Chihuahua— El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, dejó abierta la posibilidad de que la investigación por el homicidio de un reo en el Cereso 1 de Aquiles Serdán derive en nuevas órdenes de aprehensión, al señalar que las cuatro ejecutadas contra policías procesales no representan el cierre del caso.

Dijo que él no sostiene al subsecretario del Sistema Penitenciario, general Ricardo Fernández Acosta, sino que su permanencia depende de los resultados que presente, aunque destacó que el sistema penitenciario estatal fue reconocido como el segundo mejor a nivel nacional.

Loya afirmó que la investigación continúa y que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) trabaja de manera complementaria con la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades por la muerte del interno ocurrida el pasado 8 de julio. Explicó que las órdenes de aprehensión ejecutadas recientemente corresponden a una parte de las indagatorias y que el proceso puede ampliarse conforme avance la investigación.

“Aquí esas son unas órdenes de aprehensión, no quiere decir que son todas y que ya con eso el delito se dejó de investigar”, señaló el funcionario, quien agregó que la investigación puede incorporar nuevos elementos a partir de las declaraciones que obtengan las autoridades.

El secretario fue cuestionado también sobre las versiones que apuntan a que los cuatro policías procesales detenidos no serían los únicos involucrados en la agresión y que incluso podrían existir diferencias entre quienes aparecen en el video y los agentes arrestados. Loya respondió que las investigaciones continúan precisamente para determinar las responsabilidades que correspondan.

La postura de la SSPE contrasta con la demora entre el homicidio y la detención de los cuatro agentes, pues el interno murió el 8 de julio y las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas hasta finales de septiembre. La propia corporación informó desde el día de los hechos a la Fiscalía y abrió una investigación a través de Asuntos Internos.

Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, confirmó que la dependencia tuvo conocimiento del caso el mismo día en que ocurrió y que Asuntos Internos inició una carpeta de investigación, además de poner a disposición de la Fiscalía la información correspondiente.

Ante la pregunta de por qué transcurrieron casi tres meses antes de que las autoridades detuvieran a los cuatro policías procesales, Armendáriz indicó que la explicación corresponde a la Fiscalía, debido a que la Agencia Estatal de Investigación es la instancia que ejecuta las órdenes de aprehensión.

“Nosotros no ejecutamos la orden de aprehensión, la ejecuta la Agencia Estatal de Investigación”, respondió el vocero, quien dijo desconocer cuánto tiempo tomó el proceso de investigación y la determinación de responsabilidades que llevó a la Fiscalía a solicitar las órdenes.

El funcionario reiteró que la SSPE entregó la carpeta a la Fiscalía desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos y que el caso quedó bajo investigación de ambas instancias, cada una dentro de sus atribuciones.

Loya sostuvo además que la corporación no tolerará abusos cometidos por sus propios elementos y que apoyará a las autoridades en cualquier investigación que involucre a integrantes de la SSPE, incluso cuando pueda derivar en órdenes de aprehensión contra personal de la propia dependencia.

“No vamos a tolerar absolutamente ningún abuso”, afirmó el secretario, quien añadió que tampoco permitirán ataques contra la población cometidos por elementos de la corporación.

En cuanto a la permanencia de Fernández Acosta al frente del sistema penitenciario, Loya rechazó que él sostenga personalmente al funcionario y afirmó que la continuidad de los responsables depende de sus resultados. Como respaldo a la operación penitenciaria, señaló que el sistema estatal recibió el reconocimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal como el segundo mejor del país.

La declaración ocurre después de las 151 muertes dentro de los Ceresos desde que Fernández Acosta asumió por primera vez la dirección del Sistema Penitenciario en febrero de 2023, entre ellas homicidios, suicidios y fallecimientos atribuidos inicialmente a causas naturales o enfermedades.

El caso de julio modificó además la clasificación de una de esas muertes, pues la SSPE había informado inicialmente que Edwin C.C. había sufrido un desvanecimiento y que una de las posibles causas era una intoxicación, además de señalar que había ocurrido una riña entre internos durante una audiencia. Posteriormente, la Fiscalía atribuyó el homicidio a cuatro policías procesales y obtuvo órdenes de aprehensión contra ellos.

Loya sostuvo que el caso no está cerrado y que las autoridades continuarán con las investigaciones hasta determinar todas las responsabilidades que correspondan.