Durante 40 años, un ministerio de la Diócesis Católica de El Paso ha brindado asistencia legal a cientos de miles de inmigrantes. Ahora, ese ministerio, Estrella del Paso, afirma que la negativa de la administración del presidente Donald Trump a reembolsar más de 765 mil dólares que le adeuda está llevando a la organización al borde del colapso.

La falta de reembolsos desde diciembre de 2025 ha agotado las reservas financieras de Estrella del Paso y podría obligarla a cerrar definitivamente, dijo Melissa López, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro, anteriormente conocida como Diocesan Migrant & Refugee Services.

Una orden judicial preliminar emitida en abril de 2025 por una jueza federal de California bloqueó los planes de la administración Trump de retirar el financiamiento para los servicios legales destinados a menores inmigrantes no acompañados.

El cierre de Estrella del Paso significaría que decenas de miles de inmigrantes perderían acceso a representación legal, afirmó López.

Cuando se le preguntó qué significaría esto para quienes dependen de esos servicios, respondió con una sola palabra:

"El sistema está tan manipulado en contra de las personas en este momento que, sin representación legal, corren un riesgo muy alto de ser deportadas. Ese riesgo ya es elevado, pero cuando no tienen ningún abogado que las represente, aumenta exponencialmente", dijo López.

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) no respondieron a una solicitud de comentarios de El Paso Matters.

Una jueza federal de California programó para el 16 de julio una audiencia para analizar la petición presentada por Estrella del Paso y otras organizaciones sin fines de lucro, quienes solicitan que el HHS sea declarado en desacato por presuntamente violar la orden judicial que prohibía retirar el financiamiento.

La administración Trump ha argumentado ante los tribunales que los pagos gubernamentales para proporcionar asistencia legal a menores inmigrantes no acompañados son discrecionales y no obligatorios.

Atiende a más de 40 mil personas al año

Con más de 40 mil personas atendidas anualmente, Estrella del Paso es uno de los mayores proveedores de servicios legales para menores inmigrantes no acompañados en Estados Unidos y el principal proveedor de servicios legales migratorios sin fines de lucro en la región de El Paso, explicó López.

"Francamente, no hay suficientes abogados privados para hacer el trabajo que nosotros realizamos. Cubrimos una enorme parte del trabajo que debe hacerse en esta región y, sin Estrella, muchas personas simplemente se quedarían sin representación legal", dijo.

La organización fue fundada en 1986 y comenzó a representar a menores inmigrantes no acompañados en 2007.

Ante la falta de recursos, Estrella del Paso inició una campaña urgente de recaudación de fondos para compensar los pagos retenidos por el gobierno federal.

Obispo pide apoyo de la comunidad

El obispo de El Paso, Mark Seitz, afirmó que Estrella del Paso ha sido un recurso invaluable para miles de residentes que buscan regularizar su situación migratoria o convertirse en ciudadanos estadounidenses.

El líder religioso hizo un llamado a la comunidad para apoyar económicamente a la organización.

"Espero que nuestra comunidad vuelva a unirse y diga que nos preocupamos unos por otros, que nos preocupamos por quienes están sufriendo y que queremos que al menos tengan una oportunidad justa de presentar su caso para regularizar su situación en nuestro país", señaló.

Los menores inmigrantes no acompañados que viven en Estados Unidos están siendo detenidos y deportados aproximadamente tres veces más que durante la primera administración Trump, informó el lunes ProPublica.

El medio señaló que la administración actual ha revertido políticas que garantizaban a los menores acceso a representación legal y protección contra la deportación mientras intentaban permanecer legalmente en el país.

Estrella del Paso y otros diez demandantes solicitaron a la jueza federal Araceli Martínez-Olguín que declare al HHS en desacato por presuntamente incumplir la orden emitida en 2025, que impedía retirar el financiamiento para servicios legales destinados a menores inmigrantes no acompañados.

Martínez-Olguín determinó previamente que dichos fondos son obligatorios conforme a la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de Trata de Personas de 2008, la cual exige al gobierno garantizar representación legal para estos menores durante sus procesos migratorios.

Los menores no acompañados son el único grupo de inmigrantes que recibe financiamiento gubernamental para contar con abogados en la corte migratoria.

Los adultos pueden contratar representación legal, pero la ley no garantiza que el gobierno les proporcione un abogado, como sí ocurre en los tribunales penales.

Los demandantes presentaron el 1 de julio una moción para que se celebrara una audiencia sobre el presunto desacato. Al día siguiente, la jueza fijó la audiencia para el 16 de julio y otorgó al HHS hasta el 10 de julio para responder por escrito.

El contrato del gobierno federal con las organizaciones que brindan estos servicios concluye el 31 de julio.

Acusan retrasos injustificados

De acuerdo con un informe de The Associated Press publicado en mayo, jueces federales han determinado que la administración Trump ha incumplido resoluciones judiciales en al menos 31 casos, la mayoría relacionados con inmigración.

Aunque el HHS continuó realizando reembolsos durante varios meses después de la orden judicial de abril de 2025, dejó de hacerlo a partir de diciembre de ese año.

En un correo electrónico enviado en junio a los abogados de las organizaciones demandantes, el abogado del Departamento de Justicia, Michael Celone, indicó que el HHS ahora exige documentación adicional antes de liberar los pagos.

"Básicamente están pidiendo más información para justificar los pagos. Nunca lo habían hecho antes y realmente resulta muy complicado", dijo López, quien añadió que parte de la información requerida es confidencial.

El Texas Tribune informó el 3 de julio que la administración Trump contactó a la Comisión de Defensa para Personas Indigentes de Texas para explorar la posibilidad de que esa dependencia asumiera la representación legal de menores inmigrantes no acompañados.

Defensores de los derechos de los inmigrantes señalaron al periódico que el gobierno busca trasladar a un mayor número de menores a Texas, donde sería más fácil deportarlos.

Sin embargo, Scott Ehlers, director ejecutivo de la comisión, indicó que la representación en casos migratorios infantiles no forma parte del mandato legal del organismo, creado específicamente para la defensa penal.

López agregó que el derecho migratorio es un área altamente especializada y que representar a menores requiere conocimientos aún más específicos.

"Pedirle a un abogado especializado únicamente en derecho penal que aprenda derecho migratorio y además represente a menores no acompañados es exigir demasiado", afirmó.

También enfrentan crisis

La organización Kids in Need of Defense (KIND), fundada en 2008 por la actriz Angelina Jolie y Microsoft, anunció el 30 de junio que dejará de prestar estos servicios debido a que el gobierno le adeuda más de 20 millones de dólares.

Su presidenta, Wendy Young, afirmó que la demora en los pagos amenaza la viabilidad financiera de la organización.

"Los ataques contra los proveedores de servicios legales financiados por el gobierno federal y los continuos retrasos en los pagos, junto con la exigencia injustificada de datos sensibles, desconocen el papel fundamental que desempeñan los abogados en la protección de los menores inmigrantes y en el respeto del Estado de derecho", señaló.

La Latino Community Foundation, con sede en California, otorgó recientemente subvenciones de 25 mil dólares tanto a Estrella del Paso como a Las Americas Immigrant Advocacy Center, como parte de su estrategia para ampliar su labor filantrópica en los estados del suroeste.

Su director ejecutivo, Julián Castro, exalcalde de San Antonio y exsecretario federal de Vivienda y Desarrollo Urbano, afirmó que Estrella del Paso tiene una larga trayectoria defendiendo a las personas más vulnerables.

"Esta es una emergencia absoluta. La administración está actuando de mala fe y con crueldad hacia las familias inmigrantes de El Paso y de muchas otras comunidades", afirmó.

Castro exhortó a otras fundaciones y donantes particulares a incrementar su apoyo.

"Es momento de que la filantropía actúe con valentía y proporcione los recursos que las familias inmigrantes necesitan. Estrella del Paso es un aliado clave para hacerlo", dijo.

‘El mayor acto de amor’

El obispo Seitz, una de las voces católicas más reconocidas en Estados Unidos en defensa de los inmigrantes, afirmó que muchas personas malinterpretan por qué algunos padres envían solos a sus hijos a Estados Unidos.

"No piensen ni por un segundo que los envían porque no los aman. Los envían precisamente porque los aman y no ven otra forma de que esos niños sobrevivan a las circunstancias que enfrentan en su país", expresó.

Agregó que ha conocido personalmente a varios de esos padres.

"He tenido la oportunidad de conocer a algunos de ellos. Ese es el mayor acto de amor: darle a su hijo una esperanza para su vida", concluyó.