La crisis de confianza en torno al servicio de agua potable en el Sur de Nuevo México volvió a intensificarse luego de que Camino Real Regional Utility Authority (CRRUA) acordara pagar cerca de 189 mil dólares en multas por violaciones relacionadas con el agua potable cometidas desde 2023.
El acuerdo, anunciado el 10 de febrero por el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés), establece que la empresa deberá cubrir 168 mil dólares por cinco infracciones, además de un pago adicional de 21 mil dólares por mala fe, para sumar un total de 189 mil dólares.
CRRUA brinda servicio a aproximadamente 20 mil usuarios en Sunland Park y Santa Teresa, comunidades que durante años han denunciado problemas como niveles elevados de arsénico por encima de los estándares federales, agua amarillenta, con mal olor y textura viscosa, así como incrementos constantes en las tarifas.
La noticia generó inconformidad entre residentes que aseguran sentirse castigados doblemente: por la calidad del agua y por el impacto económico que representará la sanción.
“Me pareció preocupante la noticia de este acuerdo. Tal como están las cosas, las tarifas del agua están subiendo y siguen multando a CRRUA, lo que sólo genera caos en la comunidad, ya que al final somos nosotros quienes pagamos estas multas”, declaró Vivian Fuller, residente de Santa Teresa.
El sentir general es de frustración y desconfianza. “No le inspira a uno confianza al tomar el agua”, expresaron vecinos, quienes aseguran que durante años han tenido que comprar agua embotellada para consumo diario, incrementando aún más sus gastos.
José Saldaña, residente de Sunland Park, criticó el manejo del problema por parte de las autoridades estatales. “El NMED simplemente se sigue burlando de la comunidad, porque el 90% de sus miembros vive con ingresos fijos. Aumentaron las tarifas del agua, las de aguas residuales e incluso los impuestos a la propiedad… y seguimos sin una solución definitiva”, afirmó.
El alcalde de Sunland Park, Javier Perea, reconoció el impacto que tendrá la sanción en los contribuyentes y explicó que la Ciudad intentó negociar con el Estado para redirigir esos fondos hacia mejoras en la infraestructura.
“Todo este tiempo estuvimos tratando de negociar con la autoridad ambiental para eliminar esa fianza e invertir ese dinero en el sistema de agua, pero el Estado decidió imponer una multa a CRRUA”, señaló.
Perea añadió que, aunque el problema del arsénico ya fue corregido, la percepción negativa persiste. “Desafortunadamente, quienes costean el sistema son los contribuyentes”, admitió, al tiempo que subrayó la necesidad de invertir más recursos en infraestructura para recuperar la confianza ciudadana.
Aunque el NMED no emitió comentarios adicionales tras el anuncio de la multa, la dependencia informó que los resultados más recientes de las pruebas de arsénico fueron favorables.
De acuerdo con la Oficina de Agua Potable (DWB) del NMED, las pruebas correspondientes al primer trimestre de 2026 (enero-marzo) indican que las cuatro plantas de tratamiento de arsénico operadas por CRRUA cumplen con las normas estatales, según el Promedio Anual Móvil (RAA).
Las muestras tomadas el 21 de enero de 2026 muestran que el agua tratada en las cuatro plantas se encuentra por debajo del Nivel Máximo de Contaminante (MCL) federal de 10 partes por mil millones (ppb).
“Este es el quinto período consecutivo de pruebas trimestrales de cumplimiento del NMED en el que las cuatro plantas de tratamiento de arsénico de CRRUA superan las normas del RAA”, declaró Juan Crosby, director ejecutivo de CRRUA. “CRRUA continúa cumpliendo con las normas de arsénico de la Ley de Agua Potable Segura”, añadió.
Sin embargo, para muchos residentes, los resultados técnicos no han sido suficientes para disipar años de incertidumbre. Organizaciones comunitarias sostienen que, si bien el cumplimiento actual es positivo, la multa confirma fallas pasadas que afectaron la salud pública y erosionaron la confianza.
El Departamento de Medio Ambiente ha indicado que incluso evalúa la posibilidad de una administración judicial temporal mientras se negocian cambios en los acuerdos operativos entre las autoridades locales. No obstante, organizadores comunitarios consideran que el acuerdo no garantiza agua segura a largo plazo.
Daisy Maldonado, organizadora del Sur de Nuevo México, expresó que el resultado no ofrece certeza a las familias. “No garantiza que los habitantes atendidos por CRRUA reciban agua segura para su consumo y el de sus familias”, sostuvo.
Mientras tanto, los residentes enfrentan un panorama complicado: una multa cercana a los 200 mil dólares, incrementos en las tarifas y una herida abierta en la confianza hacia el sistema que debe garantizar un recurso básico.
Según los lugareños, la sanción, lejos de cerrar el capítulo, reavivó el debate sobre responsabilidad, transparencia y justicia ambiental en una comunidad que asegura haber esperado durante décadas una solución definitiva a sus problemas de agua potable.
