Corría el año de 2017 y el entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado emprendía su fracasado operativo “Justicia para Chihuahua”. Decenas de personas fueron detenidas con motivo de ese “combate a la corrupción”. En la mayoría de los casos, los detenidos eran llevados al centro penitenciario sin siquiera conocer las órdenes de aprehensión, siendo despojados de sus teléfonos para evitar la comunicación con sus equipos de defensa.

Resulta importante destacar dos casos. El primero de ellos, el de Antonio Tarín García. Tarín era diputado federal suplente y asumiría su cargo a finales de marzo de 2017. La bancada mayoritaria en San Lázaro era del PRI. Tarín intentó asumir el cargo, sin embargo, Javier Corral empezó a realizar llamadas a sus correligionarios del PAN en el Congreso para evitar que Tarín tomara protesta, y se le dotara del fuero constitucional con el que cuentan los diputados. Irónicamente, fue un diputado del PRI quien impidió que Tarín tomara protesta: Jorge Carlos Ramírez Marín, hoy senador electo por parte del oficialista Partido Verde. La razón era que pesaba sobre él una orden de aprehensión emitida por un juez de Chihuahua.

A Tarín no le permitieron tomar protesta, obtuvo una suspensión que impedía su detención. Meses después fue detenido en la Ciudad de México, y trasladado a Chihuahua. 

El otro caso es el del exgobernador César Duarte. Javier Corral sostuvo por años que el gobierno de Enrique Peña Nieto había evitado su detención. Otro caso adicional es el de Lázaro López quien también fue detenido en la Ciudad de México.

En ambos casos, Javier Corral obtuvo lo que quiso: impidió que Tarín tomara protesta y se le colaboró por parte de las autoridades capitalinas para detenerlo. En el caso de Duarte, el gobierno de Peña solicitó la extradición a Estados Unidos. En el de Lázaro, fue detenido y enviado a Chihuahua. 

Años después Javier Corral es electo senador plurinominal por el partido oficialista Morena. Quedó en el pasado el Corral que se ‘plantaba’ frente a López Obrador y le llamaba ‘ruin’ entre otros epítetos característicos de un bravucón de cantina. Desde el año pasado, Corral fue purificado y cubierto por el manto protector del corrupto morenismo.

Corral dejó cuentas pendientes en Chihuahua. A partir de ahí, se le integró por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua una carpeta de investigación por el delito de peculado entre otros. 

El miércoles pasado, la Fiscalía Anticorrupción trató de detener a Javier Corral en un restaurante de la Ciudad de México. Sin embargo, no pudo lograr la detención en virtud que la Fiscalía de la Ciudad de México, a través de su fiscal impidieron que se realizara la detención. 

Han circulado diversos videos donde se ve a un Corral notablemente asustado, discutiendo con los agentes ministeriales para que no lo detuvieran. El fiscal de la Ciudad de México se lo llevó en su vehículo y así obstruyó la justicia.

Desde el 23 de noviembre de 2012 está en vigor el Convenio  de Colaboración que Celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas. Este instrumento obliga a las autoridades ministeriales a apoyar a autoridades ministeriales de otras entidades en ejecutar actos judiciales (como es el caso de una orden de aprehensión) dentro de su propia jurisdicción. Es decir, el colaborar o no con la fiscalía de otro Estado no es potestativo, sino obligatorio.

Atendiendo a este instrumento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió el oficio FGJCDMX/DGSSOJ/SCSOJ/7802/08-2024 donde acordaba colaborar con la Fiscalía de Chihuahua. No fue una concesión graciosa de la Fiscalía de la Ciudad de México, sino el cumplimiento de una obligación.

A pesar de ello, el fiscal de la Ciudad de México se apersonó para impedir la detención de Corral bajo el argumento de que “decidieron no colaborar”. Así, sin más. Posteriormente, el fiscal de la Ciudad de México dijo que no habían emitido oficio de colaboración alguna, a pesar de que existe el oficio, y a pesar de que no es potestativo decidir o no detenerlo. Con ese cinismo mienten de la forma más impune los hijos de la Cuarta Transformación. Además, dijo que fue personalmente para evitar que se violaran los derechos de Javier Corral. Si cualquier hijo de vecina le llama al fiscal ante una detención que se estima arbitraria, ¿irá el fiscal al rescate?

El fiscal no es la autoridad competente para determinar si una orden de aprehensión es o no es legal, para eso están los jueces federales, a los que por cierto, Morena quiere subyugar con su perversa reforma.

Suponiendo sin conceder que se requiriera algún otro trámite para colaborar, ¿por qué no se ha emitido hasta ahora? Es evidente que el fiscal de la Ciudad de México encubre al prófugo Javier Corral para evitar que sea detenido. Bajo esa lógica, cualquier delincuente puede ir a la Ciudad de México a ocultarse, pues la Fiscalía de la Ciudad de México primero valora si le conviene o no al régimen que una persona sea detenida. Si no le conviene al régimen, entonces evitan la detención. 

Javier Corral traficó con influencias para evitar ser detenido y evitar ser trasladado a Chihuahua. Corral incurrió justamente en lo que él decía que pasaba con Duarte: que el gobierno le protegía. Tanto Tarín, como López fueron detenidos por la Fiscalía de la Ciudad de México, y Duarte fue detenido por las autoridades norteamericanas. 

No es la primera vez que Corral actúa así. Siendo gobernador y a pesar de haber una orden judicial federal para trasladar a tres imputados por su gobierno a la Ciudad de México, Corral envió a todas las fuerzas públicas del Estado a rodear el edificio del Poder Judicial de la Federación para evitar su traslado. Quería mantenerlos en Chihuahua para seguir torturándolos.

Debo decir que en lo personal me parece una ingenuidad por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua haber pensado que las autoridades de la Ciudad de México colaborarían con ellos para detener a Corral. Morena y sus secuaces han repetido hasta el cansancio que la ley no les importa. Igualmente la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua actuó de manera ingenua al permitirle a Javier Corral llevar a cabo llamadas para que vinieran a su rescate. Esa no fue una prerrogativa que les concedieran a los detenidos de la Operación Justicia para Chihuahua. Si bien tiene derecho a una llamada, esa llamada bien pudiera haberse llevado a cabo desde el avión con rumbo a Chihuahua. 

En este mismo sentido, el Gobierno de Chihuahua tuvo dos años y diez meses para llevar a Javier Corral ante la justicia. Sin embargo, por omisión, indolencia o negligencia, decidieron patear esa decisión hasta que prácticamente es imposible llevarla a cabo. Todavía en marzo se veía a Javier Corral merodeando por la ciudad de Chihuahua. ¿Por qué no lo detuvieron antes? 

Atendiendo a la ley Javier Corral no debería asumir la senaduría plurinominal a la que fue postulado, pues incumple con lo establecido en el artículo 38, fracción V de la Constitución. Es decir, sus derechos políticos están suspendidos porque pesa sobre él una orden de aprehensión. Sin embargo en este albañal en que está convertido el país, lo más seguro es que tome protesta y le saque la lengua a la Fiscalía de Chihuahua. 

A partir de ahí, Corral seguirá lanzando golpes al gobierno de Maru Campos, sin que la Fiscalía de Chihuahua pueda hacer nada para llevarlo ante la justicia pues tendrá fuero constitucional. 

Sustrayéndonos de las consecuencias que se dan en Chihuahua ante el fracaso de esta detención, debemos reflexionar lo que nos muestra esta obstrucción de la justicia por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. 

Primeramente, que la ley es letra muerta ante quienes la aplican. El precedente sentado por la Fiscalía de la Ciudad de México es gravísimo. Esto quiere decir que si la Fiscalía de la Ciudad de México le pide a cualquier procuraduría del país apoyo para detener a una persona, bien pudieran negarse. Se entiende como balcanización el proceso geopolítico de fragmentación entre regiones que son inhóspitas unas con las otras, y que no colaboran entre sí. Lo del miércoles pasado evidenció la balcanización de la justicia que existe en nuestro país, misma que no existió cuando la Fiscalía de la Ciudad de México fue a Morelos a detener al exfiscal de ese Estado (a pesar de tener fuero).

De haber sabido, seguramente “El Mayo” Zambada se hubiera refugiado en la Ciudad de México para que Ulises Lara, fiscal de la Ciudad de México le hubiera protegido, dados los claros antecedentes de nexos entre el Cartel de Sinaloa y los gobiernos de la 4T. 

En segundo término, que el gobierno de Morena se opondrá a cualquier proceso de justicia cuando no convenga a sus intereses. Por eso la insistencia del oficialismo de desmembrar al Poder Judicial de la Federación, su único contrapeso. Parecería que para gozar de impunidad, solamente basta con estar del lado del gobierno y los pecados se perdonan.

Tercero y más grave, que la frase de López Obrador que dice “no me vengan con que la ley es la ley” se ha convertido en el apotegma de los cínicos que nos gobiernan, y ejercen esa política día con día.