La oficina en Chihuahua de la Fiscalía General de la República (FGR) cerró 2023 con un total de investigaciones que representan apenas poco más de la mitad de las que había al finalizar 2018, en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Ministerio Público Federal (MPF) abrió el año anterior tres mil 146 carpetas, o el equivalente al 56 por ciento de las cinco mil 610 iniciadas en 2018.

A partir de entonces, muestra la estadística, la cantidad de trabajo fue inferior, en algunos años a la baja de manera consecutiva, como en 2019, en el primer año completo de la administración federal que acaba de concluir y en el que la cifra fue de cuatro mil 217 casos, o un 25 por ciento menos que el período anterior.

En 2020, también, la labor disminuyó a tres mil 794 indagatorias; a tres mil 285 expedientes en 2021 y hasta dos mil 870 en 2022.

Los datos con los que se obtuvieron estos totales están disponibles en el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Federal por entidad 2012-2024, que emite de manera mensual el Secretariado y actualizados hasta agosto pasado.

En un comparativo entre los volúmenes de investigación entre 2018 y 2023 se observa también que algunas de las principales disminuciones se presentaron en las carpetas iniciadas por violaciones al Código Fiscal de la Federación, que en el último año del sexenio de Peña fueron 283 y sólo 51 el año pasado.

También los tipificados en el Código Penal Federal como delitos patrimoniales, y que en 2018 abultaban la estadística de la entidad con mil 186 casos, en 2023 fueron sólo 307.

Entre enero y agosto pasado, agregan las cifras, en Chihuahua se han acumulado otros dos mil 212 asuntos más entre todos los delitos que persigue el MPF.

La estadística muestra también que otra parte de la labor de la FGR se concentra en delitos como la posesión de drogas, cuya proporción con respecto al total de las investigaciones en el estado presentó un aumento.

En ese sentido, de las cifras se desprende que, en 2018, este tipo de indagatorias representaban el 4 por ciento del total a cargo de la oficina de FGR en la entidad y que subieron, desde el año siguiente, a 7.5 por ciento y hasta 9.3 en 2021, para quedar por encima de 7 por ciento entre 2022 y el período citado de 2024.

También los delitos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, se observa, implicaron un porcentaje mayor del trabajo ministerial federal, al pasar de ser un 15 por ciento del total en 2018 a un 24.6 por ciento el año pasado.

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