Ciudad Juárez.- La de Juárez fue una de las administraciones públicas en el país que adquirieron equipo de videovigilancia a marcas chinas vetadas por el Gobierno de Estados Unidos debido a preocupaciones de seguridad nacional y supuestas ligas al uso de trabajo forzado, indicó el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc).
La organización, con sede en la Ciudad de México, citó este tipo de adquisiciones luego de que el gobierno de Donald Trump anunció, el pasado 23 de julio, aranceles de 10 por ciento a México por lo que denominó fallas para hacer cumplir la prohibición de importar mercancías producidas bajo estas condiciones laborales.
“Una demanda histórica que cuestiona el hecho de que México no haya aplicado eficazmente la prohibición del T-MEC sobre las importaciones fabricadas con trabajo forzado ha cobrado nueva relevancia después de que Estados Unidos impusiera un arancel del 10 por ciento —al amparo de la Sección 301— a la mayoría de los productos mexicanos”, indicó Prodesc el pasado 27 de julio.
Comenzó caso en 2022
“El caso comenzó en 2022, después de que el Gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras ciudades de la frontera norte de México adquirieran equipos de vigilancia con reconocimiento facial fabricados por las empresas chinas Dahua y Hikvision”, agregó la organización.
Por separado, documentación del Gobierno local muestra la licitación pública CA-OM-063-2022, con la cual se buscó adquirir cámaras “Hikvision Speed Dome” con características como visión nocturna y campo de visión horizontal, entre otras.“Ambas empresas están actualmente vetadas por Estados Unidos debido a preocupaciones de seguridad nacional y están vinculadas, a través de sus cadenas de suministro, a fábricas en la región china de Xinjiang, donde se ha documentado ampliamente el uso de trabajo forzoso impuesto por el Estado contra minorías étnicas”, indicó Prodesc.
Presentan solicitud de investigación
La misma organización señaló que en 2023 fue presentada una solicitud ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para pedir una investigación sobre dichas adquisiciones, pero fue desestimada, por lo que Prodesc interpuso otra demanda para obligar a las autoridades mexicanas a cumplir con las obligaciones derivadas del T-MEC.
“En marzo de 2026, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aceptó conocer del asunto, reconociendo su ‘especial trascendencia’. El fallo del tribunal está pendiente”, agregó la organización.
El Gobierno municipal no respondió ayer una solicitud de información sobre el reporte.
