-Alarma incursión de La Empresa en Chihuahua

-Sindicato del IMSS al estilo Venezuela

-Parecen parejeras entre TEJA y Congreso

-Oculta Coespris datos de negocios irregulares

La incursión plena en la ciudad de Chihuahua del grupo delictivo con origen y mayor fuerza en Juárez, La Empresa, mantiene preocupados y concentrados en su combate a todos los jefes de los órganos de seguridad allá, policías, preventivos, de investigación y militares.

Adjudican a esa agrupación la triple ejecución ocurrida la madrugada del domingo en el exterior de dos bares de los más concurridos por muchachos de clase media y alta. Fueron ejecutados dos jóvenes y una mujer; estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) ella.

Dos cosas son ciertas de algunas especulaciones tejidas sobre los hechos:

Primera: la matrícula de una camioneta pick up Ram blanca involucrada, está identificada por fuentes policiacas como propiedad (o que fue propiedad) de un supuesto alto mando del Cártel de Sinaloa, expiloto de la Fuerza Aérea, aunque era tripulada por otra persona al momento de la agresión, uno de los tres jóvenes asesinados originario de la ciudad de Chihuahua. Los otros dos muertos eran de Namiquipa.

Segunda: La Fiscalía de la Zona Centro con sede en la ciudad de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública del estado han determinado que los responsables pertenecen al grupo delictivo juarense y que alguno o varios de sus sicarios habrían huido hacia Camargo donde tienen amarradas fuertes alianzas con el grupo “dueño” de esa plaza, La Línea.

Todavía no ha quedado claro si el objetivo del ataque era el presumible alto mando del Cártel de Sinaloa, pero sí que los operadores de La Empresa siguen empeñados en conseguir el control del narcomenudeo en la zona más próspera de la capital del Estado.

Esa área es el Periférico de la Juventud, donde están ubicados justo los bares en cuyo exterior fueron asesinados los tres jóvenes; uno de ellos, en la Ram blanca; los otros dos, hermanos, ella 19 años; él, 28 años de edad.

Hasta el momento, gran parte del narcomenudeo en Chihuahua es manejado por facciones del Cártel de Sinaloa.

La llegada de los juarenses ha disparado los homicidios de menos de 10 mensuales hasta 50 en julio; agosto quedaría en poco más de 40.

Esa es la preocupación máxima de los jefes policiacos. Pretenden a toda costa impedir que la violencia se generalice en el centro neurálgico del estado.

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La elección en el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social salió peor que la de Venezuela. Cero transparencia y nula credibilidad marcaron el proceso, del que hasta ahora no se conocen los resultados con la certeza que debería tener todo proceso de este tipo.

El supuesto triunfo de Jorge Herrera ha sido ampliamente cuestionado, porque no existe claridad en los votos que recibió el candidato y los que obtuvieron los demás contendientes. Hay reclamos de diversas partes del estado, con mucha razón por la opacidad de un sindicato que, si bien nunca se ha distinguido por su transparencia, tampoco tenía un antecedente de cerrazón así de grave.

No es menor el botín que maneja la organización sindical. Le calculan los conocedores cinco millones de pesos en cuotas de los trabajadores, nada despreciable como para pelear y esconder la votación real, como ocurre justamente el lastimado país latinoamericano donde se ha eternizado Nicolás Maduro y el chavismo que representa.

Tal vez ese interés por manejar las cuotas a discreción es lo que motiva la batalla por la toma de nota a cargo de la Secretaría del Trabajo, que seguramente no va a ver con buenos ojos el secretismo con el que se han manejado los resultados.

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Llegó hace unos días al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el expediente integrado por la Secretaría de la Función Pública en contra del exgobernador Javier Corral, por graves faltas administrativas.

El procedimiento de investigación instaurado por la SFP, a solicitud de la Auditoria Superior del Estado, el EPRA-049/2024, documenta falsedad en la declaración patrimonial del exgobernador, por el famoso terreno caliente de la calle Costa Rica, allá en Juárez, que se “anexo” a un predio de su propiedad, donde tiene su residencia en la frontera.

Pues ese expediente, una vez en Oficialía de Partes, deberá dirigirse a una ponencia instructora, como cualesquiera otros asuntos, la cual analizará la competencia, aceptándola o no, radicar el expediente, y notificar a los interesados; al mismo Corral en su domicilio del Campanario en la capital o en el del despacho que lo represente, que suponemos tiene.

Luego, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, después de radicado el expediente se abre un período de hasta 15 días para sacar el acuerdo de admisión de pruebas.

Ya dependiendo del tipo de pruebas -como por ejemplo las documentales que no requieren desahogo- procederá a darse por terminada la instrucción de manera expedita; pero, si son ofrecidas otro tipo de pruebas, entonces habrá de verse si son aceptadas o no, y en su caso, tendrían que ser desahogadas. Lo cual implica más tiempo.

Terminada la fase de instrucción, viene un plazo de alegatos, y a partir del cierre el ponente tendrá 30 días para exponer el proyecto, mismo que si está complicado podría extenderse ese plazo otros treinta días.

Corral ha de estar haciendo changuitos para que se resuelva lo más rápido posible, pensando en que los magistrados fueron designados bajo su administración y podría tener más chance de librarla.

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Desde 2017, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Coespris) ha venido de alguna manera “protegiendo” a todos los negocios que regula y que caen en anomalías, algunas de ellas serias que pueden poner en grave riesgo a ciudadanos.

Lo anterior, bajo un argumento que podría considerarse o, fuera de lugar, o malinterpretado, equivocado o hasta ignorante.

La situación viene a cuento, ya que al solicitar el más reciente informe de sanciones aplicadas a comercios en lo que va del año, la Coespris da a conocer superficialmente que ha aplicado 107 suspensiones a establecimientos como restaurantes, servicios de salud y farmacias.

Algunos por falta de registro, por carecer de permiso para realizar procedimientos estéticos o falta de certificaciones, y a farmacias por la venta de medicina extranjera que no cuenta con registro de la misma instancia, pero federal, la Cofepris.

El asunto es que ha evadido decir cuáles son esos negocios, contraviniendo el principio de máxima publicidad, poniendo por delante la Ley de Protección de Datos Personales, pero sin citar un solo artículo de esa legislación que argumente jurídicamente su situación.

Como recordatorio, la Ley General establece en su artículo 4 segundo párrafo que “toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley”.

Nada más claro que eso.