En aguas del Caribe y el Pacífico, Estados Unidos ha convertido una acusación en sentencia. Una embarcación aparece bajo sospecha, un misil cae y quienes viajaban en ella mueren sin tribunal, defensa ni presentación pública de pruebas. Washington informó que cuatro personas fueron abatidas en otro ataque contra presuntos traficantes. Con ellas suman al menos 227 muertos en 68 operaciones.

La escena parece recuperar una lógica propia de épocas en las que bastaba señalar al acusado para castigarlo. El Comando Sur aseguró que la embarcación recorría rutas conocidas del narcotráfico, pero no presentó evidencias de que transportara drogas. Dos días antes, otras dos personas murieron en circunstancias similares en el Pacífico.

¿Quién determinó su culpabilidad? ¿Qué pruebas justificaron matarlas? ¿Dónde quedó la posibilidad de detenerlas, identificarlas y llevarlas ante un juez? Incluso un presunto narcotraficante conserva derechos y corresponde a un tribunal establecer su responsabilidad.

Trump asegura que Estados Unidos libra un “conflicto armado” contra los cárteles y utiliza esa declaración para justificar una campaña militar que ya acumula cientos de muertos. Su Gobierno, según la información disponible, ha mostrado pocas evidencias que acrediten públicamente que las personas atacadas fueran narcotraficantes.

Ahora Washington pretende extender operaciones hacia territorio latinoamericano. El combate al narcotráfico requiere policías, inteligencia, cooperación y justicia. Convertir al Ejército estadounidense en juez y verdugo abre cuestionamientos sobre soberanía, debido proceso y derecho internacional.

La política de Trump establece un precedente grave para América Latina. Si basta una sospecha formulada desde Washington para lanzar un ataque letal, la pregunta resulta inevitable: ¿quién vigila y juzga a quienes decidieron que esas personas debían morir?