Chihuahua— El Ministerio Público Federal, al atraer la carpeta de investigación por el delito de tortura del que era acusado el exjefe de la Operación Justicia, Francisco G. A., alias “Paquito”, ignoró en el año 2022 una petición formal de las víctimas para que el caso fuera seguido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y no atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, tampoco tomó en cuenta a las víctimas al determinar reclasificar la tortura para imputarle tratos crueles e inhumanos, lo que implica una penalidad menor, a pesar de la existencia de una sentencia, dentro de un juicio de amparo promovido por el exfuncionario de la FGE, en la que es corroborada la existencia del primer delito.

Para este viernes 19 de julio ha sido programada la audiencia intermedia contra “Paquito”, después de seis ocasiones previas en las que había sido pospuesta la diligencia previa para ser enjuiciado el que, desde septiembre de 2022, había sido acusado del delito de tortura, en contra de seis exfuncionarios de la administración de César Duarte.

De forma previa a esta audiencia, las víctimas –con identidad reservada JJBP1, DEF, JOA, DCV, WPOAS, MAMA6– denunciaron a través de su representación jurídica que el delito original había sido cambiado, presuntamente para beneficiar al imputado, quien durante el gobierno de Javier Corral encabezó la unidad especial de la Fiscalía del Estado a cargo de perseguir presuntos casos de corrupción de la administración de Duarte.

Por tortura, la norma contempla una pena de 10 a 20 años de prisión. En cambio, por tratos crueles e inhumanos, la sanción es de tres meses a tres años de cárcel, mínima en comparación con el principal delito que marca la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (Ley General).

Dicha reclasificación, denunciaron, fue determinada en el escrito de acusación presentado por la FGR desde el mes de agosto del año 2023, cuando se realizaría la audiencia intermedia, después de solicitar una primera ampliación del plazo con este fin, pues debía realizarse en mayo de ese mismo año y el juez federal otorgó una extensión de tres meses.

Desde entonces, advirtieron, el juicio de amparo 1967/2023 promovido ante el Juzgado Octavo de Distrito por el exfuncionario de la FGE, reconoció la existencia de tortura, pese a lo cual el delito fue suavizado por la FGR.

Luego, el 20 de septiembre de 2023, la representación jurídica de las víctimas presentó el escrito de acusación subsidiaria, donde no sólo acusa el delito de tortura, sino que ofrece las pruebas pertinentes para la audiencia intermedia, a fin de debatir las omisiones de la FGR al sostener la imputación contra “Paquito”.

Todo, sin tomar en cuenta a las víctimas

Hasta la fecha no ha sido posible llevar la audiencia intermedia contra el acusado por la cantidad de veces que ha sido diferida, a pesar de que la defensa del imputado, quien enfrenta el proceso en libertad, ha logrado que sea pospuesta con la justificación de que no está preparada con todas las pruebas a su favor, lo que no consideran veraz las víctimas dado que incluso ha enlistado como testigos de descargo al exgobernador Javier Corral y al exfiscal general, César Augusto Peniche, entre otros 60 personas que pretende citar para declarar a favor.

Antes, tras la detención del exjefe de la Operación Justicia, en noviembre de 2022, la FGR solicitó la atracción de la carpeta de investigación sin tomar en cuenta a las víctimas, pese a que es uno de los supuestos principales que contempla la ley para que la instancia investigadora federal ejerza esa facultad que implica tomar las investigaciones abiertas de las Fiscalías estatales.

El 25 de noviembre de 2022, el mismo imputado Francisco G. A., presentó ante la FGR un escrito donde se autodenunció por el delito de tortura, a la vez que alegaba ser víctima u ofendido, cuando era directamente acusado. Así, el 14 de diciembre de 2022, la representación jurídica de las víctimas de tortura fue notificada por la FGR que había ejercido su facultad de atracción de la investigación, por la denuncia presentada por el propio imputado.

El 15 de diciembre, una de las víctimas de tortura demandó el amparo ante la determinación de la FGR, del cual conoció el Juzgado 12 de Distrito con residencia en Chihuahua. La justicia federal negó la suspensión provisional, en lo que la representación jurídica de los afectados consideró que fue por influencia de Corral Jurado.

Los abogados de las víctimas consideran que la atracción por parte de la FGR contiene omisiones y actos de mala fe, ya que fundamenta la decisión de tomar la carpeta en el artículo 22, fracción IV primer párrafo de la Ley General, pero omite deliberadamente lo que establecen los párrafos segundo y tercero, que justifican esta medida básicamente a solicitud del afectado.

Días después, el Ministerio Público Federal acudió al Cereso de Aquiles Serdán, donde estaba recluido desde noviembre Francisco G. A., para solicitar entrevistarlo como testigo, pese a que era imputado denunciado por las víctimas junto con otros exfuncionarios de la administración de Javier Corral.

De esta forma, el 11 de enero fue celebrada la audiencia donde la FGR planteó a un juez federal la atracción de la carpeta de investigación que había resuelto en diciembre, lo cual terminó validando el juzgador.

El 7 de marzo de 2023, después de varias acciones jurídicas de las víctimas para tratar de evitar la atracción del caso, elementos federales acudieron a la Fiscalía del Estado a ordenar la entrega formal de la carpeta de investigación; para el día 8 lograron una audiencia ante la justicia federal para revisión de medidas cautelares, la cual dio como resultado el cambio de la prisión preventiva justificada, que le había dictado la justicia estatal, por el de la firma periódica del imputado, dándole oportunidad de llevar su proceso en relativa libertad.

Todo esto, sin haber tomado en cuenta las solicitudes de las víctimas, que pidieron específicamente la no atracción del caso por la FGR y también que no le fuera reclasificado el delito, sin antes debatir y presentar las evidencias que prueban el delito que sostienen.