Desde 2006, año en que López Obrador contendía por la Presidencia de México, hubo un sector de la opinión pública que decía que López Obrador era un peligro para México, y que terminaría por convertir a México en Venezuela.

En ese entonces yo decía que me parecía exagerada la comparación que se hacía de México con Venezuela. Yo no veía elementos para poder llegar a esa conclusión. En ese entonces, si bien Venezuela estaba sumida en una profunda crisis, no tenía el estado de cosas que tiene actualmente en el año 2024. 

El tiempo terminó por mostrarme que estaba equivocado. Venezuela se encuentra hoy en los más bajos índices de inversión, libertad, estado de derecho y división de poderes. Todo a partir de un gobierno que desde que se enquistó en el poder, y bajo el argumento de defender su soberanía y tratar de apoyar al ‘pueblo’, terminó por destruir un país en menos de veinticinco años. 

Venezuela no era propiamente el país más desarrollado del mundo. Sin embargo era un país donde había inversión, trabajo, libertades, entre otros elementos básicos para el desarrollo de un Estado. Sin embargo con la llegada del chavismo, se perdió todo. Hoy Venezuela exporta principalmente migrantes. Muestra de ello es la cantidad de venezolanos que se ven transitando por esta frontera, a partir de la crisis migratoria y humanitaria que se vive en el país sudamericano.

Creo que a partir del resultado electoral reciente de Venezuela, empezaremos a ver un flujo migratorio acentuado de venezolanos, pues es evidente que la mayoría ya no quiere estar ahí. Siete millones de venezolanos han sido expulsados de su patria porque ahí ya no hay nada qué hacer. Se ha perdido toda clase de esperanza. 

Después de ver cómo se puede destruir un país en tan poco tiempo, la pregunta obligada es, ¿cómo llegó Venezuela a ese punto?

 Venezuela era un país muy inequitativo, justo como lo son México, Brasil y Colombia en nuestro continente. Si bien había tenido un auge económico en los sesentas, había una enorme brecha en los sectores sociales. Desde ahí se tiene un caldo de cultivo, un germen peligroso para que cualquier populista llegue y obtenga rédito político de esa inequidad. Muchos ganan poco y muy pocos lo tienen casi todo. 

Las principales empresas de Venezuela tenían cercanía con el gobierno, concretamente en las áreas de la explotación petrolera. Esos capitales eran llevados a Miami donde muchos venezolanos residían. 

En 1992, y derivado justamente del Caracazo, el ánimo social, las protestas y la inequidad (que preceden justamente al chavismo)  un Teniente Coronel del Ejército, Hugo Chávez Frías, intenta un golpe de Estado. El golpe de Estado fracasa y Chávez termina en la cárcel.

 

Sin embargo derivado de reclamos sociales y señalamientos al gobierno del entonces presidente Rafael Caldera (que no tenían que ver con Chávez) decidió liberar a Hugo Chávez un par de años después. Resulta un tanto extraño el hecho de que se hubiera indultado a Chávez, pues en su momento, el intento de golpe militar no tuvo el respaldo de la población; ni siquiera Fidel Castro (a la postre, mentor de Chávez) apoyó ese golpe de estado, pues lo condenó. 

Al ser indultado Chávez retoma su carrera política y en 1999, llega al poder pero por la vía democrática. Desde que llegó Chávez convocó a una asamblea constituyente, cambió las reglas del juego, se hizo del poder judicial, ‘maiceó’ al ejército, y tomó control del órgano electoral. 

Posteriormente, expropió y nacionalizó diversas empresas (principalmente las de medios de comunicación) para poder difundir su mensaje político. Se convirtió en un presidente mediático pues tenía un programa de televisión (Aló presidente) que duraba horas, aprovechando la cadena nacional para ese efecto.

Chávez empezó a regalar dinero para obtener popularidad electoral, y hoy, a veinticinco años de que el chavismo tomó el poder (primero con Chávez, y a su muerte, con Maduro) es hora que no los pueden sacar del poder. 

Actualmente, el oficialismo controla el gobierno, así como controla a los medios de comunicación, y especialmente a los jueces. Chávez también promovió su propia reforma judicial para poder poner gente afín en un poder que, en teoría, debe ser contrapeso y no comparsa del gobierno. El órgano electoral también es controlado por el oficialismo.

Lo que vimos estos últimos días es escandaloso. En una clara protesta social que refleja el descontento de los venezolanos, Nicolás Maduro se robó la elección con los ojos del mundo encima. Según algunos estudios, la oposición tiene las actas electorales del 70% de las casillas. El otro 30% no aparece, pues se las robó el oficialismo. Dicen que con el resultado obtenido en ese 70% de casillas, Maduro habría perdido el poder, aun y cuando la totalidad del 30% de las casillas restantes fueran votos de él (una situación matemáticamente imposible). 

El gobierno está persiguiendo a los ciudadanos que han salido a protestar. Maduro ha anunciado que construirá dos penales de máxima seguridad, en una clara amenaza a aquellos quienes protestan.

No sabemos cuál será el desenlace de la actual crisis venezolana. Creo que debemos destinar un artículo justamente para analizar las reacciones del mundo, la presión internacional y la forma de conducirse de la sociedad venezolana en las próximas semanas.

 

Después de ver esto, no puedo sino admitir que estaba equivocado y que López Obrador sí era un peligro para México, y que sí vamos en el camino para convertirnos en Venezuela.

López Obrador se encuentra presionando al Congreso para promover una reforma judicial en septiembre, menos de un mes antes que termine su gobierno. En cualquier lugar, el presidente saliente dejaría esa tarea al gobierno entrante, pues será ese gobierno el que transite con esas decisiones. Incluso más allá de todo, recordamos que López Obrador prácticamente empezó a gobernar desde que ganó la elección; esto con la connivencia de Peña Nieto. 

La reforma judicial, la destrucción de los órganos constitucionales, la complicidad con el ejército, y todas las actuaciones políticas recientes nos evidencian que el dúo Obrador-Sheinbaum van por el mismo camino que ya recorrió Venezuela. Esto a partir de la enorme fuerza política que el electorado entregó a Sheinbaum en la elección del 2 de junio pasado.

Creo que no existe un antídoto contra los gobiernos populistas más que la educación. Incluso un país altamente desarrollado como lo es Estados Unidos, corre el riesgo de caer en una crisis constitucional a partir de la elección de noviembre si Donald Trump resulta electo.

Desearía que ningún país tuviera que pasar el trago tan amargo (de casi veinticinco años) que están pasando Venezuela. La historia debe mostrarnos cuáles son los errores que un país cometió en el pasado, justamente para evitar cometerlos. Esta es una labor del gobierno y de la sociedad. Bien dice el dicho (falsamente atribuido a George Orwell) que un pueblo que elige corruptos para gobernarle, no es víctima, pero sí es cómplice. Lo que sucedió en 1999 en Venezuela y lo que está sucediendo en México es culpa del electorado. No hay más a quién culpar. 

El gobierno tiene que educar para hacerle ver a la población que la división de poderes es crucial para cualquier democracia. Desde la primaria nos enseñan que el poder se divide en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Por ello, me resulta que en un país donde el 90% de la población estudió la primaria, la gente no sepa qué hace el Poder Judicial, y quiera destruirlo, justo como lo tiene planteado el obradorismo.

Por otro lado, el empresario debe entender que debe de ceder, sea en salarios o prestaciones, a favor del trabajador. De otra manera, los trabajadores tendrán una baja calidad de vida, y podrán ser objeto de cualquier populista (justo como está pasando en México). El empresario debe ponderar que si no cede, toda su inversión estará en riesgo si un populista toca las fibras sensibles y los resentimientos colectivos de los trabajadores. 

Por último el ciudadano debe de entender que el gobierno no es su papá. Un gobierno que regala dinero no lo hace para mejorar la calidad de vida de sus gobernados. Si eso fuera, dotaría de servicios de salud de calidad, garantizaría la seguridad, y llevaría a cabo las tareas que le son encomendadas.