Opinión
Jueves 20 Jun 2024, 06:10
OPINIÓN
Deben entender que ruteros no harán caso
Esperemos que las autoridades de Transporte caigan finalmente en la cuenta que tanto los camioneros de personal de maquila como los concesionarios ruteros no son dignos de mayores confianzas
La Columna De El Diario
-Deben entender que ruteros no harán caso
-Sería error guinda local dejar ir carreteras
-Dejó Transporte por asuntos familiares
-Hay mina de oro en graduaciones
Esperemos que las autoridades de Transporte caigan finalmente en la cuenta que tanto los camioneros de personal de maquila como los concesionarios ruteros no son dignos de mayores confianzas.
El camión modelo 2009 que la cortó la vía libre a un auto Versa la madrugada del martes entre la Antonio J. Bermúdez y Volta forma parte de uno de los cientos de vehículos que han seguido recibiendo consideraciones extraordinarias para circular sin placas y en modelo más viejo del legalmente permitido. En este caso rebasaba ya por cinco años los 10 como máximo.
El pesado armatoste literalmente pasó por encima del Versa y ocasionó la muerte del matrimonio integrado por Mario Palomo y Vanessa Sandoval. Quedó gravemente lesionado su hijo de siete años de edad. Empezaban apenas el trajín diario de trabajo y escuela.
Esa desgracia pudo haberse evitado porque el camión simplemente no debió andar circulando. Aún en tales condiciones fue contratado por la maquiladora Adient 3, una empresa estadunidense dedicada a la elaboración de asientos para automóviles.
Las autoridades de Gobierno estatal han otorgado aplazamientos para la modernización tanto de camiones de personal como ruteras de transporte público aún con la nueva Ley de Transporte que entró en vigor desde hace ya más de dos años.
A los ruteros de transporte público inclusive les fue autorizado incremento sustancial en las tarifas hace más de un año (abril del 2023) bajo la condición de la modernización. Siguen en las mismas, sus camiones son hasta 20 años viejos.
Los funcionarios de Transporte han tratado de llevar la fiesta en paz tanto con las empresas maquiladoras como con los integrantes de las auténticas mafias que son los camioneros en virtud de que las anomalías vienen de muchos años atrás y privilegian la estabilidad de los trabajadores, pero ya no habrá en adelante pretexto que valga.
Tanto las empresas como los camioneros deben ser sometidos a la ley particularmente en materia vial y evitar que sigan ocurriendo fatalidades como la del martes en la madrugada, con la agravante de que el chofer huyó y se entregó hasta ayer.
Ese fue uno de los casi 250 accidentes que han sido protagonizados por ese tipo de unidades en el presente año.
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Dicen en la estructura estatal de Juárez que fue una falla en el timing, más que otra cosa, la noticia sobre la salida del arquitecto Alberto Martínez de la Dirección de Transporte en la frontera. En realidad había dejado la oficina hace alrededor de dos semanas.
Su cambio se dio a conocer ayer, justo en el marco del accidente mortal ocasionado por una rutera “chueca”, pero supuestamente no fue consecuencia de esos hechos lamentables.
Aseguran que Martínez Baylón tenía asuntos personales y familiares que atender en Chihuahua de manera prioritaria, por lo que desde comienzos del mes entregó las llaves de la oficina a Iván Octavio Muñoz Piñón, quien sigue como encargado de despacho.
Hubo importantes diferencias entre Martínez y sus jefes máximos en la ciudad de Chihuahua, pero no fueron las suficientes como para propiciar su salida. El camionazo fue meramente circunstancial.
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Obtuvo Chihuahua desde la década de los noventa la concesión para la explotación y conservación de cuatro tramos de carretera federal, todas ellas correspondientes a la carretera 45 o Panamericana.
Son concesiones que le dan a la entidad entre 200 y 230 millones de pesos mensuales, unos dos mil 580 millones de pesos al año.
Con esos dineros se paga el servicio de deuda bursatilizada adquirida, renegociada en 2013 y de nuevo en 2020, de la cual se deben en este momento como 15 mil millones de pesos.
Las concesiones están pactadas hasta 2028 y 2049, por lo que las carreteras seguirán siendo una garantía de pago para la deuda e inclusive aún podrían soportar nuevos financiamientos, porque han tenido muy buen comportamiento.
Ha existido un aumento de uso de la carretera después de la pandemia en la mayoría de sus tramos, entre ellos el de Villa Ahumada, hasta de dos dígitos algunos meses.
Pero, además, como está dentro de las obligaciones el mantenimiento a la carretera ha sido una de las prioridades dentro de la estructura de captación de ingresos, por lo que ningún año ha dejado de existir inversión en dichos tramos concesionados.
Por ejemplo, en el 2020, fueron invertidos 542 millones de pesos en mantenimiento, superados en el 2021 hasta llegar a los 608 y en el 2022 a 783 millones.
De ahí la gran diferencia al transitar sobre tramos federales no concesionados y los concesionados al estado; en los primeros hay hoyancos cada 100 metros.
Fue un buen negocio para la federación la concesión, al quitarse un problema de encima, y para el estado, ha sido fuente de financiamiento para obras prioritarias, pero, además, de conservación de las mismas carreteras.
Ampliar las concesiones, en lugar de una eventual cancelación anticipada de las mismas, debería ser una propuesta que enarbolen los legisladores por Chihuahua, especialmente por parte de los nuevos, esa sería una extraordinaria estrellita en la frente.
Es más, debería ser prioridad, porque tal vez sean ellos quienes ostentan la marca Morena, quienes aprovechen una disposición federal de esta naturaleza, casi con la silla de palacio de Gobierno en la bolsa, por el tsunami electoral que acaba de ocurrir, lo que daría respiro financiero al arranque y durante los primeros años.
Los datos son de HR ratings extraídos del reporte de septiembre del 2023 a la emisión bursátil CHIHCB 13U.
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Los constantes eventos de la temporada que mantienen llenos los principales gimnasios públicos de la ciudad, principalmente graduaciones, resultaron una mina de oro para los encargados de estos espacios, que se presume son los administradores.
Son hasta mil pesos los que cobran por permitir el acceso a fotógrafos independientes, agremiados al sindicato de fotógrafos de Ciudad Juárez, para que tomen fotos de los graduados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Ocurre lo mismo en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres. Alguien que pretenda entrar con cámara, debe acreditar que es familiar o amigo de alguno de los festejados, o debe mocharse con esa módica cantidad.
Si en una graduación hay 10 grupos, y hay también un fotógrafo por cada uno de ellos. La ganancia por uno solo de estos eventos deja una derrama económica de hasta 10 mil pesos para estos vivos personajes, de los que prometen darnos nombres.
No se sabe si están en completo contubernio con los administradores de los gimnasios, pero de que hay una mafia que mella el ingreso de los profesionales de la fotografía, la hay.