Chihuahua.- El juez de Control penal Eduardo Alexis Ornelas Pérez dejó en libertad, a cambio de una garantía de apenas 10 mil pesos, a tres presuntos estafadores, Carlos A. G. E., Anushka E. B. y Jorge B. E., a quienes otro juzgador les había impuesto la medida cautelar de prisión preventiva por fraude y otros delitos en la compra-venta de automotores.
El juzgador ha sido señalado por atender algunos casos prioritarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la administración de Javier Corral y por favorecer a un acusado de violación que era sobrino de una magistrada federal.
Los acusados de fraude y uso de documentos falsos presumiblemente se dedicaban a comprar vehículos con cheques sin fondos en la ciudad; fueron detenidos en mayo de este año y vinculados a proceso, con la prisión preventiva como caución, debido a que no tenían residencia ni arraigo en Chihuahua.
Sin embargo, fueron puestos en libertad el pasado sábado 13 de julio de este año, luego de que Ornelas Pérez ordenara su libertad, modificándoles la prisión preventiva que les había sido impuesta a los detenidos por una jueza de su misma jerarquía, quien era la titular de la causa penal, el pasado dos de mayo también de este año.
El juez Ornelas Pérez, en la audiencia de fecha 13 de julio modificó la medida cautelar de prisión por la firma periódica de manera semanal y la garantía económica por la cantidad de 10 mil pesos por cada uno de los imputados.
De acuerdo con el registro judicial al que tuvo acceso El Diario, el juzgador no era el titular de la causa y la abogada defensora de los acusados, Cindy Tapia Portillo, buscó hasta el fin de semana, cuando entra la guardia de jueces, para que una petición de revisión de medidas cautelares fuera asignada a Ornelas Pérez, quien se encontraba de guardia.
La solicitud de la defensa fue acordada de manera inmediata, por lo que convocó a las partes, acusadora y defensora, a una audiencia en fin de semana para la revisión de la medida cautelar; estas peticiones pueden tardase varias semanas en ser acordadas por los jueces y comúnmente las realizan los que son titulares de las causas penales.
En el registro de la audiencia de revisión de medidas, la defensa argumentó que habían variado de manera objetiva las condiciones que determinó la juez titular de la causa para imponer la previsión preventiva con una serie de testigos, quienes, de acuerdo con la parte acusadora, rindieron su declaración falsamente, ya a que a raíz del contra interrogatorio realizado por el Ministerio Público, quedaba claro que detenidos no tenían arraigo en esta ciudad.
El MP aseguró que los entrevistados habían afirmado hechos falsos para beneficiar a los imputados, situación que no tomó en cuenta el juez para resolver la liberación, la cual derivó en que los acusados se sustrajeran de la acción de la justicia.
A la primera semana desaparecieron
A la primera semana en que los acusados, Carlos, Anushka y Jorge, debían acudir a firmar para continuar su proceso en libertad, no asistieron, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la situación a la jueza a cargo de la causa penal, a través del área de Servicios Previos al Juicio del Tribunal Superior de Justicia.
Por ello, la jueza convocó a una audiencia de revisión de medidas cautelares para el día 24 de julio del 2024, de acuerdo a lo que consta en los registros judiciales, sin embargo no se presentaron los imputados, por lo cual la juez los declaró sustraídos de la acción de la justicia y ordenó de nueva cuenta su aprehensión para continuar con el proceso.
Carlos y Jorge, originarios de Coatepec, Veracruz, y Anushka, originaria de Tlalpan, fueron vinculados a proceso el siete de mayo por una juez de control del Distrito Judicial Morelos, titular de la causa y quien los declaró posteriormente sustraidos de la justicia, por los delitos de fraude y uso de documentos falsos, ya que las investigaciones ministeriales acreditaron ambos ilícitos que habrían sido cometidos que el 29 de abril de 2024.
La carpeta de investigación judicializada asienta que los imputados compraron a una víctima -cuya identidad es reservadaun vehículo marca Chevrolet, línea Aveo modelo 2009, haciéndole creer que habían realizado el pago de 65 mil pesos a través de un depósito a su cuenta bancaria.
La víctima no hizo entrega de la factura original hasta en tanto realizaran el pago de 10 mil pesos pendientes, pero instantes después de la supuesta transacción la parte afectada realizó un reporte al 911, pues el pago no se reflejó.
Los agentes de la Dirección de Seguridad Publica de Chihuahua, tras dicho reporte, lograron ubicar el vehículo sobre la calle Instituto Politécnico Nacional y periférico De la Juventud, donde los imputados acababan de cerrar la venta del vehículo por 45 mil pesos con otra persona, utilizando una factura falsa del automóvil.
A los detenidos se les localizó además otra factura falsa de un vehículo que habían rentado para cometer delitos, así como 36 cheques de la institución bancaria HSBC, los cuales usaban para hacer pagos falsos.
La judicialización del caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado, que hasta la fecha sigue en la búsqueda de los tres presuntos estafadores que fueron extrañamente liberados luego de haber sido imputados y vinculados, con la cautelar de prisión preventiva de por medio, eliminada por el juez Ornelas Pérez.
Un juez polémico y bajo sospecha
Desde finales del año 2016, el juez de Control Alexis Ornelas cobró notoriedad por ser de los primeros que obsequió requerimientos judiciales y órdenes contra el exgobernador César Duarte, a solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el gobierno de Javier Corral.
Asimismo, Ornelas Pérez aparece en los registros judiciales como uno de los principales encargados del control de detención de exfuncionarios de la administración de Duarte Jáquez, en resoluciones cuestionadas por los abogados defensores.
Además de eso, en diciembre de 2018 fue señalado por favorecer al sobrino de la magistrada federal Martha Olivia Tello Acuña, identificado como José Alberto Caro Márquez, quien había sido acusado de violación en contra de su pareja.
Por ese caso que trascendió en medios de comunicación el juez fue criticado por organizaciones sociales y la misma Fiscalía Estatal, pues dejó en libertad al acusado luego de considerar que las agresiones sufridas por la víctima del imputado, como fracturas en el rostro, desgarres, hematomas y una serie de afectaciones debidamente acreditadas, correspondían a una “relación sexual de reconciliación”, por lo que no dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado.
Tras lo ocurrido, incluso el Congreso del Estado exhortó al Consejo de la Judicatura del Estado que revisara la actuación de Ornelas en la causa penal 3741/18, de la que absolvió al acusado, sin embargo, jamás le fue impuesta sanción alguna.
