Con imágenes inusuales de los puentes semivacíos en fin de semana y tiempos de cruce relativamente cortos, coincide el temor de los juarenses a perder su visa ante cientos de testimonios en redes sociales de personas que aseguran que les fue retirada, incluso a quienes cruzaban para donar plasma.
El endurecimiento ordenado por Donald Trump contra el llamado turismo de maternidad ha provocado incertidumbre en una frontera donde cruzar a El Paso forma parte de la vida cotidiana.
El abogado Arturo Vázquez asegura haber documentado al menos 94 casos y recibido reportes sobre otras causas de retiro, aunque CBP no ha informado cuántas visas ha cancelado en los puentes locales.
Paradójicamente, el miedo podría beneficiar temporalmente a la economía juarense.
Parte del dinero destinado cada fin de semana a centros comerciales, restaurantes y servicios de El Paso seguramente permanecerá durante algunas semanas de este lado de la frontera.
Pero ahí aparece una contradicción que Washington parece ignorar. Juárez y El Paso funcionan desde hace décadas como una comunidad económica interdependiente.
Miles viven aquí, compran allá, estudian, trabajan o visitan familiares entre ambas ciudades.
¿Puede una decisión diseñada desde Washington desconocer esa dinámica? Si el temor reduce los cruces, los primeros afectados también serán comercios y servicios paseños acostumbrados al consumidor mexicano.
Trump pretende castigar determinadas prácticas migratorias, pero una aplicación indiscriminada podría terminar golpeando económicamente a quienes viven del lado estadounidense de la misma frontera.
