-Alta velocidad e irresponsabilidad por la Teófilo

-Prisión oficiosa es en favor de víctimas

-Presiones contra la resistencia del peso

-Hay 150 millones para jubilaciones de jueces

Nada haría imaginar al conductor de un Volkswagen Atlas 2018 ser embestido repentinamente en una vialidad como la Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria que, en domingo a las siete de la tarde, ya oscuro, apenas da para un poco más de vuelta de rueda.

El Atlas fue impactado por un Nissan Altima 2022 que, de carambola, se llevó a un Nissan Versa modelo 2018. De puro milagro la situación no pasó de severos daños materiales. El Altima era conducido por Jonathan Israel V. V.

No ocurrió lo mismo con una Ram gris que golpeó a una moto Itálica, prácticamente la destrozó; luego le pegó a un Sentra al que hundió toda la parte trasera, cuya conducta debió ser llevada al Seguro Social en condición crítica.

Aunque ambos choques fueron bastante aparatosos por fortuna no hubo fatalidades qué lamentar. El conductor de la Ram, con placas de Nuevo México, alcanzó a huir y meter la camioneta al estacionamiento de Misiones, ahí la dejó y huyó de inmediato. Está plenamente identificado.

De acuerdo a los videos tomados por las cámaras de seguridad (visibles en La Columna digital), los conductores del Altima y la Ram iban “jugando carreras” por la Teófilo Borunda en sentido Oriente a Poniente, se pasaron el semáforo en rojo de Paseo de la Victoria y colisionaron con los otros vehículos.

Las imágenes no dejan lugar a dudas sobre la velocidad que llevaban y la total falta de buen criterio; la irresponsabilidad sin límites, de los conductores participantes de semejante conducta menos que infantil.

Deben las autoridades correspondientes sancionar con severidad a esos conductores y ajustar los mecanismos de vigilancia para evitar que circulen por las calles esas bombas de tiempo.

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La polémica reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, que agrandó la lista de delitos por los que deberá aplicarse la prisión preventiva oficiosa, ha sido reducida al reclamo de los derechos humanos de los detenidos, considerados presuntos responsables de algún acto ilícito.

Para algunos de los jueces federales que despachan en Chihuahua, la determinación del Congreso de la Unión se ha tratado de pintar como un retroceso en materia penal y derechohumanista de nuestras leyes, pero ha dejado de lado un aspecto vital de la persecución de los delitos: las víctimas.

En primer lugar, asientan esos juzgadores que ven con buen ojo la reforma, ellos podrán dictar la cautelar sin meterse en el problema de justificarla, lo que suele ser algo complicado tratándose de delincuentes de alto perfil, que tienen sus formas duras de presionarlos.

Al ser oficiosa, los jueces podrán dictar la prisión preventiva sin tener que lidiar con esas presiones, que no han cambiado a lo largo de la historia; son el clásico plata o plomo, así de simple.

En segundo término, pero más importante incluso que el primero, la cautelar está orientada a proteger a las víctimas.

Porque no es posible que, por respetar los derechos humanos de alguien que amenazó con golpear, matar, descuartizar o decapitar a un comerciante -por ejemplo- quede en libertad mientras es llevado a juicio. Eso en el caso de la extorsión, pero igual aplica a los delitos relacionados con el fentanilo y otros precursores químicos.

Desde la óptica de los jueces, pues, no tiene que verse la reforma únicamente desde la visión de los presuntos responsables de delitos, especialmente de los que tienen de sobra para pagar abogados, sino desde la visión de las víctimas de sus delitos.

No hay que olvidar, insisten, que el reclamo social es el de combatir la impunidad y proteger a las víctimas, que a veces son ignoradas en la dinámica de respetar los derechos humanos de consumados e irredentos delincuentes.

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Para nadie es un secreto que el crecimiento electoral de Morena está en el centro y sur del estado, por lo que no sorprende que precisamente el acento en presencia lo ponga Cruz Pérez Cuéllar en aquellas regiones.

En ese colmillo y decisión no ha dejado el alcalde de cuidar ciertas formas aún y cuando pudiera no hacerlo; por ello no son los donativos directos de equipo, bienes muebles y vehículos por parte del ayuntamiento juarense, el principal caballito de batalla.

Así en ese actuar filantrópico de ayuda a seccionales e incluso ayuntamientos del centro sur del estado, está echando mano de su relación con quienes son expertos desde hace muchos años en gestionar en los Estados Unidos.

Así, por ejemplo, el fin de semana, cuando estuvo en Valle de Zaragoza, Villa López, Coronado y Parral, se hizo acompañar de la Asociación Civil Más por Chihuahua, para precisamente efectuar esos donativos.

Entregó en los dos primeros municipios camiones para recolección de basura, una retroexcavadora en el último, y en los otros, incluyendo la “capital del mundo”, equipamiento para escuelas.

Ahí en Parral, llegó como Santaclós, con 334 bancas, 112 pupitres dobles, 28 archiveros, 42 escritorios, 177 mesas de trabajo, 485 sillas, 57 sillas de oficina, 40 libreros móviles, 10 estantes, 2 mesas redondas, 5 percheros, 2 casilleros, 12 bancos y 2 sillones.

La ambulancia en Naica también es producto de esas donaciones gestionadas por dicha Asociación con conectes del otro lado del Bravo.

Los tiempos cambiaron, hay permisividad electoral, el munícipe no se va a quedar de brazos cruzados, ni va a ceder un milímetro de avance en el camino al 2027, que inició desde el lunes mismo, un día después de los comicios del pasado dos de junio.

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Aunque la previsión oficial de la Secretaría de Hacienda para el año próximo es que el peso mexicano recupere terreno, los que mueven las divisas en tierra, como casas de cambio y bancos que trabajan con la realidad del día a día, ven fuertes presiones para el cierre de este año.

La estimación en el Paquete Económico 2025 es que el tipo de cambio termine 2024 en alrededor de los 19.70 pesos por dólar, para corregirse hacia el año próximo no en los niveles del “súper peso”, pero sí alrededor de los 18.50.

Sin embargo, en las operaciones cotidianas en zonas fronterizas durante la semana pasada, después de varios días de ganancias y leve mejoría de la moneda mexicana, vinieron jornadas bajistas que la depreciaron en relación a la norteamericana.

Desde una perspectiva de tendencia semanal, el tipo de cambio podría estar preparando una nueva fase alcista, a la vista de los análisis que hacen, insistimos, los que hacen operaciones diarias con efectivo y transferencias, desde módicas hasta grandes cantidades.

La resistencia a corto plazo se encuentra cerca de 20.50 pesos por dólar y, si llega a romperse como parecía hacia el fin de semana, es probable que suba hasta 22 pesos por dólar.

Esto representaría un impacto negativo considerable para el flujo de capital en el mercado mexicano, que también está resintiendo el cambio de gobierno, las reformas masivas, el clima político de Estados Unidos que le ha dado fortaleza al dólar y otros factores.

Veremos, pues, si los efectos que presionan al peso son pasajeros y de corto plazo solamente.

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Con un fondo de 150 millones de pesos sin tocar de forma significativa, el Poder Judicial del Estado puede enfrentar el retiro de 60 juzgadores -51 de primera y nueve de segunda instancia- que pretenden irse antes de enfrentar la reforma que obligará a la elección directa de jueces y magistrados.

Todos los que han dicho adiós de forma anticipada, tal como lo dio a conocer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, reúnen los requisitos para su retiro, con todas las ventajas que les otorga la ley.

Tienen pensión dorada garantizada, servicio médico y prestaciones superiores a las que se otorgan en el sector privado, así que no tienen necesidad alguna de aguantar la pesada incertidumbre a la que han sido sometidos todos los jueces del país, estatales y federales.

De acuerdo con estimaciones basadas en los años de servicio en el Poder Judicial, algunos de los magistrados que podrían jubilarse son: Pablo Héctor González Villalobos, Rogelio Guzmán Holguín, Margarita Cárdenas, Javier Talamantes Abe, Roberto Siqueiros Granados y Norma Angélica Godínez Chávez, entre otros.

Los demás estarán a la espera de que puedan convencer a los diputados locales de una reforma que les permita un retiro anticipado con prestaciones mejores a las que alcanzarían si se van ahora, sin tener todos los requisitos vigentes para su pensión o jubilación.

Porque el fondo actual disponible no resiste más del 20 por ciento estimado de personal de altos niveles que va por el retiro.