-Los tres abogados penalistas asesinados
-Ahora no le gustó el circo a Corral
-Ni un peso de Daniela en su campaña
-Recuperar juzgados menores mixtos
Sin pista alguna sobre el asesinato del abogado, Alfonso Miramontes Caro, ocurrido el pasado 28 de junio, de nuevo la sociedad juarense y el gremio de los litigantes fue sacudido con un nuevo homicidio, ahora del profesional del derecho, César Castañeda Candelaria.
El ataque no solo sucedió en un lugar concurrido, entre el exterior e interior del Carls Jr ubicado en el Bulevar Zaragoza y Panamericana, lunes a media tarde, sino en el centro comercial ubicado en el mismo lugar que tiene siempre bastante afluencia de clientela.
Los criminales llegaron hasta su objetivo, lo privaron de la vida y huyeron sin mayor dificultad. Igual ocurrió con Miramontes Caro, en plena mañana del 28 de junio, entre las calles Posada Pompa y Río Danubio, de la colonia Magisterial.
Hasta el momento las corporaciones policiacas no han dado señales sobre los resultados de sus investigaciones para dar con el paradero de los asesinos. Son de esos asuntos “delicados” para su esclarecimiento; de esos casos que suelen quedar en la impunidad.
En octubre del 2022 corrió igual suerte la abogada y exjefa de la Fiscalía Especializada de Mujeres, Sully Ponce. Fue asesinada en la Paseo Triunfo y Avenida del Charro. Su acompañante en el vehículo era un líder delictivo integrante de la pandilla Aztecas de la vieja escuela que acababa de salir de prisión.
Aunque son catalogados dichos asesinatos como de alto impacto, las indagatorias no suelen ser conducidas hasta la detención de los asesinos y la plena justicia para las víctimas.
Los tres abogados desarrollaban su profesión en el peligroso ámbito de lo penal, lo cual implica el natural despliegue de esfuerzos singulares hacia el esclarecimiento de los crímenes justo con el apresamiento de los autores materiales; y los intelectuales, si los hubiera.
No pueden quedar esos tres casos en el ámbito de los irresueltos, ni los otros cientos de los ocurridos a lo largo del año.
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El exgobernador Javier Corral prefirió no ir personalmente a la audiencia inicial del procedimiento iniciado en su contra por la Secretaría de la Función Pública. Envió en su lugar a un representante, el licenciado Francisco Emiliano Arreola López, quien llevó la comparecencia por escrito.
Igual que Corral Jurado, su abogado desdeñó a los medios interesados en cubrir el resultado de la diligencia con la que comenzó el procedimiento por faltas administrativas graves. Grosero, salió por piernas e ignoró cuestionamientos válidos en medio de un asunto público muy relevante, por el nivel de primera autoridad del estado que tuvo su representado.
Al parecer era la instrucción del exgobernador a su abogado mostrar ese desprecio al procedimiento, mientras él lo descalificaba en redes sociales, donde mostró una copia de la carátula de la comparecencia que mandó a la Función Pública.
Igual que en otras ocasiones, Corral nomás decidió victimizarse en su respuesta brindada en redes, sin explicar el fondo de la grave acusación que pesa sobre sus hombros debido a la adquisición irregular del llamado terreno caliente con el que amplió su casa de la calle Costa Rica en esta frontera.
La conducta fue típica más que sorpresiva. En la SFP dicen que nadie esperaba que asistiera en realidad. Más o menos tenían previsto el escenario de que solo enviara una respuesta por escrito y algún representante; obviamente ahora no le gustó un circo similar a los muchos que él armó en los tribunales, esos que duraban horas o días y terminaban con forzadas vinculaciones a proceso.
Ahora lo que sigue es que la Función Pública integre el expediente con la respuesta entregada por Corral y lo turne al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), instancia resolutora debido a que las faltas atribuidas son de las consideradas graves.
Para fines de esta semana, según los plazos legales, deberá conocer el organismo jurisdiccional del asunto y ahí ya será otra la dinámica.
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En los comicios federales pasados quien gastó más en términos generales, obtuvo la menor cantidad de votos, al menos desde los datos reportados para la fiscalización de los recursos en el Instituto Nacional Electoral.
Andrea Chávez reportó unos ocho millones de pesos, contra cuatro millones de Juan Carlos Loera, 14 millones y medio de Mario Vázquez y cerca de 16 millones por parte de Daniela Álvarez, dineros que salen de una mezcla de ingresos de diversas fuentes.
De esos dineros, Mario le metió 429 mil pesos; Juan Carlos 53 mil y Andrea solo 12 mil; Daniela, no reportó un solo peso de su bolsillo. El resto del millonario gasto provino principalmente del partido y muy poco de simpatizantes.
Pero ese egreso -cuya cifra exacta tenemos en una imagen de Excel-, no corresponde con los resultados electorales oficiales por todos conocidos.
Andrea y Juan Carlos obtuvieron 861 mil votos, más menos, contra 596 mil de sus oponentes, una diferencia casi de 300 mil sufragios, un mundo.
Con una menor inversión, los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde, hicieron añicos a los gastalones de Daniela y Mario, que, entre los dos, gastaron casi el triple de lo invertido por Andrea y Juan Carlos.
De manera evidente salta a la vista que deberá hacerse una revisión exhaustiva en ambos reportes, uno porque la cifra de doce millones para la senaduría es verdaderamente ridícula, y segundo, porque los 30 millones de Mario y Daniela es alta en relación con quienes resultaron ganadores.
Ojalá no quede a deber la comisión de fiscalización del Instituto Nacional Electoral al momento de revisar con lupa los ingresos y los gastos de ambas coaliciones.
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Nos dicen que fue allá antes del año 2000 cuando hubo una modificación a la organización de los juzgados menores en el estado.
Resolvían muchos de los temas de justicia cercana a la gente, sin necesidad de ir a los juzgados civiles penales o familiares.
Es cierto que tenían poca actividad. Había límites en cuanto a los asuntos que podían conocer que les impedían ser de mayor utilidad, pero en lugar de ampliar su competencia, se optó por la desaparición de muchos de ellos.
A la fecha existen algo así como 28 juzgados menores mixtos, que conocen de la materia familiar, civil y penal, pero con el mismo acotamiento en cuanto a los montos de los asuntos de 100 a mil 500 veces el salario mínimo, o más bien dicho, a las UMAS, algo así como 162 mil pesos, que es nada.
Hicimos una revisión del último informe estadístico existente, que corresponde a este año en el periodo enero-junio.
Dicha estadística sorprendió porque son miles los asuntos de los que conocen en total este tipo de juzgados. Familiares son 16 mil 171, penales 13 mil 656; y civiles 10 mil 925, un número muy respetable.
Es cierto que hay juzgados que tienen muy poco trabajo, pero los hay que tienen una extraordinaria carga que atender, como Saucillo, Santa Bárbara o Ascensión.
Y estamos hablando de que los juzgados ya están localizados únicamente en las cabeceras municipales -y no en todas, sino en menos de la mitad-, con lo que se perdió la proximidad a los ciudadanos que son quienes buscan la solución de los problemas más urgentes y simples en materia de justicia próxima.
Son esos robos, abusos de algún vecino, o algún contrato no cumplido, cuyo monto no amerita tener que ir a la cabecera distrital, con lo cual se pierde mucho tiempo y dinero -que la mayoría de las veces no se tiene-, por lo que al final no costea hacerlo y las personas se quedan con el agravio, y con un mal sabor de boca de la justicia.
Éstos son los asuntos que deberían retomarse en una auténtica reforma judicial, atacar este tipo de justicia cercana a la gente en sus comunidades, en lugar en pensar en elegir a los jueces en boletas kilométricas durante los comicios ordinarios, lo cual es auténtica locura.
