Chihuahua— Los exalcaldes de Parral, Coyame del Sotol, San Francisco del Oro y Gran Morelos enfrentan en total nueve denuncias penales, derivadas de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a sus cuentas públicas 2023.

De acuerdo con los informes del organismo fiscalizador, se trata de denuncias las cuales hacen del conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción u otra autoridad competente, ante la posible comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delitos.

Enfrentan 9 denuncias por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2023

En el caso de la administración municipal de Coyame del Sotol, a cargo de llse Gissel Torres Coronado, la Auditoría Superior del Estado señala tres observaciones que ameritan la denuncia de hechos.

La primera con base en erogaciones por 91 mil 119.68 pesos realizadas por la administración sin la documentación que justificara la obligación del pago, ni que comprobara que reunieron los requisitos legales aplicables (CFDI); tampoco había evidencia documental que acreditara la recepción por parte del Municipio, así como el destino de los bienes adquiridos.

La segunda denuncia es porque efectuó préstamos personales sin justificación normativa para hacerlo por un monto de 225 mil 903.75 pesos. “Dentro de los trabajos de auditoría se verificaron los saldos y movimientos de la cuenta de Deudores Diversos a Corto Plazo, subcuenta de Préstamos Personales a Funcionarios y Empleados con el propósito de corroborar la legalidad y documentación de autorización correspondiente y que muestren su situación contable presentada por el Municipio en su información financiera”, destaca el informe.

La tercera es porque las erogaciones por concepto de “gastos a comprobar” no están debidamente justificadas, ni comprobadas y no se tiene evidencia documental que acredite el reintegro del recurso.

En el caso de la administración de Hidalgo del Parral, a cargo de César Peña, la ASE estableció diversas irregularidades en la renta de equipos para la celebración de las Jornadas Villistas 2023, por un importe de dos millones 204 mil pesos.

El órgano fiscalizador señaló que la documentación proporcionada por el Ayuntamiento presentó inconsistencias en la investigación de mercado que ampara el dictamen de adjudicación directa para la renta de audio, consolas, monitores Ground Support, pantallas para escenario, iluminación, microfónica y todo lo necesario para realizar estos eventos.

Indicó que esta contratación fue realizada con una adjudicación en la que fueron pedidas cotizaciones, pero tres de las propuestas fueron de empresas sin Registro Federal de Contribuyentes o medio de localización.

Sin el debido proceso…

En lo que corresponde al exalcalde de San Francisco del Oro, Arturo Huerta Luévano, son dos las denuncias de hechos que realiza la Auditoría Superior del Estado. La primera observación es porque contrató créditos de financiamiento por la cantidad de ocho millones de pesos sin sujetarse a los procedimientos previstos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

La segunda observación es por el mismo motivo, un crédito contratado sin el debido proceso señalado en la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y en la Ley de Disciplina Financiera con la financiera denominada Alderiva de México SAPI de CV, SOFOM ENR por la cantidad de 310 mil pesos.

En este caso, el 9 de septiembre la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión en contra de Huerta Luévano por los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones, así como peculado con penalidad agravada, misma que fue otorgada por un juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo, por la contratación del crédito de seis millones, ya que además esto comprometió al Ayuntamiento a pagar más de 14 millones de pesos.

Otro de los municipios con observaciones es Gran Morelos, ya que en la administración de Gilberto Gutiérrez, la ASE encontró que realizó pagos sin sujetarse a los procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua para la contratación de prestación de servicios.

“No se proporcionó la documentación que justifique y compruebe las erogaciones realizadas en favor de una persona moral por la cantidad de 62 mil 640 pesos”, dice el informe.

En otra observación señaló que no presentó evidencia de trabajo desarrollado por la cantidad de 110 mil 610 pesos la cual fue pagada a una persona moral. Por estos dos señalamientos fue presentada la denuncia de hechos a las autoridades correspondientes.