La Ciudad de El Paso acordó pagar 8 millones de dólares a Daniel Villegas para poner fin a una demanda federal por presuntas violaciones a sus derechos constitucionales derivadas de su arresto, procesamiento y encarcelamiento por un doble homicidio ocurrido en 1993, caso por el que finalmente fue absuelto tras pasar más de dos décadas en prisión.
El acuerdo pone fin a un litigio iniciado en 2015 contra la Ciudad de El Paso y varios policías, en el que Villegas sostenía que fue víctima de una investigación y un proceso judicial indebidos que culminaron con una condena por un crimen que no cometió.
La resolución fue alcanzada mediante un proceso de mediación, evitando así un juicio con jurado que estaba programado para agosto.
En un comunicado, la Ciudad informó que aceptó indemnizar a Villegas con 8 millones de dólares, una cantidad considerablemente menor a los 20 millones de dólares que reclamaba el demandante.
La abogada de la ciudad, Karla Nieman, explicó que la decisión respondió a un análisis de los riesgos económicos y legales que implicaba continuar el litigio.
"Después de evaluar cuidadosamente los riesgos, costos e incertidumbres asociados con continuar el proceso judicial, la Ciudad determinó que resolver este asunto mediante mediación era lo mejor para la ciudad y para los contribuyentes", señaló Nieman.
La funcionaria indicó que el acuerdo también evita los gastos de un juicio, posibles apelaciones y la incertidumbre de un veredicto emitido por un jurado.
La administración municipal aclaró que el pago no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de la Ciudad de El Paso.
El caso que marcó a El Paso
Daniel Villegas tenía apenas 16 años cuando fue detenido por el asesinato de los adolescentes Armando "Mando" Lazzo y Robert "Bobby" England, ocurrido en abril de 1993.
La investigación policial se centró principalmente en declaraciones obtenidas por el entonces detective Alfonso Márquez, confesiones que posteriormente serían cuestionadas por haber sido presuntamente obtenidas bajo coerción.
En agosto de 1995, Villegas fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua.
Durante años sostuvo su inocencia y apeló la condena argumentando que la confesión había sido forzada. Sin embargo, sus primeros recursos fueron rechazados.
Pruebas cambiaron el rumbo
El caso dio un giro en 2007 cuando Villegas presentó un recurso de habeas corpus, inicialmente alegando una defensa legal ineficaz.
Posteriormente, la petición fue ampliada para incluir nuevas evidencias de inocencia después de que surgieran dos testigos que apuntaban hacia otros posibles responsables del doble homicidio.
Abogados del Center on Wrongful Convictions, entre ellos Josh Tepfer, Laura Nirider y Steven Drizin, colaboraron con la defensa en la preparación del nuevo recurso.
Tras varias audiencias celebradas en 2011, el juez Sam Medrano Jr. concluyó en 2012 que Villegas no había recibido una representación legal adecuada durante su juicio original.
El juez determinó que la defensa nunca cuestionó de manera efectiva la confiabilidad de la confesión obtenida por la policía y que además existían nuevas evidencias que señalaban a otros sospechosos.
Aunque el Estado apeló esa decisión, la Corte de Apelaciones Penales de Texas confirmó posteriormente el fallo.
En 2014, el juez Medrano también ordenó excluir del nuevo juicio las declaraciones de Villegas al considerar que habían sido obtenidas mediante coerción y carecían de confiabilidad.
Absuelto en 2018
Después de permanecer más de dos décadas encarcelado, Daniel Villegas enfrentó un nuevo juicio.
En octubre de 2018, un jurado lo declaró no culpable de todos los cargos relacionados con los asesinatos de Lazzo y England, quedando completamente absuelto.
Su liberación convirtió el caso en uno de los errores judiciales más notorios en la historia reciente de El Paso.
Tras recuperar su libertad, Villegas presentó una demanda federal en 2015 contra la Ciudad de El Paso y varios policías en funciones y retirados.
En ella alegó que durante la investigación fueron violados sus derechos constitucionales mediante prácticas que derivaron en un arresto y procesamiento injustificados.
En 2025, el juez federal David C. Guaderrama desestimó algunas de las reclamaciones presentadas por Villegas, entre ellas las relacionadas con procesamiento malicioso, arresto ilegal, omisión de intervenir y conspiración.
No obstante, otras reclamaciones permanecían vigentes y serían analizadas durante el juicio previsto para agosto, proceso que finalmente quedó sin efecto tras alcanzarse el acuerdo.
Ciudad defiende avances
En su comunicado, la Ciudad de El Paso subrayó que las acusaciones corresponden a hechos ocurridos hace más de tres décadas y aseguró que mantiene su confianza en el Departamento de Policía de El Paso.
Asimismo, destacó que desde entonces la corporación ha implementado múltiples reformas, entre ellas la actualización de protocolos de investigación, el uso de cámaras corporales, mayor supervisión, capacitación adicional para los agentes, revisión de políticas internas y la incorporación de nuevas tecnologías para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Con el acuerdo económico, ambas partes dan por concluido un litigio que se prolongó durante una década y que tuvo su origen en uno de los casos penales más controvertidos en la historia judicial de El Paso.
[email protected]
