-Puro sablazo de federales en El Navegante

-El bateadón de Santiago a Leticia Ortega

-Los amparos en la ecuación de la reforma

-Van por “el partido más grande del mundo”

Por enésima ocasión, el fin de semana fue reportado un retén de elementos de la Policía Federal Ministerial, dependiente de la Fiscalía General de la República, cerca del kilómetro 90, en la carretera Chihuahua-Juárez, poquito más adelante de donde permanece inutilizado a balazos un arco Centinela.

A un lado del retén está la conocida gasolinera El Navegante.

Tenemos en la versión digital el video que nos comparte un lector asiduo de La Columna, donde pueden observarse los vehículos que obstruyen la carretera, unos con apariencia oficial y otros más turbios, sin identificación alguna.

Del material videograbado y las quejas que surgieron el sábado pasado, concluimos que se instalaron los federales (o supuestos) en ese punto concurrido de la carretera por obvias razones.

Ahora surgió el tema por la queja de unos abogados que viajaban a Juárez para una audiencia. Describieron muy bien la escena y el episodio vivido.

La unidad de la FGR, identificada con logos, estaba atravesada en el sentido de norte a sur sobre el carril derecho. También había más vehículos particulares, entre ellos un Hyundai Sonata blanco, mientras que en el camellón había tres autos particulares y 10 personas más.

“Parecen ‘madrinas’ y no traen armas”, detalló uno de los litigantes quejosos, víctima directa del intento de extorsión de los organizadores del retén, que se instala no para revisar si los automovilistas traen armas o drogas sino para “tumbarlos” con 20 ó 100 dólares bajo cualquier otro argumento como el “exceso” de artículos que llevan a sus familias.

En el sentido Juárez-Chihuahua, el bloqueo era similar, pero en vez de una pickup oficial era un Chrysler 300, entre otras unidades sin identificaciones. De este lado la cacería parecía enfocarse en los “chuecos” que siguen entrando indiscriminadamente con permiso federal, pero también con la idea de extorsionar a sus propietarios.

Estas actividades que luego la FGR no reconoce oficialmente, pero tampoco las investiga, se han vuelto muy comunes en la transitada carretera. A veces las han reportado más cerca de la capital, apenas adelante de la caseta de Sacramento; otras, cerca de El Sueco, sobre todo en las primeras horas de la mañana o al comenzar a caer la noche.

“Nomás para extorsionar están, ni siquiera meten algo de jale, ni un decomiso ni nada”, nos aseguran, por otra parte, agentes estatales que han estado al tanto de la situación, porque también usan la carretera de ida y vuelta muy seguido. “Puro sablear a la gente, eso hacen los federales”, dicen.

¿Ni autoridades estatales ni las federales podrán poner orden en la vía de comunicación más importante y transitada del estado?

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Ni por ser dos veces diputada local, la morenista Leticia Ortega Máynez domina las funciones básicas de la legislatura. Menos va a dominar o a conocer la estructura esencial del Ejecutivo, ante el que el hizo otra vez uno de sus ya clásicos ridículos.

Es común que la legisladora haga cuestionamientos extensos formales, aunque a veces irrelevantes, a diversas áreas del gobierno estatal, mediante el mecanismo que tiene como representante popular. Lanzar preguntas desde el Congreso es como su deporte favorito, lejos de legislar o hacer algo de provecho.

En vez de buscar por las plataformas de transparencia o hasta poner a alguno de sus asesores a que lo haga, opta por el método más cómodo de cuestionar desde la comodidad de la calientita curul, pues eso, considera, le gana más reflectores que si se pusiera a trabajar.

Uno de sus últimos cuestionamientos fue sobre los viajes realizados por la gobernadora María Eugenia Campos, pero hizo la pregunta con tan mal tino que la dirigió a la Secretaría General de Gobierno.

Suponemos que el secretario Santiago de la Peña y sus colaboradores disfrutaron darle respuesta a inicios de este mes (imagen en la versión digital de La Columna), con una clase pequeñita de la estructura orgánica del Ejecutivo.

Después de algunos rodeos, De la Peña Grajeda le contestó que el Ejecutivo, de acuerdo a la Ley Orgánica, se apoya en secretarías para el despacho de los asuntos... y pues la Secretaría General no tenía competencia para darle respuesta a sus interrogantes, que obviamente debía dirigir a otra instancia.

El bateadón del secretario fue nomás otra rayita al tigre de los ridículos que le gusta hacer a la morenista.

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Desde el Palacio de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia, insisten en que quienes promueven que el Congreso del Estado haga la reforma judicial que permita la elección de jueces y magistrados locales en 2025, parecen ignorar las consecuencias jurídicas de semejante decisión.

De entrada, dicen, parecen desconocer que existen cientos de amparos presentados y casi 250 suspensiones dictadas, entre provisionales y definitivas, en los tribunales federales, como habíamos comentado hace unos días.

En la ecuación para determinar el rumbo del Poder Judicial de Chihuahua, a raíz de la reforma constitucional federal, hay quienes pretenden desacatar las resoluciones de la justicia federal, como si ellos fueran Claudia Sheinbaum o la aplanadora morenista en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, que pasaron por alto cualquier amparo.

Pero es un riesgo enorme aventarse a legislar en desacato a las suspensiones dictadas, que claramente prohíben al Legislativo avanzar en el proceso de reformar a la justicia estatal, en tanto no sea revisada su constitucionalidad.

Igual y los amparos -la última resistencia contra la reforma después de que fue vencida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ)- podrán terminarse perdiendo por sus promotores, pero mientras no sean resueltos el Congreso está atado de manos para proceder.

Irse al desacato, en un estado que además es opositor al régimen de la 4T, es un riesgo político mayor. Como quiera los diputados que encabeza Cuauhtémoc Estrada son morenos y aliados de quienes promovieron el mayor cambio judicial en la historia, pero los panistas y demás tendrían que ser muy ingenuos para desobedecer una suspensión de la justicia federal.

Así las cosas, parece lejana la elección de jueces y magistrados estatales en 2025, a menos que el engranaje morenista que comienza a permear al aparato judicial, destrabe de un plumazo y como si fueran enchiladas, todos esos amparos que impiden reformar el sistema de justicia local.

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Fuera de la vacilada con la que salió el secretario general de Morena, Andy López Beltrán, de que hará del partido “el más grande del mundo”, la cuota de Chihuahua para sumarle afiliaciones es de 300 mil nuevos militantes a partir de 2025.

Tal vez el hijo de Andrés Manuel ve chiquito al Partido Popular de China (tiene 100 millones de militantes y 70 años en el poder) o de plano le falta poquita más de cultura política, pero la meta de 10 millones de afiliados planteada a nivel nacional no es sorprendente ni parece algo muy útil.

El PRI llegó a presumir 10 ó 12 millones de militantes en los tiempos de su resurgimiento tras la debacle de 2010. Miles y miles ni cuenta se dieron de su militancia, forzada o tramposa, con el tráfico intenso de credenciales del INE.

No quiere decir que el plan de Andy, en esta dirigencia a cargo de Luisa María Alcalde, vaya a repetir los vicios del tricolor, pero a veces esas cantidades y esfuerzos por reunirlas para sorprender o tratar de apantallar, resultan en sonoros fracasos en las urnas.

Todavía ningún morenista se ha atrevido a hacerle críticas al proyecto de afiliación y credencialización, que aquí en Chihuahua fue encargado a la dirigente Brighitte Granados, pero a la hora de ponerse a buscar en tierra la meta de alcanzar alrededor de 250 mil nuevos militantes que se sumen a su plantilla actual, verán que no es cualquier cosa.

Si es para simular -como lo hizo el PRI- una fuerza territorial inexistente, basta con dinero para comprar copias de credenciales o imágenes de las mismas, pero es para crear una estructura real, lo importante no es tener el partido más grande del mundo, sino el más funcional y de mayor calidad de su padrón.