Estaremos de acuerdo en que solo una mano poderosa, o más aún, todo poderosa puede conseguir en nuestro vapuleado sistema judicial sacar de la historia un asunto, colocarlo en el presente y beneficiarse del mismo.

A principios de los noventas fue iniciado un juicio mercantil contra uno de los tres herederos de un terrenito ubicado por la Costa Rica y casi Ignacio de la Peña, colonia Partido Romero.

Pasaron muchos años de ires y venires entre el demandado y la parte demandante, un banco. En algún momento avanzó hasta la convocatoria a subasta, pero nunca se concretó por una razón más que simple:

Esa propiedad debió ser sometida antes a juicio intestamentario debido a que, incluso a estas alturas, en el Registro Público de la Propiedad aparece a nombre de sus dueños originales, o herederos.

Ese es el punto, de principios de los noventas al 2018 pasaron tantos años que incluso la ejecución de la sentencia había prescrito desde 2003. Legalmente, era imposible hacer cualquier movimiento inmobiliario con el terrenito si antes no era regularizada la herencia.

En este caso no aplica esa máxima que habla del dinero como poderoso caballero; o quizá sí, porque la mente siniestra atrás de la operación fue nada menos que el exgobernador, Javier Corral Jurado, quien tuvo a su disposición casi discrecional los aproximadamente 70 mil millones de pesos de que constaba el presupuesto estatal... durante cinco años.

Es un terreno que valía y vale particularmente para él. Pagó cuando mucho 200 mil pesos por los 200 y pico de metros cuadrados. Si es que los pagó él porque no existen pruebas fehacientes patrimoniales que lo haya hecho.

Esa propiedad tenía algunas paredes viejas, tapias y pseudo bardas bastante maltratadas por las décadas de abandono. Era un terreno en calidad de baldío.

Son importantes los detalles porque tales circunstancias evidentemente fueron vistas idóneas por el exgobernador. Su casa principal en Juárez, la misma casa donde ofreció rayadas y café al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está pegada a lo que luego llamamos “terrenos caliente” justo por el historial farragoso del mismo.

Para que el Poder Judicial retrajera el “expediente” hasta 2018, para que fuera traído un caso innegablemente imposible de actualizar en los términos concretados, debió aceitar el hoy aspirante a senador por Morena al juez de la causa, José Luis Ruiz Flores.

Ese juzgador, por cierto ya fallecido, pero aún varios de sus asuntos investigados por el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia debido a las evidentes transas en las que incurrió, reabrió el expediente y subastó sobre las rodillas la propiedad.

Era tanto el apuro de Corral Jurado por pegar el “baldío” y convertirlo en patio de su casa, un tejaban y un asador muy chics, que en unos cuantos meses Ruiz Flores “notificó” al sujeto de la demanda civil y procedió a la subasta.

Pero, ¡oh sorpresa!, una vez que El Diario sometió a comprobación esa “notificación”, descubrió que, para el 2018, el demandado hacía dos años que había fallecido en El Paso.

Ese es el tamaño del político que ganó la gubernatura bajo las siglas del PAN, no pudo imponer candidato para su relevo; fue derrotado por la ahora gobernador, María Eugenia Campos, del mismo partido, y traicionó a colores y expartidarios brincando hacia Morena.

Hoy Corral, personalmente a través de sus redes, o de su exdirector de Comunicación Social, José Pérez, operador del portal Zona Free, busca responsabilizar a la mandataria de sus múltiples actos que han rayado en lo delictivo. No hubo más manos en los mismos que la mano de él. Las pruebas saltan a la vista.

El juez Ruiz Flores armó lo “necesario” para arrebatar el terreno a los tres herederos y entregarlo no directamente al exgobernador, sino al expanista, amigo estrecho de Corral, Ricardo Álvarez Chabre, también ya fallecido.

Casi en automático, después de recibir el terreno, Álvarez armó un contrato “de promesa de venta” con el morenista, y para luego es tarde, el hoy orgullosamente adoptado en la Cuarta Transformación, derruyó lo que quedaba del baldío, tumbó los viejos pedazos de bardas, y al estilo de los constructores millonarios, en un abrir y cerrar de ojos, la propiedad abandonada apareció con flamantes bardas nuevas, pintadas de blanco reluciente, pasto, moderno tejaban y su práctico asador.

¿Y por qué a pesar de esa operación transa del juez civil –que en paz descanse- el terreno sigue sin aparecer a nombre de Javier Corral Jurado; y por qué este no incluyó en sus declaraciones patrimoniales esa propiedad?

Ah, pues porque hubo un notario, su exnotario favorito, que fácilmente le vio las orejas al lobo de la ilegalidad, las indudables consecuencias negativas para su patente como notario, y se negó una y todas las veces que su examigo lo exigió, a inscribir la operación en el Registro Público de la Propiedad.

No podía hacer eso porque, apenas se supo que el hoy político guinda había unido el terreno “abandonado” a su casa, aparecieron los herederos y presentaron una denuncia para iniciar el juicio intestamentario. Los mariachis debieron callar.

Esa denuncia quedó también “olvidada” porque todo indica que luego vino la presión hacia los herederos y estos buscaron desecharla, pero en el curso de los días su representante legal falleció y ahí se quedó en el Poder Judicial.

No servirá tal denuncia para devolver el inmueble a sus legítimos propietario, pero sí para exhibir parte del historial de transas que envuelve al “terreno de Javier Corral”, el terreno caliente.

Fue de tal forma irregular todo ese proceso que ni el banco subastante cobró los 200 mil y pico de pesos “pagados” por Álvarez Chabre. La cantidad fue depositada en la Recaudación de Rentas del Gobierno estatal y de ahí llevada al Tribunal de Justicia.

Son grandes las sospechas de que el banco no reclamó esa cantidad porque no habría sido informado del caso por su representante legal, el abogado, Gerardo González Rentería, quien habría formado parte del entramado ilegal junto con el juez, e inclusive con el entonces magistrado operador corralista en Juárez, Marco Tulio Cano.

Hoy la justicia está obligada a proceder hasta sus últimas consecuencias con el asunto tal y como es. De nuevo es motivo de noticia porque la Secretaría de la Función Pública ha notificado a Javier Corral Jurado sobre el inicio de un procedimiento en su contra por posible enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

De la investigación correspondiente en esos dos aspectos hallarán las autoridades otro delito de fondo, el fraude procesal mediante el que los herederos del terreno fueron despojados de su herencia.

Sin duda todo el contexto de la transa llevará a Corral al terreno de lo penal. Ahí aparecen sobre la superficie todas las huellas de los actos ilegales cometidos, incluida la inmoralidad de haber comprado la casa pegada al terreno a una señora mentalmente vulnerable, según relatos de una de sus hijas a los medios de comunicación. La misma casa donde ofreció panes (rayadas) con café al presidente López Obrador.

La exigencia generalizada hoy es de llevar la justicia hasta donde tope; si con cárcel debe pagar el exgobernador, que lo haga.

Ese es uno solo de muchos asuntos que lo persiguen. Detrás de su retórica grandilocuente hay inocultables rasgos delictivos.