En la primavera de 2023, una enfermera practicante de la cárcel del condado de El Paso programó cuatro citas para llevar al pistolero del Walmart, Patrick Crusius, fuera del centro de detención para realizarle pruebas de salud mental, sin solicitar autorización a sus abogados defensores.

El intento fue detenido después de que los abogados de la defensa alertaron a jueces federales y estatales sobre el plan, según documentos recientemente hechos públicos a solicitud de El Paso Matters.

Las citas fueron programadas por Jamie Wyman, una enfermera practicante de psiquiatría que trabaja en el Centro de Detención del Condado de El Paso, de acuerdo con una moción presentada el 1 de mayo de 2023 por el equipo de defensa de Crusius.

La moción fue desclasificada este mes por el juez federal David Guaderrama en respuesta a una solicitud de El Paso Matters para hacer públicos los expedientes del tribunal federal que habían sido sellados durante el proceso judicial contra el autor de la masacre en el Walmart.

Joe Spencer, uno de los abogados defensores de Crusius, dijo que los proveedores de salud de la cárcel debieron haber consultado con ellos antes de programar cualquier cita de salud mental.

De lo contrario, señaló, fiscales sin escrúpulos podrían utilizar al personal médico de la cárcel para acceder a información psiquiátrica de un acusado a la que no tienen derecho legalmente. Sin embargo, aclaró que no cree que eso haya ocurrido en este caso.

“Es muy importante (contactar al abogado de un recluso) porque el cliente, especialmente uno que tiene problemas de salud mental, está en desventaja en el sentido de que no está en plenas facultades y simplemente va a acatar lo que cualquiera le diga que haga”, explicó Spencer.

Bill Hicks, quien era fiscal de distrito en 2023, afirmó que su oficina no solicitó ningún examen y nunca fue informada de los planes de la cárcel de realizarle pruebas médicas a Crusius.

“No realizamos ninguna solicitud de exámenes médicos o de salud mental durante mi gestión. Sí presentamos mociones ante el tribunal que habrían autorizado exámenes psicológicos en preparación para la sentencia, pero esas mociones no habían sido escuchadas ni resueltas. Por lo tanto, las órdenes no pudieron haber sido resultado de ninguna solicitud nuestra durante mi mandato”, dijo Hicks.

El subprocurador del condado Carlos Madrid señaló que las remisiones para tratamiento especializado de los reclusos de la cárcel son realizadas por profesionales médicos y de salud mental contratados a través del University Medical Center y Emergence Health Network.

Indicó que la Comisión de Estándares Carcelarios de Texas exige que “todas las instrucciones médicas de los médicos designados sean seguidas”.

“En este caso, cualquier remisión para evaluación o tratamiento externo habría sido iniciada por profesionales médicos o de salud mental, no por personal de la Oficina del Alguacil. Las razones subyacentes de esas remisiones involucran información de salud protegida, que no estamos autorizados a divulgar”, dijo Madrid.

Wyman programó cuatro citas fuera de la cárcel para Crusius, según el expediente del tribunal federal: una evaluación psiquiátrica el 21 de abril, una tomografía computarizada de la cabeza en el noreste de El Paso el 26 de abril, un “EEG con privación de sueño de 3 horas con monitoreo en video” el 2 de mayo en una clínica del sueño en el oeste de El Paso, y un examen neurológico el 26 de mayo en el centro de la ciudad.

Spencer señaló que cada una de esas citas habría requerido un enorme operativo de seguridad para trasladar a Crusius.

“En un momento dado, sí tuvimos que sacar a Patrick de la cárcel para realizar una prueba que queríamos hacer, y la cantidad de seguridad y el despliegue que implicó ese traslado fue impresionante, porque el alguacil estaba muy preocupado por la seguridad y por muchos otros aspectos, y fue un gran esfuerzo lograrlo”, dijo.

Los abogados de la defensa indicaron que descubrieron las citas a través de los registros que la cárcel estaba obligada a proporcionarles periódicamente.

La moción ante el tribunal federal señala que el juez del 409° Distrito, Sam Medrano, quien supervisaba el proceso judicial estatal paralelo contra Crusius, emitió una orden el 18 de abril cancelando las citas y exigiendo que los proveedores médicos consultaran con los abogados de la defensa antes de ordenar exámenes médicos o evaluaciones de Crusius.

La defensa solicitó a Guaderrama, el juez federal, que emitiera una orden prohibiendo al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos transportar a Crusius a las citas médicas. En la primavera de 2023, Crusius se encontraba bajo custodia federal en la cárcel del condado. Guaderrama resolvió el 2 de mayo que la solicitud había quedado sin efecto porque las citas ya habían sido canceladas por Medrano.

La moción ante el tribunal federal indicó que, dado que Crusius no había presentado un aviso de intención de alegar enajenación mental como defensa, el estado no tenía derecho a realizar exámenes médicos o mentales.

“Al ordenar estos exámenes y estudios diagnósticos, el estado está obteniendo acceso no autorizado al estado mental del acusado, lo que vulnera estrategias defensivas protegidas”, señaló la moción.

Crusius se declaró culpable en febrero de 2023 de crímenes de odio federales y cargos por portación ilegal de armas relacionados con el tiroteo del 3 de agosto de 2019 en el Walmart de Cielo Vista, que dejó 23 personas muertas y 22 heridas. Poco antes del ataque, publicó en línea que actuaba para detener “la invasión hispana de Texas”.

En julio de 2023, Crusius fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal.

En abril de 2025, se declaró culpable ante los tribunales estatales de los cargos de asesinato capital y agresión agravada con arma mortal, y recibió 23 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.

Crusius se declaró culpable después de que los fiscales federales y estatales decidieran por separado no solicitar la pena de muerte. Actualmente cumple su condena en una prisión estatal en Palestine, Texas.