Washington— La Corte Suprema de los Estados Unidos se puso del lado de la solicitud del gobierno de Trump el jueves para rechazar a los solicitantes de asilo que se presenten en los puertos de entrada de la frontera entre Estados Unidos y México.

La cuestión que consideraron los jueces fue si los migrantes tienen que cruzar completamente hacia los Estados Unidos para tener derecho a solicitar asilo y ser procesados, o si pueden solicitar asilo cuando se presentan en un puerto de entrada estando del lado mexicano de la frontera.

En una decisión de 6 a 3, los jueces conservadores coincidieron con el gobierno de Trump en que un ciudadano no estadounidense que se encuentra en México no llega a los Estados Unidos “al intentar, y fallar, poner un pie en este país”.

Los jueces sostuvieron que un ciudadano no estadounidense solo llega a los Estados Unidos “cuando cruza la frontera”, y que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no otorga a ese ciudadano no estadounidense, que se encuentra del lado mexicano de la frontera y desea solicitar asilo, el derecho a ser inspeccionado por un oficial de inmigración.

James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en un comunicado que la decisión de la Corte Suprema “abre una herramienta importante para continuar asegurando nuestra frontera sur”.

El juez Samuel Alito, quien redactó la opinión de la mayoría, dijo que el caso ante los magistrados presentaba una “cuestión sencilla”.

“La frase ‘llega a los Estados Unidos’... conlleva su significado ordinario: una person llega a una ubicación geográfica solo cuando ingresa a ella”, escribió. “Una persona llega a un destino cuando ingresa dentro de su área —no antes— y esa conclusión no cambia porque alguien o algo bloquee la entrada. Los ejemplos cotidianos de cómo la gente usa ordinariamente la frase ‘llega a’ confirman este entendimiento”.

La política que exige un cruce total, conocida como metering (dosificación o sistema de cuotas), está en desuso, pero Vivek Suri, asistente del procurador general de los Estados Unidos, argumentó ante el alto tribunal que era una política que el gobierno federal debería poder tener en su caja de herramientas para usos futuros en la frontera sur.

La jueza liberal Sonia Sotomayor redactó un mordaz voto particular de 35 páginas, afirmando que el fallo permitirá al gobierno de Trump rechazar a los solicitantes de asilo, una política que, según ella, viola la ley de refugiados del Congreso.

“Debido a que la Corte hoy bendice la decisión del Poder Ejecutivo de cerrarle la puerta de golpe a todos los que huyen de la persecución, a pesar del detallado sistema de inspección y asilo que el Congreso promulgó y ordena, disiento respetuosamente”, escribió.

Durante los argumentos orales en marzo, los jueces parecieron divididos ideológicamente, con los seis jueces conservadores de acuerdo con el gobierno de Trump. Las tres liberales de la Corte Suprema —Sotomayor y las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— cuestionaron si la política violaba la ley federal que protege a los refugiados.

‘Más personas morirán’

Sotomayor argumentó que el Congreso aprobó específicamente la Ley de Refugiados de 1980 para no repetir los “errores del pasado”, donde al M.S. St. Louis, un barco que transportaba a más de 900 refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial, se le impidió la entrada a los Estados Unidos y fue devuelto a Europa.

Aunque algunos pasajeros pudieron encontrar refugio en otros países, 254 murieron en el Holocausto.

Sotomayor dijo que, basándose en el fallo de la mayoría, si esos pasajeros del St. Louis “caminaran hoy hacia un puerto de entrada en nuestra frontera sur, la interpretación de la mayoría permitiría a los oficiales de inmigración negarse incluso a considerar sus solicitudes de asilo bloqueándolos físicamente para que no pongan un pie en suelo estadounidense”.

“La interpretación de la mayoría le permite al Gobierno hacer eso incluso si los refugiados cumplieran con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluso si el puerto tuviera la capacidad suficiente para inspeccionarlos, e incluso si devolverlos resultara en la misma persecución de la que apenas escaparon”, escribió.

Sotomayor dijo que las consecuencias del fallo serán predecibles.

“Más personas morirán. Más personas intentarán cruzar la frontera ilegalmente, y algunas lo lograrán mientras que otras no”, dijo. “Más personas se verán obligadas a caminar a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en condiciones peligrosas, intentando encontrar un puerto que las inspeccione. Más personas regresarán y serán sometidas a la violencia debido a algo que no pueden o no deberían tener que cambiar sobre sí mismas, como su raza, religión, nacionalidad u opinión política”.

Jackson redactó un voto particular separado, argumentando que el caso nunca debió haberse presentado ante los jueces porque el gobierno de Trump ni siquiera está utilizando la política.

“La ausencia de una política actual de dosificación claramente ha infectado también el análisis final de la Corte”, escribió. “Nadie sabe cómo, si es que de alguna manera, el razonamiento extraído de estas metáforas se aplicará a las realidades de una futura política de dosificación. Todo lo que podemos hacer ahora es adivinar.

“Pero la Corte no es un estudiante de derecho descifrando una pregunta difícil en clase”, continuó. “Cuando emitimos opiniones, creamos reglas legales con un impacto en el mundo real. Es por esta misma razón que nuestros precedentes exigen ‘un contexto fáctico concreto que conduzca a una apreciación realista de las consecuencias de la acción judicial’. Debido a que obviamente carecemos de ese contexto aquí, no debimos haber decidido este caso”.

Un duro golpe

Nicole Ramos, cofundadora de la organización humanitaria y de asistencia legal para inmigrantes Al Otro Lado, la cual impugnó al gobierno de Trump, dijo durante una conferencia de prensa que no le sorprendía la decisión, “pero sí bastante devastada”.

“Esta no es la primera vez que la Corte Suprema se equivoca”, dijo. “Tengo la convicción de que el péndulo volverá a oscilar en dirección a la justicia”.

Melissa Crow, una abogada que presentó la impugnación por primera vez en 2017, dijo que la decisión “propina un golpe devastador a los derechos de las personas que buscan asilo”.

Crow, quien ahora dirige el Center for Gender & Refugee Studies (Centro de Estudios de Género y Refugiados), señaló que muchos migrantes que fueron rechazados “murieron en el proceso”, por ejemplo, por un golpe de calor o ahogados en el Río Bravo (Río Grande).

“No tienen un Plan B, por lo que cuando los rechazamos, los ponemos en un peligro aún mayor”, afirmó.

La representante demócrata de Illinois, Delia Ramírez, dijo durante la conferencia de prensa que el Congreso necesita aprobar leyes para reafirmar la ley de asilo y refugio de los Estados Unidos

“Sé que hoy es un día oscuro”, expresó. “Pero también es un momento para que el Congreso ejerza su autoridad. No podemos caer en la desesperación”.