Durante el primer semestre del año, el Gobierno de México sumó 2 mil 636 repatriaciones de migrantes chihuahuenses devueltos por el gobierno de Donald Trump; sin embargo, durante mayo y junio la gran mayoría fueron enviados a otras entidades del país.
Según las estadísticas de los puntos de repatriación del Instituto Nacional de Migración (INM), dadas a conocer a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), en ambos meses EU realizó 925 deportaciones de chihuahuenses, mientras que el estado sólo registró 297 recepciones por Ciudad Juárez y Ojinaga.
Lo anterior significa que si todas las personas devueltas al estado fueran originarias de aquí, Estados Unidos habría enviado fuera de la región al 67.89 por ciento de los chihuahuenses; sin embargo, no todas las personas devueltas a través de El Paso y Presidio eran chihuahuenses, por lo que el porcentaje es aún mayor.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes (NNA) se recibieron 50 personas, 28 en mayo y 22 más en junio, 37 de los cuales viajaban sin su mamá, papá o un tutor legal, 18 en mayo y 19 durante junio. En contraste, el gobierno de Trump realizó 154 deportaciones de menores originarios del estado, 112 en mayo y 42 en junio.
La medida forma parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump de enviar a los migrantes lo más lejos posible de sus fronteras sin importar la edad, para que no intenten volver a cruzar, lo que provocó que el pasado 3 de agosto organizaciones de la sociedad civil llevaran al Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia de oficio “Impactos del crimen organizado en los derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana”, en donde denunciaron que existen adolescentes en contextos de migración de circuito, originarios del norte de México que son enviados por Estados Unidos al sur del país.
Se trata de niñas, niños y adolescentes en movilidad de circuito (NNAMC) que son detectados principalmente por las autoridades de EU después de cruzar la frontera como guías de personas migrantes, tras haber sido reclutados por los grupos delictivos.
Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), Hope Border Institute (HOPE) y Human Rights First (HRF) pidieron suspender de manera inmediata el retorno de niñez y adolescencia del norte de México a lugares distintos al de su origen o residencia habitual, dotando de recursos humanos y financieros a los Sistemas de Protección Estatales para fortalecer su capacidad de respuesta ante la migración de circuito, caracterizada por el retorno constante a sus comunidades de origen del lado mexicano de la frontera.
