Al menos nueve exjueces han promovido juicios de amparo en contra de la prohibición constitucional que les impide litigar dentro de la jurisdicción donde ejercieron como juzgadores, confirmó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Marcela Herrera Sandoval.

La magistrada explicó que la normativa establece un margen de restricción para los exjueces, con el fin de evitar conflictos de interés. Sin embargo, varios han recurrido a la vía federal para impugnar esa medida y poder ejercer como abogados. “Hay algunos litigantes que han estado presentando amparos en relación con este tema. Estamos esperando lo que determinen las autoridades, en tanto se define el ejercicio o la prohibición”, señaló.

De acuerdo con información del propio Tribunal, al corte del 23 de septiembre contabilizaban nueve recursos: cuatro en materia penal, uno civil, uno menor mixto, dos familiares y uno laboral. En algunos de estos procedimientos ya se concedió la suspensión definitiva.

El plazo para presentar amparos vencía este lunes, por lo que la cifra podría aumentar en los próximos días debido a que las notificaciones de los juzgados federales suelen demorar.

Entre los promoventes está el exjuez penal Ricardo Márquez Torres, quien concluyó funciones a finales de agosto y de inmediato buscó litigar en Chihuahua capital. Su caso fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, donde le negaron la protección desde julio pasado.

La prohibición deriva de la reforma a la Constitución del Estado aprobada en 2023, que modificó el sistema de designación de jueces para implementar un modelo de elección popular. Como parte de esos cambios incluyeron la restricción para que exjueces no puedan ejercer en el mismo distrito judicial en el que estuvieron adscritos.

Medidas similares han sido discutidas a nivel federal. En septiembre de 2024, el Congreso de la Unión aprobó ajustes a la reforma judicial que permiten a exministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación litigar, pero fuera del circuito o distrito en el que prestaron servicio, con el objetivo de reducir riesgos de conflicto de interés.

En Chihuahua, los recursos presentados por exjueces serán analizados por los tribunales federales, que determinarán si la prohibición local es compatible con el derecho constitucional al trabajo y al libre ejercicio profesional.