Un juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), vinculó a proceso a Abdel Sebastián Z.A., de 24 años, como principal sospechoso del delito de feminicidio agravado cometido en perjuicio de su madre, Karla Judith A.A.
Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) expuso que el imputado ejerció violencia psicológica y física contra su madre antes del crimen.
Un día antes del asesinato, la víctima corrió a Abdel Sebastián de la casa, “aparentemente cansada del consumo de drogas de su hijo, que derivaba en violencia física y psicológica”. El propio imputado le dijo a su tía, excuñada de la víctima, que su madre lo había corrido.
El día del crimen, Karla Judith intentó defenderse. La investigación señala que el presunto responsable la agredió con un martillo, que luego regresó a la caja de herramientas.
Al llegar al domicilio, agentes encontraron a la mujer sin vida tirada a un costado de la chimenea, con blusa beige y short de flores, sin calzado.
En la escena había un desarmador quebrado, pipas, plumas con el extremo quemado y una bolsa ziploc con sustancia cristalina.
En la presentación ante el juez trascendió que Abdel Sebastián era adicto al cristal, fentanilo y mariguana, estuvo internado en dos centros de rehabilitación y tuvo paso por el Ejército de Estados Unidos.
El juez declaró legal la detención y fijó el 6 de julio para la audiencia de vinculación celebrada esta tarde.Durante la audiencia, la defensa planteó reclasificar el delito de feminicidio a parricidio, argumentando el vínculo de parentesco directo.
El Ministerio Público sostuvo la acusación por feminicidio agravado, señalando que se acreditó violencia previa por razones de género y que la víctima fue asesinada en un contexto de violencia familiar. El juez determinó mantener la imputación por feminicidio agravado y dictó vinculación a proceso bajo ese tipo penal.
Con la vinculación a proceso, inicia la etapa de investigación complementaria para lo cual, el juez estableció un plazo de 120 días (cuatro meses).