Ven imposible cancelar el contrato con Meta

Alcalde y altos funcionarios de la Ciudad de El Paso han cerrado filas de manera contundente frente al intento de un sector del Consejo Municipal de dar marcha atrás al macroproyecto del centro de datos de Meta Platforms, Inc..

El alcalde Renard Johnson, junto a la administradora municipal, Dionne Mack, y la abogada de la Ciudad, Karla Nieman, han calificado de "imposible" la rescisión unilateral del contrato. Las autoridades advierten de que romper el pacto expondría a los contribuyentes a un litigio que podría prolongarse por años y costar millones en defensa legal, además de una posible responsabilidad civil que en estimaciones previas del municipio se llegó a tasar en 1.000 millones de dólares.

"Muchos residentes han preguntado si la ciudad simplemente puede cancelar el acuerdo con Meta. La respuesta es no", sentenciaron Mack y Nieman en un comunicado conjunto.

El proyecto fue blindado legalmente en diciembre de 2023 bajo la administración del anterior alcalde, Oscar Leeser, mediante una votación unánime del Consejo. Las funcionarias explicaron que Meta ha invertido ya recursos sustanciales en la zona y que "hay pocas razones para creer que la empresa abandonaría voluntariamente el proyecto".

Por su parte, el alcalde Johnson, quien cuenta con poder de veto sobre las decisiones del Consejo —lo que requeriría una supermayoría de seis de los ocho concejales para ser revocado—, fue tajante en sus redes sociales: "Intentar terminar un acuerdo legalmente ejecutado sin base contractual expone a los contribuyentes a una responsabilidad legal significativa y daños financieros potencialmente sustanciales". Asimismo, alertó del impacto reputacional: "Podría dañar la reputación de El Paso como un lugar donde las empresas e inversores pueden confiar en que los acuerdos aprobados en un proceso público se van a respetar".

La tormenta política se desató formalmente cuando el concejal Josh Acevedo, representante del Distrito 8 (sur y centro de la ciudad), anunció la inclusión de un punto en el orden del día de la sesión del próximo 9 de junio. El objetivo de Acevedo, copatrocinado por la concejala del Distrito 7, Lily Limón, es ordenar a la administración municipal iniciar negociaciones para finiquitar el Acuerdo del Programa de Desarrollo Económico (Capítulo 380) con Meta y su filial, Wurldwide LLC.

Acevedo, quien no ocupaba el cargo cuando se aprobó el proyecto original, argumenta que actúa movido por una "profunda preocupación pública". En una entrevista, matizó que su propuesta busca evaluar las opciones legales "de buena fe" y abrir un proceso de investigación. "No es solo un problema fiscal para mí", declaró, "es una cuestión de asegurar la gestión ambiental, la planificación de infraestructura y proteger la sostenibilidad a largo plazo de nuestro desierto, nuestra agua y nuestro aire".

El acuerdo original de 2023 otorgaba a Meta una jugosa exención del 80% en los impuestos sobre la propiedad durante décadas, además de una inyección pública de 12.5 millones de dólares para mejorar las carreteras colindantes en el noreste de la ciudad. A cambio, el contrato exigía cláusulas de rendimiento mínimas: una inversión de 800 millones de dólares y la creación de al menos 50 empleos. Sin embargo, Meta ha pulverizado esas proyecciones iniciales anunciando una inversión total de 10.000 millones de dólares y 300 puestos de trabajo directos. Con la primera fase del campus tecnológico programada para operar el próximo mes, la ciudad carece de causas contractuales para rescindir el trato mientras la firma cumpla con los mínimos exigidos.

A pesar de los encendidos debates medioambientales y las protestas de los ciudadanos que acudieron al Ayuntamiento el pasado 26 de mayo exigiendo el veto a este tipo de incentivos económicos, el marco legal parece inamovible. Tal y como recalca la jefatura legal del municipio, el escenario más probable si el Concejo vota a favor de la propuesta de Acevedo no será frenar las obras de Meta, sino obligar a los ciudadanos a financiar una costosísima batalla en los tribunales.