La gobernadora Maru Campos pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener vigente la reforma electoral aprobada en Chihuahua que contempla la anulación de una elección cuando exista intervención del crimen organizado, así como restricciones para candidaturas vinculadas con la delincuencia.

A través de un mensaje difundido este lunes, la mandataria estatal señaló que el máximo tribunal del país resolverá este martes 29 de septiembre un asunto relacionado con dichas modificaciones legales, y sostuvo que la decisión tendrá implicaciones para Chihuahua y para el sistema electoral nacional.

Campos recordó que meses atrás el Congreso del Estado aprobó una reforma para establecer mecanismos de protección de los procesos electorales frente a la posible intervención de grupos criminales.

De acuerdo con la gobernadora, Chihuahua se convirtió en la primera entidad del país en incorporar a su legislación la posibilidad de anular una elección cuando se acreditara la intervención del crimen organizado o cuando un candidato tuviera vínculos con organizaciones delictivas.

La mandataria sostuvo que la reforma respondió a situaciones que, según dijo, se han observado en distintas regiones del país, donde grupos criminales han ejercido influencia sobre los procesos electorales.

En particular, hizo referencia a Sinaloa y afirmó que existen entidades donde el narcotráfico determina quién puede registrarse, competir o ganar una elección.

“Y Chihuahua dijo: aquí no”, expresó.

Campos también centró parte de su mensaje en la votación de la reforma en el Congreso de Chihuahua.

Afirmó que la modificación fue respaldada por todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo estatal, con excepción de los diputados locales de Morena, quienes, dijo, votaron en contra.

La gobernadora sostuvo que, pese a esa oposición, la reforma fue aprobada y quedó incorporada a la legislación estatal tanto la posibilidad de anular una elección por intervención del crimen organizado como restricciones para la participación de candidatos que tuvieran vínculos con la delincuencia.

Posteriormente, agregó, Morena recurrió ante la Suprema Corte para controvertir las disposiciones.

Campos afirmó que el partido buscó que el máximo tribunal invalidara las normas relacionadas con los candidatos presuntamente vinculados con grupos criminales.