-Otro embargo relacionado con “Carlitos Güey”

- “El Bayo” no se mueve porque no hay para viáticos

-¿Van a desacatar casi 250 amparos?

-Casi a pico y pala en carreteras federales

Al menos una decena de empresarios medios y grandes de esta frontera se alegraron ayer ante la esperanza de recuperar uno o varios millones de pesos prestados o entregados en calidad de “inversión” a uno de los suyos, propietario de la popular licorería, “Carlitos Güey”, de la Gómez Morín.

Nada de ese dinero regresó a sus dueños ni en los montos entregados y menos con utilidades de las supuestas inversiones. Al estilo de este tipo de casos que desafortunadamente son pan de cada día y algunos terminan convertidos en auténticos escándalos sociales como los de Aras y Vitas, el promotor de los fraudes, dueño de Carlitos, Felipe V., primero dejó de contestar llamadas telefónicas y después anduvo de casa en casa para no ser localizado. Su principal promotor en el negocio es Luis D.

Varios afectados interpusieron sus correspondientes denuncias. Hace meses dio a conocer El Diario información relacionada con el embargo de esa famosa tienda precisamente por una orden judicial que buscaba restituir lo defraudado a una de las víctimas. Sigue abierto el negocio pero aparentemente en medio del litigio.

Desconocemos cómo va ese caso, pero ayer supimos que otra nueva orden judicial de embargo llegó al exclusivo fraccionamiento Los Nogales, donde fue sujeta de aseguramiento una de las residencias de Felipe V.

Casi todos los empresarios afectados con la conducta del supuesto delincuente de inmediato cruzaron llamadas para conocer los detalles del hecho y buscaron saber en los juzgados cómo van sus propios casos, pues los procesos legales en la búsqueda de recuperación de su dinero apenas están iniciando mientras los proceso más añejos ahora rinden sus frutos con esos primeros embargos.

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Por lo menos para la foto del arranque-inauguración de la Convención Nacional Anticorrupción no llegó ayer a Cuernavaca, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, aunque sí su antecesora, Gema Chávez y el patrón de ella, el exgobernador y expanista, hoy acomodado senador morenista, Javier Corral Jurado.

Ya conocemos el cinismo tanto de Corral como de su pupila, el primero goza de fuero constitucional, pero en Chihuahua es considerado prófugo precisamente por corrupción. No es uno, sino varios procesos legales los que enfrenta por malos manejos registrados durante su administración, incluyendo el posible peculado.

Acudió el exmandatario en calidad de senador, pero quien debió estar presente en ese evento nacional es precisamente “El Bayo” Valenzuela. Algún par de indirectas o bien directas no hubieran sobrado para dejar en claro la falta de calidad moral de Corral para apersonarse en un evento de esa naturaleza. Acudieron los fiscales anticorrupción de todo el país.

Sabemos que una de las razones por las que Valenzuela no estuvo en la ciudad de la eterna primavera es porque se acabó el presupuesto de la Fiscalía desde septiembre y ahora no tiene ni para viáticos; y eso de sacar de su bolsa, o pegarle al gordote cochinito, nomás no.

Esa fue la razón de su ausencia.

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Quién diría que los diputados locales, que en su momento promovieron una controversia constitucional contra la reforma judicial, ahora andan que se les queman las manos por armonizar Constitución estatal para sacar la elección de juzgadores del Tribunal Superior de Justicia en 2025.

El problema no sólo es la contradictoria actitud de los legisladores, sino que en octubre, los juzgadores de Juárez y Chihuahua tramitaron cerca de 250 amparos, sobre los cuales se otorgaron suspensiones definitivas para que los efectos de la reforma judicial a nivel nacional no les afectaran.

Entre los actos que se pedía suspender estaban la elección popular directa de las plazas que actualmente ocupan y la reducción salarial con tope en lo que percibe la persona titular de la Presidencia de la República.

Pero los propios coordinadores los grupos mayoritarios, Arturo Medina del PRI, Alfredo Chávez del PAN y Cuauhtémoc Estrada de Morena, o algunos de los integrantes de sus bancadas, andan empujando para que la reforma judicial local quede lista lo más pronto posible.

Esto implicaría un claro desacato del mandamiento de los jueces de distrito. O sea, quieren copiar el estilo de la 4T y la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la mañanera dijo que no eliminaría el decreto de la reforma judicial pese a que sí lo ordenó una jueza, pero el Congreso del Estado incurriría en responsabilidades por incumplir con dichas suspensiones.

Aunque parece chiste, el incumplimiento de dichas suspensiones podría derivar en sanciones administrativas y penales, incluyendo la imposición de multas, la destitución del cargo y la consignación directa ante la autoridad judicial correspondiente.

Incluso podría culminar en una sanción penal federal por el delito de incumplimiento de una suspensión, conforme a los artículos 192 y 262 de la Ley de Amparo.

Quizá piensan que si a Claudia no le pasó nada, tampoco a ellos, pero el asunto es que muchos de los diputados pegaron el grito en el cielo por el desacato presidencial y pregonaron la importancia del respeto irrestricto a las resoluciones emitidas en materia de amparo para garantizar la vigencia del estado de derecho.

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Mandó el ayuntamiento de Coyame del Sotol la imagen de los primeros trabajos que realiza para tratar de aliviar en algo las condiciones pésimas de la carretera federal que comunica dicho poblado con Ojinaga.

Puede observarse en la imagen a un trabajador con un equipo de aplanado del asfalto, colocado sobre las grietas del pavimento sumamente dañado.

Así o peor hay algunos tramos federales en la carretera Chihuahua-Juárez.

Trabajo loable -con recursos propios, como si Coyame no tuviera otras necesidades-, pero muy rudimentario. Casi a pico y pala literal el mantenimiento.

Tiene Coyame apenas 32 millones de presupuesto para este año, que ejerce en servicios personales más de la mitad; para inversión pública tiene apenas seis millones.

De este último rubro, y de alguna economía, debe rascar el ayuntamiento para invertir unos cientos de miles en parchar cuando menos la extensa carretera federal, que el gobierno de la República ya olvidó que existe.

Imaginemos a Villa Ahumada sacando de su exiguo presupuesto de ocho millones para inversión pública este año, unos pesos para la carretera federal. Imposible.

Pues a Coyame no le quedó de otra.

Los 142 kilómetros que hay de carretera de Chihuahua a Coyame están decentes para las condiciones de la que corre de Coyame a Ojinaga, en una extensión de 88 kilómetros, atravesando el cañón del Pegüis.

Irresponsabilidad en la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, no solo en dejar de invertir, sino también en permitir el bacheo a un municipio con pequeña capacidad aún con todas las ganas que tiene de hacer algo por esa carretera descuidada.

Podrá decir la SICT que le tocan como cien mil pesos de mantenimiento por cada kilómetro de los mil 500 dañados a nivel estatal, con los 177 millones que tiene para este año, pero es su obligación hacer gestión y presionar, porque la carretera ya está sufriendo daños estructurales, que requieren algo más que una manita de gato