Videocámaras, un geoposicionador satelital colocado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) a la camioneta van en la que se llevaron a la víctima, así como la difusión de una nota en este medio, fueron elementos que condujeron a la detención de dos acusados del plagio y asesinato del hijo de un empresario dedicado a la venta de autopartes.

Estos antecedentes de investigación fueron citados ayer en la audiencia de formulación de imputación en contra de César Eduardo O. M. y de Sergio Jonathan S. P. por la privación ilegal de la libertad de J. G. G. P., de 27 años, encontrado maniatado y sin vida el pasado 1 de noviembre.

Otros datos mencionados fueron que en el delito participaron alrededor de cinco personas y que, desde las primeras horas, empezaron a llamar a la familia afectada desde diferentes teléfonos y a solicitar tres millones de pesos, además de exigir que no hubiera intervención de autoridades o, de lo contrario, matarían a la víctima.

Asimismo, se expuso que los afectados pagaron un millón 150 mil pesos en dos sumas, primero 900 mil y luego 250 mil pesos.

De acuerdo con lo narrado ayer ante el juez Jorge González, el secuestro se registró el pasado 22 de octubre, después de que, alrededor de las 18:00 horas, J. G. G. P. recibió una llamada de alguien que le dijo que quería comprar una camioneta Jeep y que, poco después, acudió al negocio de venta de autopartes, ubicado en la zona norponiente de la ciudad.

Junto con la víctima y otra persona cercana a la misma, el supuesto comprador –con un tatuaje en la mano y aún sin ser presentado ante el Poder Judicial– abordó la Jeep con la intención de “calarla” pero, al llegar a la calle Begonias, frenó de golpe, sacó un arma y amagó primero a J. G. G. P. y luego al tercer tripulante.

En eso, el hoy asesinado bajó de la unidad y empezó a correr hasta que fue interceptado por otros hombres que descendieron de la camioneta tipo van, a la cual lo subieron a la fuerza.

La agente del Ministerio Público que encabezó la formulación de imputación narró que se contó con tres videograbaciones, dos de las cuales captaron la van en la calle Begonias.

Con estas imágenes, la AEI ubicó la unidad en un punto de la colonia Terrenos Nacionales y le colocó un geoposicionador satelital que, el 1 de noviembre, emitió alerta de movimiento y condujo a una vivienda ubicada en la colonia Urbivilla.

Ahí, los agentes investigadores interceptaron a un hombre que, ante las preguntas sobre la van, dijo que se la había encargado su suegro, Sergio Jonathan S. P., sobre quien agregó, entre otros datos, que sabía que había estado detenido, que había trabajado “cruzando gente” y que, en alguna ocasión, le escuchó decir que tenía “gente secuestrada” a quienes se refería como “cajas”.

A Sergio Jonathan, de 33 años, los cargos de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo ubican como uno de los hombres que acudió a una vivienda ubicada en la calle Acamapichtli, de la colonia Águilas de Zaragoza, para llevar alimento a la víctima.

A César Eduardo O. M., de 29 años, la Fiscalía llegó gracias a que un testigo del secuestro identificó su fotografía en una nota publicada el pasado 6 de noviembre en el sitio digital de este medio (diario.mx) con el reporte de su aprehensión por delitos contra la salud.

Con la noticia, el testigo avisó a la Fiscalía que ese detenido era el mismo que conducía la van en la que se llevaron a J. G. G. P.

Ya a disposición de la FGE, de acuerdo con lo que indicó la agente del Ministerio Público, César Eduardo accedió a declarar, indicó la ubicación de la vivienda en la calle Acamapichtli donde habían tenido a la víctima, dijo que había sido conductor del vehículo citado y, entre otros datos, presuntamente identificó a Sergio Jonathan como quien había llevado comida para el plagiado.

Tanto a César Eduardo como a Sergio Jonathan se les fincaron cargos por secuestro agravado y homicidio calificado en calidad de coautores.

Ambos acusados, al final de la audiencia, pidieron la palabra para manifestar que habían sido torturados por elementos ministeriales y haber emitido declaraciones a la fuerza, por lo que la defensora pública solicitó al tribunal la aplicación del Protocolo de Estambul.

Los detenidos también solicitaron la duplicidad del término constitucional para conocer su situación jurídica, por lo que el juez convocó a audiencia el 12 de noviembre próximo, donde se resolverá si quedan o no vinculados a proceso.

La causa de muerte de J. G. G. P., agregó la información de la Fiscalía, fue asfixia por compresión y traumatismo craneoencefálico.

Información extraoficial indica que ayer hubo un tercer detenido por estos hechos.

‘Que no haya autoridad’

Otros datos presentados por la FGE relataron las llamadas recibidas por la familia afectada, que escuchó a la víctima en diversas ocasiones, como el 25 de octubre, cuando preguntó en cuánto tiempo podrían juntar los tres millones de pesos, u otra en la que pidió “vendan todo porque ya van siete días” y una más en la que dijo estar bien.

El personal de negociación de la FGE conoció también los mensajes vía WhatsApp recibidos por los afectados con, entre otras advertencias, el amago de que “el boleto de la vida de su hijo es que no haya autoridad” y que “empiecen a buscar el dinero porque son tres millones de pesos”. (Staff / El Diario)