Chihuahua.- De aprobarse la reforma al Poder Judicial, podría generarse un “septiembre negro” con consecuencias económicas que puedan llevar a una crisis de fin de sexenio como nunca antes vista en los últimos 30 años en el país, advirtió Juan José Sierra, vicepresidente nacional de Centros Empresariales de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).

En gira por los lugares empresariales de Chihuahua, expuso que de darse dicha iniciativa y concreten la eliminación de órganos autónomos, van a perjudicar el bolsillo de todos los ciudadanos.

Como antecedente, dijo, está el tipo de cambio, que antes de las elecciones del 2 de junio estaba cotizado en 16 pesos por dólar y hoy roza los 20 pesos.

Es inconcebible, señaló, que ante la gran oportunidad que tiene el país con el nearshoring, el peso peleé ser la moneda más depreciada del mundo, lo que trae consecuencias en temas de inflación para los ciudadanos.

Esto aunado, mencionó, a que los mercados están mandando señales o focos rojos, sobre la calificación soberana del país, que tiene efectos también en el pago de los intereses de la deuda, pues a menor calificación, mayor es el costo financiero.

Agregó que los analistas han ajustado el crecimiento a la baja en el país, que, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la baja de un punto porcentual de crecimiento significa 200 mil empleos menos y un boquete a las arcas financieras del país de 53 mil millones de pesos, lo que al final terminan pagando los contribuyentes.

Otro aspecto a considerar, dijo, es que los embajadores de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme Clark, de manera respectiva, han manifestado preocupación por la reforma al Poder Judicial.

Indicó que ante la oportunidad del nearshoring en el país, es necesario brindar Estado de Derecho, la certeza jurídica que requiere la inversión, así como garantizar el suministro de energía eléctrica y seguridad.

Apuntó que las cifras del último trimestre en relación a la Inversión Extranjera Directa (IED) revelan que el 97% fue de reinversión de utilidades de empresas que ya operan en el país y alrededor del 2.6% son nuevas, lo que es un dato contradictorio respeto a lo que están promoviendo y las oportunidades que hay en un tema de desarrollo económico.

Destacó que se debe tener claridad de que el desarrollo económico va a venir de la inversión privada, no del Gobierno, pues cuenta con presupuestos deficitarios, de manera que no tiene capacidad para la inversión que detone los empleos.

“Es lo que queremos como Coparmex, empresarios y ciudadanos, que en el país se genere desarrollo económico y como consecuencia nuevos empleos mejor pagados y con esto, desarrollo social. El desarrollo económico del país tiene que ir de la mano con el desarrollo social”, subrayó.

Otro dato que enciende las alertas en el país como consecuencia de la reforma al Poder Judicial, dijo, es que en el último trimestre salieron del país capitales por el orden de 8 mil 233 millones de dólares.