-Segundo lugar en narcofosas... y segundo mayor panteón
-En fotos de redes, pero sin asumir en Migración
-Notificaciones judiciales hasta por WhatsApp
- Incluido Juárez en listado de pobreza
Después de Tamaulipas, donde han sido localizadas más de 550 fosas clandestinas, muchas con restos de dos o más personas, es Chihuahua el segundo lugar nacional con más hallazgos de este tipo, de acuerdo al registro de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La vergonzosa posición destacada en el país es refrendada con el “narcopanteón” de Ascensión, localizado a partir del 18 de diciembre. Todavía siguen los rastreos que habrán de superar por mucho la cifra oficial de osamentas de 12 víctimas; las estimaciones no oficiales rondan entre las 27 y las 30 personas inhumadas ahí.
Las cifras de la Fiscalía General del Estado, del año pasado al actual, apuntan 67 sitios con uno o más entierros ilegales, con la zona norte de la entidad como la de mayor incidencia, con 32 casos en este periodo, uno de los más altos de los que existen registros puntuales.
Además, por volumen, el de Ascensión apunta a ser el segundo mayor encontrado en Chihuahua, después de aquel hallazgo de marzo de 2008 en un inmueble de La Cuesta, aquí en la frontera, que causó impacto internacional porque dimensionó la capacidad de un cártel que ha mantenido por años el dominio en amplias zonas de la ciudad e incluso en una buena parte de la entidad.
Por algo insistió ayer el fiscal de la zona noroeste, Alejandro Vargas, en que no hay en la región un conflicto entre grupos criminales, lo que fortalece la idea de que son las fricciones entre “linieros” el origen del “narcopanteón” localizado en el municipio vecino, donde se estima habrán de salir más restos humanos y tal vez varias explicaciones a misteriosas desapariciones.
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La laxitud heredada en el control de la frontera sur está por cobrar factura al gobierno recién estrenado de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bajo la premisa de que hay un derecho universal a la movilidad humana que no tendría fronteras, en 2018 prácticamente fue abierta la gran puerta de la frontera sur, que no ha terminado de cerrarse.
Llegaron por miles a la frontera norte, en escenas ya por todos conocidas, hasta que vino el manotazo del entonces presidente estadounidense Donald Trump, que obligó a cerrar un poco el acceso, cuando cientos de elementos policiales fueron destacamentados en el sur, con cargo a las finanzas mexicanas.
Fue cuando Trump afirmó haber doblado a Andrés Manuel López Obrador y haber cumplido su promesa del muro, así fuera humano, con oficiales de la Guardia Nacional como vigilantes de la puerta del poderoso vecino.
Aun así, los indocumentados han podido cruzar el queso gruyere en que esta convertido el puesto fronterizo en Chiapas, con instalaciones de tercer mundo, bajo el mando de Francisco Garduño y un Sergio Salomón que no asume en el Instituto Nacional de Migración, pero se toma fotos en visita de cortesía con la secretaria de Gobernación.
La misma Rosa Icela Rodríguez publicó la imagen en la red social X: “conversando esta tarde con mi compañero de movimiento político @SergioSalomonC, para arrancar el año 2025 con mucho trabajo y entrega en beneficio de mexicanas y mexicanos”.
Mientras ellos posan para foto, en unos días tendrá Trump sobre su escritorio los decretos ejecutivos de expulsión, para firma con un bolígrafo probablemente idéntico al usado el día de su toma de posesión en el primer mandato, una Cross edición especial con detalles en oro, y su nombre y apellidos grabados.
A tres semanas de que ello ocurra, de este lado no hay preparación suficiente, sobre problema humanitario que rebasa con mucho a las autoridades locales, en recursos y facultades.
Estados Unidos no trasladará a los indocumentados detenidos a sus países de origen, como si fuera agencia de viaje, simplemente los brincará la cerca y amenazará con aranceles como hizo hace ya siete años.
¿O alguien lo duda?
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Quedó incluido Juárez en el listado de municipios con necesidad de atención prioritaria por sus niveles de marginación existente y violencia, lo cual habrá de orientar acciones prioritarias desde el gobierno federal, el estado y el municipio mismo.
Son 269 Agebs o Áreas Geoestadísticas Básicas, los considerados para este municipio, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación difundido en plena Navidad.
Un Ageb es una división territorial utilizada tanto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para delimitar pequeñas zonas geográficas, con el fin de cubrir y controlar información con diversos usos, entre ellos el combate a la pobreza.
No es Juárez el único municipio urbano o rural considerado dentro del decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2025, sino que son 63 los municipios considerados, incluida la capital del estado.
Los únicos municipios no considerados son Aquiles Serdán, Coronado, San Francisco de Conchos y Riva Palacio, extrañamente porque todos ellos, como es público, tienen también sus problemas de pobreza y marginación.
El criterio para considerar al resto de los municipios dentro de las Zonas de Atención Prioritaria Rurales es que fueran de muy alta o alta marginación; o tienen muy alto o alto grado de rezago social; o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 50%; o son municipios indígenas o afromexicanos, entre otros factores.
En el caso de las zonas urbanas, los requisitos son similares, que sean Agebs urbanas con muy alto o alto grado de marginación; muy alto o alto grado de rezago social; o porcentaje de personas en condición de pobreza mayor al 34%, entre otras consideraciones.
Habrá alguna explicación para dejar a esos tres municipios fuera, que seguramente motivan acciones presupuestarias; el resto de los municipios sí considerados, incluida esta frontera, encontraron al menos un factor, un “lonche” bajo el arbolito, en espera de que se concrete en acciones y programas efectivos.
Ojalá también sea considerado en la fórmula de distribución de participaciones y aportaciones para el próximo año, que está por difundir la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
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No lo podía creer uno de los abogados que continuamente proporciona información a La Columna, que encontró en esos grupos de mensajería con sus colegas una versión pública de una notificación personal realizada mediante una videollamada de WhatsApp.
Tenemos la imagen en nuestra edición digital de la referida notificación, perteneciente a un asunto del 2023, con testado del número de expediente, el tribunal y la entidad federativa, por obvias razones de confidencialidad.
Pero dentro de las líneas visibles del acta de notificación, impresa en el tradicional papel membretado con el escudo nacional, aparece con todas sus letras que fue realizada a las 13 horas con 30 minutos del día 30 de octubre del 2023.
“Me comunique por medio de la aplicación mensajería instantánea denominada whats app vía videollamada al teléfono tal que corresponde a (xxx) en su carácter de autorizado de la parte quejosa en el presente expediente”, dice la mencionada notificación.
Hizo constar el actuario que tuvo a la vista de manera nítida a través de la pantalla del celular con número telefónico tal, “a quien además escucho de manera clara y se identifica con cédula profesional … me identifique como actuario judicial adscrito…”, etcétera.
Es de manera evidente una actuación dentro de un juicio de amparo indirecto llevado ante un juzgado de distrito, con base en un acuerdo del Consejo de la Judicatura del 2020, dictado en tiempos de pandemia.
No estaría nada mal que lo mismo fuera implementado aquí, no solo en lo federal, sino en el ámbito local, en todas las materias, para superar de una vez por todas el grave cuello de botella que existe en materia de notificaciones, que es un calvario para litigantes y ciudadanos.
Es con esas medidas donde debería incursionar la reforma judicial en la segunda fase.
