Pese a las múltiples manifestaciones sociales, el Camp East Montana de Fort Bliss, en El Paso, continúa albergando a la mayor cantidad de migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, con una ocupación promedio de 2 mil 505 personas por día.

“En Hope hemos acompañado a madres embarazadas que fueron deportadas sin sus hijos menores de edad, a padres que anhelan regresar a los Estados Unidos para reunirse con sus familias y a madres que intentan mantener a sus familias solas después de que sus cónyuges fueran deportados”, señaló Jesús de la Torre, director asociado de Migración Global del Instituto Fronterizo Esperanza (Hope).

De acuerdo con los datos compartidos por el Gobierno estadounidense al Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales, el de El Paso es el mayor centro de detención, seguido del centro en Natchez, Mississippi, con una ocupación diaria promedio de 2 mil 124 personas en abril, y el de Lumpkin, Georgia, con 2 mil 26 personas, mientras que el promedio diario de ocupación en todos los centros del país en abril fue de 66 mil 162 migrantes.

El pasado 20 de mayo, 14 obispos y arzobispos de EU, incluidos el obispo de El Paso, Mark Seitz, enviaron una carta al Congreso de su país oponiéndose a un paquete de 72 mil millones de dólares para ICE y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para detención y deportaciones masivas, de acuerdo con la aplicación de la ley de inmigración bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Como pastores, seguimos preocupados por cómo los inmigrantes, la gran mayoría de los cuales no han cometido delitos y han acumulado valores en el país, se han convertido en objetivos de aplicación de la ley, y la dignidad humana y los derechos humanos que Dios les ha otorgado son violados diariamente”, externaron.

Los representantes de la Iglesia expresaron su preocupación por la consideración de la legislación de conciliación presupuestaria, luego de que el Congreso adoptó la HR 1 en 2025, una legislación de reconciliación que proporcionó una cantidad sin precedentes de 142 mil millones de dólares al DHS para el arresto, detención y deportación de inmigrantes en el país.

El 24 de febrero emitieron una declaración solicitando que se exigiera al DHS aplicar cambios en las políticas, a sus prácticas actuales de aplicación de la ley para garantizar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

Los cambios solicitados incluyeron la garantía del debido proceso en el procedimiento de remoción; la preservación de la unidad familiar; la eliminación de la obligatoriedad detención y detención de grupos vulnerables; la protección de lugares sensibles (como lugares de culto, escuelas y hospitales), y la restauración del asilo.

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