Ciudad Juárez.- La falta de especialistas para realizar valoraciones psiquiátricas a personas acusadas de un delito complica el desarrollo de algunos procesos penales en el Distrito Bravos, correspondiente al municipio de Juárez, de acuerdo con operadores del sistema de justicia penal.

Cuando durante una audiencia existen indicios de que una persona podría tener una enfermedad o condición mental, el juez puede ordenar que sea evaluada por un especialista para determinar si sus capacidades están afectadas y qué implicaciones puede tener esa situación dentro del proceso.

Sin embargo, uno de los operadores consultados señaló que en la práctica conseguir un psiquiatra para realizar estos peritajes puede convertirse en un obstáculo, debido a que los especialistas no siempre están disponibles para acudir al Centro de Reinserción Social (Cereso) y posteriormente comparecer ante un tribunal para ratificar sus dictámenes.

“Lo malo empieza cuando responden que no cuentan con psiquiatras o dan evasivas”, explicó el operador, quien pidió que su identidad no fuera revelada.

De acuerdo con su experiencia, los jueces pueden enviar oficios a hospitales públicos para solicitar que un psiquiatra valore al acusado, pero el proceso puede prolongarse mientras se consigue un especialista.

El problema, agregó, no termina con la elaboración del dictamen, ya que el especialista puede ser requerido posteriormente durante un juicio oral para explicar y ratificar su evaluación.

Esta situación puede provocar que las audiencias sean diferidas en varias ocasiones. El operador señaló que una audiencia intermedia puede llegar a aplazarse hasta ocho o nueve veces en casos relacionados con estas valoraciones.

Ante estas dificultades, algunos acusados que cuentan con defensa pública terminan desistiendo del peritaje psiquiátrico y optando por continuar el proceso mediante una salida alterna, de acuerdo con el testimonio.

“Termina diciendo que agarra el abreviado, que acepta la pena más baja y ‘me desisto del peritaje’”, relató.

El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla un procedimiento específico cuando existen indicios de que una persona podría encontrarse en un supuesto de inimputabilidad. La legislación establece que las partes pueden solicitar peritajes para determinar si existe esa condición y si es permanente o transitoria.

También establece que, cuando se determina esa condición, el procedimiento debe realizarse con los ajustes necesarios para garantizar el debido proceso y que pueden aplicarse medidas de seguridad cuando corresponda.

El mismo ordenamiento señala que el procedimiento abreviado no es aplicable a personas inimputables.

En la práctica, sin embargo, el acceso a una valoración especializada puede representar un reto para los operadores del sistema de justicia.

El entrevistado descartó que, en los casos que ha observado, las defensas soliciten estos estudios principalmente como una estrategia para retrasar los procesos. Por el contrario, dijo que generalmente los abogados los plantean cuando advierten que sus representados presentan problemas que requieren ser evaluados.

Dos casos recientes muestran cómo estas solicitudes han llegado a las salas de audiencia.

El pasado 21 de agosto, la defensa de Óscar Francisco V. H., de 21 años, solicitó una evaluación psiquiátrica durante la audiencia de vinculación a proceso, después de que su padre refiriera que había recibido tratamiento psiquiátrico y tomaba alprazolam, un medicamento que se suele indicar para personas con trastornos de ansiedad y pánico severo.

La defensa señaló que durante la audiencia de formulación de imputación había tenido dificultades para explicarle sus derechos y el desarrollo de la diligencia, pues el joven respondía con expresiones incongruentes.

El juez de Control Hugo Alonso González ordenó una evaluación por personal del Hospital Civil Libertad para determinar si tenía capacidad para comprender el hecho que se le atribuye.

De acuerdo con información pública, el Hospital Civil Libertad únicamente cuenta con dos médicos psiquiatras.

Tres días después, otro caso volvió a poner sobre la mesa la salud mental de una persona acusada de un delito.

Durante la audiencia de Noé Alexander S. O., de 23 años, acusado de daños agravados por el incendio de vehículos afuera de una agencia automotriz, su defensa presentó antecedentes de atención psiquiátrica.

El abogado señaló que, de acuerdo con información proporcionada por la madre del acusado, desde los 18 años había presentado episodios de paranoia y que posteriormente médicos habían determinado que presentaba un trastorno psicótico con delirios y conductas agresivas.

La Fiscalía cuestionó parte de la información presentada por la defensa, por lo que la jueza Nancy Ordóñez ordenó un peritaje especializado para determinar si el acusado presenta alguna condición que afecte sus facultades mentales y si ésta tiene carácter temporal o permanente. (Jonathan Álvarez / El Diario)