El poder comenzó a vaciarse alrededor de Rubén Rocha Moya antes de que abandonara nuevamente la gubernatura. Primero desapareció el respaldo político. Después llegaron los pronunciamientos. Finalmente quedó una licencia indefinida que difícilmente puede entenderse como un simple trámite administrativo.
Su intento de regresar al Gobierno de Sinaloa reveló una ruptura con la lógica colectiva de la 4T. Rocha decidió volver sin conocimiento previo del Gobierno federal y en momentos en que pesan investigaciones sobre él y otros funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado. El movimiento guinda respondió cerrando filas, pero no alrededor suyo.
Claudia Sheinbaum dejó claro que su retorno no le parecía pertinente. Gobernadores y legisladores cuestionaron las decisiones individuales y los personalismos. El mensaje político terminó siendo contundente. Ningún cargo puede utilizarse para resolver una crisis personal cuando está en juego el costo para todo un proyecto.
Rocha quiso recuperar la gubernatura cuando necesitaba explicar los señalamientos que lo rodean. Esa decisión aceleró su aislamiento. ¿Buscaba protección política? ¿Pretendía recuperar capacidad de negociación desde el poder? Las respuestas solamente las conoce él, pero el resultado quedó a la vista.
Ahora el exmandatario enfrenta un escenario mucho más complicado. Sin el control del Ejecutivo estatal y prácticamente abandonado por quienes antes compartían proyecto con él, las horas comienzan a correr en otro terreno.
Su eventual responsabilidad penal deberá determinarla la justicia y prevalece la presunción de inocencia. Sin embargo, políticamente el cerco ya se cerró. La 4T eligió preservar su proyecto y Rocha quedó a merced de las investigaciones.
