-Quemó la jefa intentos de hacer circo
-Cordialidad entre Claudia, Maru y Cruz
-Trae migración fuerte alza en secuestros
-Tiene Transparencia presupuesto para existir
La primera gira de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República por Chihuahua mostró que maneja un elevado nivel de institucionalidad, pues aunque las huestes morenistas se movilizaron tanto a Urique como a Juárez, ella contuvo cualquier intento de armar circos.
En el terreno político, igual les dio jugada sin regalarles reflectores a los aguerridos senadores Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, quienes acudieron como muchos invitados tanto a la entrega de tierras en Mogótavo como al arranque del nuevo hospital en la frontera.
Del exgobernador Javier Corral, refugiado en el fuero de Morena como prófugo de la justicia, eso sí ni sus luces, otra señal más de se encuentra en calidad de paria de la 4T. Uno más de tantos.
En todo momento, la jefa del Ejecutivo Federal mantuvo una distancia política muy marcada, a la vez de una cercanía institucional. Con la gobernadora Maru Campos encabezó sus actos públicos, mientras que en los momentos fuera de agenda privilegió sus momentos de soledad, según quienes mantuvieron sus ojos en la figura central de la gira presidencial.
Aquí en Juárez fue donde los morenistas incluso se mostraron más civilizados que en los tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Trataron de encender algunos abucheos contra la gobernadora y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, pero de inmediato fueron contenidos.
En el video que presentamos en la versión digital de La Columna, se escucha algo de esos intentos por prender algunos gritos contra Pérez Cuéllar, por ejemplo, pero bastó el saludo “con cariño, con mucho respeto por su trabajo” para el presidente municipal, para que sus porras sepultaran cualquier otro ruido extraño.
Así, fueron la cordialidad y la civilidad política las marcas del evento, ninguna señal de confrontación política grave, pese a la presencia de los antagonistas de la vida pública estatal.
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Desde la sierra hasta la frontera, la presidenta Sheinbaum reforzó el mensaje de la justicia social como la prioridad de su administración, lo que le dio marco a su visita a la comunidad rarámuri y a la inauguración del hospital más grande y equipado de los construidos por la 4T desde 2018 a la fecha.
Aquí en Juárez, fue Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien presentó el detalle de la obra realizada, con un sinfín de trabas y retrasos acumulados desde hace 10 años.
Sin dar nombres, refirió las administraciones de César Duarte y Enrique Peña Nieto, cuando comenzó el proyecto que debió reiniciar la gestión de Andrés Manuel López Obrador desde cero. “Nada servía de lo que dejaron”, dijo.
Esa fue la entrada para el mensaje central de la jefa del Ejecutivo, quien saludó, como dijimos, institucional y respetuosamente al alcalde y a la gobernadora, invitados al presidium como primeras autoridades de la ciudad y el estado.
Tanto el presidente municipal como la mandataria estatal respetaron el espacio y el protocolo presidencial, al igual que la militancia morenista concentrada en las afueras del nuevo hospital del IMSS, salvo esos chispazos que quisieron hacer ruido.
Acompañada de la secretaria de Mujeres, Citlati Hernández; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Rangel, Sheinbaum pudo abordar los temas que componen su agenda de justicia social.
Desde la necesidad de sepultar los salarios de hambre y la venta de México ante el mundo como lugar de mano de obra barata como referente de competitividad, hasta el naciente Sistema Nacional de Cuidados y la relación con Estados Unidos, pudo exponer la presidenta sin más interrupciones que los aplausos y algún esporádico reclamo de mujeres que le encargó atender a Citlali Hernández.
En suma, esta primera visita como mandataria en funciones mandó una buena señal e inauguró una nueva etapa de relación política con Chihuahua, que ojalá rinda frutos en lo inmediato y a largo plazo.
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En materia de seguridad, como en otras ocasiones hemos expuesto en este espacio, es el secuestro uno de los delitos que mayores preocupaciones genera en las corporaciones policiacas, debido a que existe un alza marcada en la incidencia.
Si bien hay una rápida reacción de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Guardia Nacional, lo que ha permitido cerrar con éxito un buen puñado de casos, su frecuencia ha comenzado a generar alarma en el sector privado.
En gran medida, el incremento obedece a la actividad criminal centrada en el fenómeno migratorio. Los delincuentes creen que los migrantes tendrán forma de conseguir recursos con familiares en sus lugares de origen o con los que están en Estados Unidos, de ahí que ha sido observado una oportunidad de negocio ilegal.
En otra vertiente menor están los casos de pequeños comerciantes o empresarios que, de nueva cuenta, han comenzado a ser blanco de un crimen que parecía superado, al menos 10 años antes, cuando fue abatido casi a cero el plagio y la extorsión.
El análisis en frío de la incidencia y la comparativa con los años previos, ha sido tema recurrente en las mesas de seguridad regionales y también en la nacional, cuya estrategia de seguridad es imperceptible debido a la narcoguerra desatada principalmente en Sinaloa, pero con repercusiones importantes en otros estados del país.
No debe quedar de lado este asunto de la agenda de prioridades, más allá de si son migrantes o empresarios los afectados.
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Los comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip), encabezados por Sergio Facio, están esperanzados a seguir dentro de la nómina pública, a pesar de la reforma que obliga a desaparecer a la cabeza nacional del sistema y a los organismos garantes de los estados.
La esperanza tiene lógica porque en la aprobación del Presupuesto de Egresos 2025 fue dotado de recursos para su gasto con un crecimiento nominal marginal, pero dentro del rango de la normalidad, así que no está entre los planes estatales eliminarlo, porque necesaria sí es su permanencia, aunque cambie la denominación y funciones como órgano autónomo, con ese último término entre comillas.
Para este año que finaliza dispuso de 79.8 millones de pesos, mientras que para 2025 le fue aprobado por el Congreso del Estado un gasto de 83.8 millones de pesos, incremento que no es tal en términos reales, pero tampoco padeció un recorte a cero, como se esperaría en caso de que el plan fuera su liquidación total.
Como descentralizado, si sigue el esquema planteado a nivel federal, quedaría sectorizado a la Secretaría de la Función Pública, que conduce el exfiscal general Roberto Fierro.
Pasaría, pues, a la gran nómina estatal que se maneja desde esas dependencias no centralizadas, pero sí subsisten del gasto público estatal, para garantizar que las demás instancias estatales y municipales cumplan con las obligaciones de transparencia que les impone la ley.
La tarea sería la misma, pero sin la autonomía política de gestión que, en teoría -sólo en teoría, porque en la práctica está supeditado al Ejecutivo- le permitía ser un acicate real para los funcionarios que prefieren la oscuridad de los sótanos del poder, en vez de la luz que les echa encima el sistema de transparencia.
Así, su subsistencia tiene pros, no sólo la contra del peso que tiene la estructura burocrática.
