados a su funcionamiento.
El grupo comunitario Amanecer cuestionó que uno de los centros de datos aprobados pueda utilizar hasta 1.5 millones de galones de agua diarios y criticó la construcción de una planta de gas destinada a abastecer operaciones vinculadas a Meta. Según el colectivo, el consumo energético proyectado superaría el de todas las escuelas y edificios municipales y del Condado combinados, mientras que la generación de empleo sería limitada.
Boyar Trejo defendió la apertura del diálogo. “He conversado con miembros de la comunidad empresarial, residentes y defensores comunitarios para entender tanto las oportunidades como las preocupaciones. Se hizo evidente que existen malentendidos en múltiples lados”, afirmó en un comunicado.
¿Regular o desplazar?
No todos en el Concejo apoyaron la iniciativa. El concejal Art Fierro (Distrito 6) votó en contra y advirtió que reglas demasiado estrictas podrían empujar los proyectos fuera de los límites municipales sin reducir el uso regional de recursos.
“Podemos crear las políticas más duras, y simplemente se moverán fuera de la ciudad, pero seguirán utilizando nuestros recursos”, dijo Fierro, quien pidió posponer la votación para permitir mayor discusión conjunta con el Condado.
En paralelo, la Corte de Comisionados del Condado de El Paso aprobó el 5 de enero comenzar su propia guía de mejores prácticas. La comisionada Jackie Butler señaló que el objetivo es evaluar futuros proyectos “de manera consistente, reflexiva e intencional”, alineando decisiones con la capacidad de infraestructura, las realidades ambientales y las metas económicas a largo plazo. El juez del Condado, Ricardo Samaniego, calificó la discusión como oportuna.
Funcionarios del Condado han anticipado que el proceso requerirá asesoría externa especializada, dada la complejidad técnica y regulatoria de la industria.
Un dilema texano
Texas se ha convertido en destino clave para centros de datos gracias a su marco regulatorio favorable, disponibilidad de terrenos y red eléctrica extensa. Sin embargo, eventos recientes –desde olas de calor extremas hasta presiones sobre el sistema eléctrico estatal– han intensificado el debate sobre los límites del crecimiento industrial intensivo en energía.
En el árido entorno del Paso del Norte, donde la gestión del agua subterránea es un asunto histórico, el auge de la infraestructura digital plantea preguntas que trascienden lo tecnológico: ¿qué costo ambiental y social tiene el liderazgo en la economía de datos? ¿Y quién decide cómo se distribuyen los recursos en una región de clima cada vez más extremo?
La discusión en El Paso no frena los proyectos existentes, pero marca un punto de inflexión político. Por primera vez, líderes municipales y del Condado buscan coordinar una estrategia regional antes de que la proliferación de megacentros de datos supere la capacidad institucional para regularlos.
