Chihuahua.- El despacho López Elías-Finanzas Públicas, investigado por la Fiscalía Anticorrupción dentro del caso de peculado por el que son acusados el exgobernador Javier Corral y el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, asegura tener contratos con otras instancias públicas de Durango, Guerrero y Oaxaca.

Encabezado por Pedro López Elías, quien ha buscado el amparo de la justicia desde que fue pública la acusación contra Corral Jurado, el despacho jurídico-financiero es señalado por cobrar 98.6 millones de pesos al Gobierno del Estado para asesorar en la reestructuración de la deuda pública.

Sin embargo, desde 2022 la Auditoría Superior del Estado detectó y denunció la contratación irregular del despacho, con domicilio en la Ciudad de México, durante la administración de Corral, pagado por el exsecretario de Hacienda, quien está prófugo de la justicia desde mayo de 2023.

En su portal oficial de Internet, López Elías Finanzas Públicas S.C. (LEFP) señala tener su domicilio en la calle Bradley número 73 de la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, ubicación que es mostrada en un mapa de Google que contiene la fachada de lo que parece ser una vieja casa particular habilitada como oficina.

Según el sitio, el despacho tiene capacidad de brindar sus servicios a lo largo y ancho del país, pues dice contar con presencia en puntos estratégicos de la República, aunque no señala más domicilios específicos.

En uno de los apartados del sitio electrónico, se presenta como la única firma en México que ofrece soluciones integrales en materia de contratación y finanzas públicas, conformada por un equipo de profesionales especializados en optimizar los recursos públicos estatales y municipales.

Asimismo, presume que fue el despacho que desarrolló para el estado de Durango la primera licitación pública con una subasta electrónica inversa para la reestructuración de deuda pública de dicha entidad que, asegura, es un referente en finanzas públicas a nivel nacional.

Además, señala que ha participado en proyectos en Oaxaca y Guerrero, todos relacionados con aspectos financieros y jurídicos de dichos estados o municipios.

“El prestigio del Grupo López-Elías sienta sus bases en la experiencia de su fundador, el Dr. Pedro López Elías, quien por más de 40 años ha asesorado a diversos gobiernos subnacionales y entidades financieras, por lo que es reconocido como uno de los especialistas con mayor reputación en su ramo”, asienta la firma en su folleto de servicios.

El despacho enlista y detalla 20 servicios diferentes y complementarios para los gobiernos, orientados a disminuir el costo financiero de la deuda pública, mejorar la recaudación fiscal, eficientar el manejo de los recursos públicos, incentivar la inversión y el desarrollo económico, y desarrollar proyectos de inversión pública productiva.

Cifras contradictorias

Pese a las décadas de experiencia en finanzas públicas, el despacho LEFP no ha explicado su actuación en Chihuahua, a pesar de que El Diario ha buscado contacto con el mismo desde diciembre de 2022, cuando la Auditoría Superior hizo público el informe de una revisión a la Secretaría de Hacienda donde quedó evidenciada la contratación irregular.

Ante la acusación de peculado que pesa en su contra, el exgobernador Javier Corral aseguró el 16 de agosto de este año que la reestructura de la deuda, por la que contrató al despacho privado por 98.6 millones de pesos, dejó ahorros de 7 mil millones de pesos a la hacienda de Chihuahua.

Sin embargo, el mismo despacho beneficiado durante su administración afirmó que los ahorros serían de 3 mil 500 millones de pesos, lo que muestra una contradicción con las cifras que presentó el exgobernador sobre los resultados del proceso de refinanciamiento.

Estas dos cifras también son contradictorias con el registro oficial de la totalidad de obligaciones que componen la deuda pública estatal, el cual muestra un incremento de 2 mil 500 millones de pesos entre el inicio y el final de la administración de Corral Jurado.

Según Corral, el trabajo realizado por el despacho beneficiado con casi 100 millones de pesos “está soportado en 23 tomos con más de 14 mil 500 hojas que detallan las actividades realizadas y debidamente registrado en las actas de entrega-recepción, así como en más de 4 mil 500 comunicaciones electrónicas entre el Gobierno del Estado y las instituciones financieras participantes, calificadoras de valores, y el despacho asesor, y en las respuestas a las más de 400 preguntas que las instituciones financieras formularon durante el proceso”.

Esa supuesta evidencia no fue encontrada en la auditoría forense practicada, a pesar de que fue efectuada la revisión en una parte de la misma administración de Corral Jurado. De hecho, la ASE determinó que de 139 acciones supuestamente realizadas por el despacho, 109 no tenían relación alguna con el trabajo por el que pagó el Gobierno del Estado.

“La reestructura de la deuda trajo importantes beneficios: reducción de la tasa de interés, liberación de recursos y ahorros por más de 7 mil millones de pesos, que nos permitió sanear en parte las finanzas, hacer obra pública, soportar coyunturas complejas”, aseveró Corral.

Pero esta cifra de ahorros por 7 mil millones de pesos contrasta con lo que el despacho López Elías publicitó en julio de 2019, cuando obtuvo el millonario contrato del Gobierno de Corral.

“El despacho López Elías ha participado de la mano de su director Pedro López Elías para asesorar a la administración del gobernador Javier Corral en tan relevante proceso”, asentó la entidad privada de forma institucional, en un comunicado emitido el 2 de julio de 2019.

“Mediante el proceso (de reestructura) se logró una reducción de la sobretasa de 50%, lo que se estima traerá ahorros de hasta 3 mil 500 millones de pesos para destinarlos a inversión productiva”.

La diferencia de 3 mil 500 millones de pesos entre lo expresado por Corral Jurado y la estimación de López Elías pone en duda la veracidad de ambas cifras.

...Y la deuda creció y creció

El Gobierno de Corral realizó dos intentos para reestructurar la deuda pública, pero ninguno dio resultados, de acuerdo con lo que arroja el saldo de todos los compromisos y obligaciones de la entidad en diferentes momentos.

Los registros de la deuda subnacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tienen como componente principal las obligaciones directas del Ejecutivo en el caso de Chihuahua, asientan que en el año 2014 los compromisos financieros del estado sumaban 41 mil 894 millones de pesos, lo que entonces representaba un 9.2 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) y también un 86.2 por ciento de los Ingresos Totales (IT) de la entidad; la deuda por habitante era de 11 mil 404 pesos.

Para el año 2016, último de la gestión de César Duarte y comienzo de la de Corral Jurado, la deuda había crecido a 49 mil 408 millones de pesos; per cápita era de 13 mil 188 y representaba un 82 por ciento de los IT y un 9.7 por ciento del PIBE.

Para el año 2019, a poco más de la mitad de la gestión corralista, la deuda creció hasta los 52 mil 239 millones de pesos; la per cápita también alcanzó uno de sus más altos registros, con 13 mil 567 pesos por habitante.

Al finalizar la gestión de Corral en 2021, el pasivo total estatal mostró una reducción porque el refinanciamiento únicamente amplió los plazos de pago, pero los gastos se mantuvieron al alza. Cerró el quinquenio en 51 mil 890 millones de pesos, una baja en relación con el año anterior, pero muy por encima de los 49 mil 408 recibidos de la administración anterior.

Los supuestos ahorros de 7 mil millones de pesos o de 3 mil 500 millones de pesos en la reestructura de la deuda pública no tienen sustento documental en la evolución de los pasivos, pues la información disponible únicamente muestra que, resultado del proceso de reestructura, sólo se renegociaron los plazos de vencimiento de los pagos, algunos hasta el año 2030.

Además, en la auditoría practicada a Hacienda, fueron detectadas diversas irregularidades, entre ellas que no había evidencia del trabajo supuestamente realizado por el despacho contratado para apoyar en la reestructura de los pasivos, denominado López Elías Finanzas Públicas S.C.

La única evidencia de supuesto apoyo a los trabajos de refinanciamiento estaba fechada antes de la firma del contrato; sin embargo, de acuerdo con la denuncia, éste también fue irregular porque el despacho no estaba en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y no emitieron el correspondiente acuerdo de suficiencia presupuestal que debe hacerse ante cualquier erogación de recursos públicos.

Asimismo, la auditoría encontró que la Ley de Adquisiciones del Estado había sido burlada por la Secretaría de Hacienda en este proceso, dado que fue constituido un fideicomiso expresamente prohibido en la norma, para evitar ciertas disposiciones legales orientadas a manejar de forma discrecional los recursos públicos.

No sólo eso, sino que la Secretaría de Hacienda tenía la capacidad técnica para realizar el proceso de reestructuración y no era necesario contratar a un tercero que apoyara en el proceso.

Pese a la irregular contratación, fueron entregados dos pagos a López Elías Finanzas Públicas por un monto total de 98 millones 600 mil pesos, lo que dio pie a la investigación penal que desde mayo de 2023 requirió al exsecretario de Hacienda del Gobierno de Corral, considerado prófugo de la justicia desde esa fecha.

Mientras Corral Jurado, como senador, ya no fue requerido por la justicia por este caso, en días pasados El Diario confirmó que el despacho LEFP ha buscado amparos contra una posible acción de las autoridades de Chihuahua por este caso.