-Acabarán negocios desde Ingeniería

-Pega a funcionario síndrome de los regidores viajeros

-Que Morena no quiere el control del Poder Judicial

-Contrato de apoyo a Sedena desde Cabildo

Tras el sosegado relevo en la Rectoría que derivó en la elección del doctor, Daniel Constandse, como sucesor de Juan Ignacio Camargo, sigue la designación de nuevos directores de institutos a partir del mes entrante.

Pinta para ser más movido ese proceso porque implica la decisión de los estudiantes a través de sus consejos técnicos; de ahí pasa al órgano máximo, el Consejo Universitario, el de la última palabra.

En un primer análisis sobre esa elección ya cercana, cuya convocatoria será publicada el próximo viernes, tenemos el movimiento en el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).

El actual director es Juan Hernández Paz, de quien se dice que nomás concluye su periodo y dedicará todo el tiempo futuro a sus negocios relacionados con la tecnología.

Aparentemente, se iría sin influir pero todos en Ingeniería saben que brinca en un pie para heredar el cargo a Imelda Olivas Armendáriz; y como plan B, a su cuaderno del alma, Ismael Canales.

También compiten Miguel Domínguez, muy cercano a Juan Carlos Loera; Erwin Martínez y Nelly Gordillo, dos aspirantes presumiblemente independientes y muy reconocidos en IIT.

Muchos se inclinan al interior de “las ingenierías” porque sea una mujer precisamente la directora de la institución.

Los intereses detrás de la dirección de esa escuela superior son numerosos y, aunque predominantemente académicos, se comenta que también está en juego el control sobre los recursos económicos generados por los laboratorios del IIT.

Esas áreas han operado con cierta autonomía y han evitado un escrutinio institucional riguroso en los últimos años.

Este tema probablemente atraerá mucho interés de las nuevas autoridades, ya que la dirección del IIT es un puesto clave no solo por su influencia académica, sino también por la gestión de importantes recursos financieros, lo que hace imperativo que el proceso de sucesión sea observado con detenimiento.

Muchas miradas están ahí.

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Apenas hace unas semanas hablamos de los 15 regidores que vacacionaron por Europa con el pretexto de tomar un Seminario de Urbanismo.

Ahora tenemos al director de Derechos Humanos del municipio, Santiago González Reyes, al que solo alcanzó para pasearse por Washington, New York, Miami y Phoenix, Arizona. Participa en un supuesto programa de liderazgo, auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El problema de estos viajecitos en plena temporada vacacional no despertaría ninguna sospecha si no fuera porque el funcionario solo publicita sus paseos por las ciudades visitadas y no los detalles de los eventos oficiales a los que se supone están asistiendo.

González Reyes, quien al igual que todos los directores, presentó su renuncia al presidente municipal, en un acto de confianza al propio presidente, para que conforme su nuevo gabinete en total libertad, ha promocionado en sus redes sociales, desde hace una semana, los platillos gourmet, las bebidas, las obras de teatro de Broadway y hasta ratas de gran tamaño.

Esperamos que a su regreso todavía tenga trabajo, de lo contrario va a tener un nuevo empleado en el que pueda seguir hablando de Derechos Humanos y en el que desde luego, pueda aplicar las experiencias obtenidas, por lo menos, en la obra de teatro que fue a presenciar.

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Nos llegan subrepticiamente algunas líneas de comunicación que desde la bancada de Morena en San Lázaro, que todavía coordina Ignacio Mier hasta que termine agosto, han bajado a los legisladores entrantes y salientes para defender la reforma judicial promovida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Mientras comenzaba la dictaminación ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, nos reportan, fueron puestos a correr algunos argumentos interesantes, que supuestamente legitiman el proceso legislativo y los cambios sustanciales para sacudir a la judicatura en sus más altos niveles.

De lo más interesante es el señalamiento central de que ni el Ejecutivo de Andrés Manuel ni el de la electa Claudia Sheinbaum, menos la súper mayoría morenista, pretenden el control o la sumisión del Poder Judicial de la Federación.

Si así fuera, aseguran esas líneas, bastaría con obligar las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consejeros de la Judicatura Federal. Con la mayoría legislativa y la voluntad del Ejecutivo bastaría para un cambio así, pero no sería profundo sino meramente cosmético.

Quien hizo algo parecido en su momento fue el presidente Ernesto Zedillo, quien mandó al retiro a toda la Corte que le heredó Carlos Salinas, con el fin de instalar el sistema jurídico nacional actual, que indudablemente es deficiente y ha sido contrapeso del poder del Ejecutivo, pero solo hasta este sexenio, antes era totalmente sumiso a los presidentes de la República.

Así las cosas, según la narrativa con la que habrá de avanzar la reforma de aquí a su aprobación en septiembre, la reforma va mucho más allá de la intentona por monopolizar el Poder Judicial. Busca, eso sí, barrer a la élite dorada de ministros, magistrados y jueces que a nadie rinden cuentas, para relevarla no por juzgadores a modo, pero sí lejanos a los compromisos, mafias e intereses existentes actualmente.

Con esa línea central pretenden los legisladores morenistas y aliados derribar las críticas por la vulneración a la independencia judicial, así como por la complejidad y posible inoperancia de una elección directa de juzgadores.

Si no fueran políticos los de Morena, tal vez ese argumento sería muy creíble y convincente.

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Los diputados y senadores de la muy reducida oposición que arrancan funciones el uno de septiembre temen que esa multicitada reforma judicial pase de madruguete el primer día de sesiones del Congreso de la Unión.

Para ayer en la tarde, no era más que cuestión de horas que la Comisión de Puntos Constitucionales sacara el dictamen, como previamente lo dimos a conocer en esta misma columna.

De los 40 legisladores que integran esa comisión, Morena obtiene la mayoría con 15 diputados; el PAN tiene nueve y el PRI seis mientras que el Verde y el PT, aliados a la cuarta transformación, tienen tres cada uno; Movimiento Ciudadano dos, y el PRD, uno. Hay otra diputada sin partido, la exmorenista Susana Prieto.

La reforma entonces saldría fast track el mismo domingo, mucho tiempo antes de la integración de las nuevas comisiones.

Los opositores acusan desconocimiento y poco tiempo para el análisis de dicho dictamen, aun cuando han salido a la luz pública los principales argumentos de la iniciativa, la cual contempla que las elecciones de jueces y magistrados se den por distritos y circuitos.

En el caso de esta ciudad, los juarenses votarían por todos los integrantes de la Suprema Corte, pero solamente por jueces y magistrados del Distrito Bravos.

Todavía no se sabe quién organizaría esos comicios. A nivel estatal también se desconoce si sería el Instituto Estatal Electoral el encargado de realizar la elección del propio sistema judicial en Chihuahua.

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El pasado 14 de agosto en sesión ordinaria, el Cabildo autorizó la realización de un contrato, mediante el cual el ayuntamiento apoyará la organización de un evento anual de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se trata de la “Exposición la Gran Fuerza de México”, a celebrarse del 27 de septiembre al 20 de octubre, en la plaza de la Mexicanidad.

Ya había dictamen de la Comisión de Hacienda con respecto a este contrato, con fecha del siete de agosto pasado, por lo que pasarla por el Cabildo parece de mero trámite, pero no lo es.

Debió presentarse a todos los regidores, porque el recurso será invertido en la próxima administración, porque la presente termina la primera semana de septiembre, por lo que el trámite era necesarísimo.

Es facultad exclusiva del Cabildo autorizar este tipo de inversiones transtrienios, es decir, cuando se excede el periodo de la administración municipal.

Quién sabe por qué se dejó el tema casi rozando el término de la administración, pero es indudable que la intención política es evitar cualquier señalamiento, más en un asunto de gran interés, nada menos la relación con las fuerzas armadas.

La Comisión de Hacienda está integrada por Ana Carmen Estrada -próxima síndica-, María Dolores Adame y Austria Elizabeth Galindo, que por cierto no asistió a dicha sesión, porque el documento carece de su firma.