Debido a las políticas migratorias de Estados Unidos, durante 2025 Juárez dejó de ser una ciudad de espera para convertirse en una ciudad de acogida, con múltiples necesidades en vías de la integración de cientos de familias extranjeras y connacionales, dijo Dirvin Luis García, coordinador del Programa de Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Consejo Estatal de Población (Coespo).
El 20 de enero de 2025, en el primer día de su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump eliminó el uso de la aplicación digital CBP One y cerró la frontera para todos los solicitantes de asilo, sin un proceso de migración regular abierto. Además militarizó los límites de Estados Unidos con México y reinició la construcción del muro fronterizo para inhibir los cruces irregulares.
De acuerdo con los registros de Coespo, cuando comenzó la segunda administración de Trump había cerca de mil 600 personas albergadas en Ciudad Juárez, Puerto Palomas de Villa y Ojinaga, más del 90 por ciento de ellas en esta frontera, quienes permanecían en una fila virtual para ingresar a Estados Unidos a través de CBP One. El último monitoreo sumó cerca de 400 personas, la mitad de origen mexicano, en Juárez y Ascensión, la mayoría en esta frontera; sin embargo, la mayor parte de las familias decidió salir de los espacios humanitarios para establecerse en lugares de renta de esta frontera. Aunque no existe un registro de cuántas personas en contexto de movilidad viven actualmente en Juárez, hasta principios de noviembre aproximadamente 800 personas, integrantes de 200 familias que viven en espacios de renta, eran apoyadas por el Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano a través de distintos programas de alimentación, salud, educación y trabajo en el comedor ubicado en las oficinas de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, que este año amplió sus servicios de acuerdo con las necesidades de los migrantes. De enero a noviembre, a través del Programa de Atención a Migrantes y Movilidad Humana, Coespo atendió a 13 mil 165 personas, 6 mil 935 hombres y 6 mil 230 mujeres, con 32 mil 400 solicitudes de atención, por lo que en promedio se brindaron 2.4 servicios a cada persona, principalmente en esta frontera, pero también en la ciudad de Chihuahua. Entre los servicios requeridos se encontraron asesorías integrales, vinculación a servicios o trámites administrativos con autoridades de los tres niveles de gobierno, referencias con organizaciones de la sociedad civil locales u organizaciones internacionales, asesoría legal, vinculación a albergues y expedición de documentos, informó García. En 2025 también se atendieron 115 solicitudes de apoyo de alimentos, equipamiento y rehabilitación en 18 albergues y espacios de acogida de Juárez, Chihuahua y Ascensión, con una inversión de un millón 382 mil 104 pesos. También se dieron 4 mil 337 apoyos sociales directos en especie, en salud, educación, alimentos, ropa, insumos para la asistencia humanitaria y traslados terrestres de restos fúnebres de chihuahuenses que murieron en Estados Unidos o en el interior de la República Mexicana, con un gasto de millón 615 mil 252 pesos. En el último año, las necesidades de las personas en movilidad cambiaron, “porque antes del cierre de la frontera había una expectativa de solicitar protección en Estados Unidos y por lo menos había una espera; Juárez era una ciudad de espera en lo que llegaba la cita a través del CBP One y podían tener la posibilidad de presentar cada uno su caso con Inmigración, por lo que el perfil poblacional de antes eran personas migrantes en tránsito, muy pocos buscaban establecerse”, indicó García. En cambio, “lo que tenemos ahora es población que pasó de ser población en tránsito a ser población propiamente en vías de integración, y las necesidades sí cambiaron. Anteriormente lo que más se demandaba eran apoyos en temas de asistencia social inmediata como consumibles en kits alimentarios, en kits de higiene, en vestido, pero ahora han sido cada vez más complejas las solicitudes. Por ejemplo, ya tenemos más solicitudes en temas de salud, que siempre ha habido, pero ahora las condiciones de salud se ven cada vez más mermadas; hay varias personas que ya traían enfermedades crónico-degenerativas que han ido empeorando durante la estancia o que requieren una intervención mucho más especializada”, informó. Mientras que antes la prioridad de las personas era atender sus necesidades inmediatas, antes de cruzar la frontera, actualmente buscan atenciones de salud en temas como diabetes, oftalmológicos o renales, así como apoyos para la educación. “Esto nos da un indicador de que la población sí está en proceso de integración, porque sí ha sido significativo respecto a años anteriores que este año, por ejemplo, se hayan dispersado alrededor de 60 apoyos tan sólo en Ciudad Juárez en el rubro educativo y otros 30 y tantos en la ciudad de Chihuahua, con la adquisición de uniformes escolares y deportivos, de calzado, de útiles. Y, aún seguimos tocando puertas para que los sistemas educativos de nivel medio superior tengan esta posibilidad también de becas para que sean exentos del pago de inscripción”, indicó. De acuerdo con la Secretaría de Educación, más de 355 niños, niñas y adolescentes de origen extranjero se incorporaron este ciclo escolar en la educación básica en Ciudad Juárez. “Sí hay un tema de integración detrás, porque ya ven a Juárez como una tierra en donde pensarían estabilizarse, no en el corto plazo, eso sí estamos seguros. Ciudad Juárez pasó de ser una ciudad de espera de las citas CBP One, con un perfil de la población en tránsito, a las vías de la integración” tras el cierre de la frontera, destacó. Como parte de la estrategia de promoción y ejercicios de los derechos humanos de las personas migrantes, en 2025 también se abarcaron a 5 mil 015 personas en 20 eventos y cuatro acciones para disminuir factores de riesgo entre la población migrante, como fue la jornada contra la trata y el tráfico de personas que se llevó a cabo en coordinación con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Secretaría de Gobernación (Segob); la entrega de material informativo en Chihuahua, Janos, Nuevo Casas, Juárez, Ascensión y Ahumada a través de distintas dependencias estatales y federales. Derivado de la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus familias, también se trabaja en el fortalecimiento de los lazos entre los gobiernos estatal y federal, “para que se siga ampliando la esfera de derechos de las personas migrantes” a través de “las comisiones sectoriales en atención a temas prioritarios de la política social inherentes a la movilidad humana, como la trata y el tráfico de personas, atención digna en salud, inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes en procesos de movilidad e inclusión social y productiva”, informó. Como resultado de dichas comisiones este año se tuvieron procesos formativos con servidores públicos, como ocurrió con alrededor de 300 docentes y jefes de zonas escolares sobre el Protocolo de Acceso a la Educación Básica; dos jornadas consulares con las representaciones de Guatemala y una más con representantes de los gobiernos de Guatemala, Haití, El Salvador y Honduras; jornadas de empleo y la creación y operación de diferentes protocolos específicos de referencia en atención y acompañamiento de casos en temas de protección. También se trabajó en una mesa de desplazamiento forzado interno, y se apoyó con insumos como alimentos y colchonetas a personas de sitios como Guadalupe y Calvo, Chihuahua y Badiraguato, Sinaloa, quienes tuvieron que huir debido a la violencia y se refugiaron principalmente en municipios del centro y sur del estado. En 2025 “aumentó la demanda de servicios, también porque han existido más eventos de coyuntura, sobre todo en el tema de las intervenciones que se han hecho con la población desplazada forzada interna en el estado de Chihuahua, entonces eso sí nos motivó a tener una ampliación presupuestal. Y se vio reflejado también en la demanda de apoyos”, dijo García. Únicamente en apoyos directos en especie y a través de los albergues, en 2024 la asignación fue de aproximadamente 2 millones 300 mil pesos, mientras que en 2025 fue de casi 3 millones de pesos.
