Opinión
Sábado 07 Sep 2024, 06:10
OPINIÓN
Arman curso urgente vs secuestros
Regularmente, estos cursos van dirigidos a los escoltas y encargados de la seguridad de empresarios y políticos de alto perfil, con el objetivo de prevenir un riesgo de secuestro, pero en esta ocasión no es la misma tónica
La Columna De El Diario
-Arman curso urgente vs secuestros
-Otro golpe a la alcaldesa del escándalo
-Aplaudido Cruz allá en Bucarelli
-Parece que no habrá más entrada a “chuecos”
Está siendo promovido por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Juárez un insólito curso titulado "Secuestro, prevención, reconocimiento y reacción" (imagen en la edición digital), que tiene entre sus objetivos "comprender la psicología del secuestrador" y "aplicar probabilidades de supervivencia en situaciones de secuestro".
Es obvio que esta capacitación va dirigida a quienes permanecen en riesgo de ser víctimas del delito de privación ilegal de la libertad.
Regularmente, estos cursos van dirigidos a los escoltas y encargados de la seguridad de empresarios y políticos de alto perfil, con el objetivo de prevenir un riesgo de secuestro, pero en esta ocasión no es la misma tónica.
La oferta responde a una necesidad; en fechas recientes se han presentado casos de secuestros, pero no de migrantes que se cuentan por separado y que han sido por decenas; no sería exagerado asegurar que han sido centenas, pero cada vez hay menos migrantes a quienes secuestrar.
Ahora estos casos son secuestros de comerciantes y empresarios medianos. Y, aunque la cifra negra todavía es una incógnita, quizá los empresarios locales saben algo que las corporaciones policíacas desconocen o no han querido decir, no al menos del tamaño de la realidad.
Por lo pronto, el objetivo plausible del curso es que todo aquel o aquella que vea riesgo de secuestro busque su inscripción al mismo y aprenda a tratar con el o los secuestradores.
Ojalá sea de utilidad esa ingeniosa aportación frente a las actuales circunstancias de, efectivamente, riesgos cada vez mayores.
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Era un secreto a voces, nos aseguran, que el tesorero de Nuevo Casas Grandes, José Luis Gallegos Armenta, estaba acusado de violencia familiar, así que no fue una sorpresa su detención por parte de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dada a conocer el pasado jueves.
El tema era algo más que un chisme entre la clase política regional. La demanda era conocida desde días antes, aunque la orden de aprehensión obsequiada por la justicia estatal no se sabe cuánto tardó en ser ejecutada, a partir de su emisión decretada por un juez de control penal.
El tema, también, debe circunscribirse al ámbito de lo personal de Gallegos Armenta, aunque eso sea complicado dado que desde diciembre de 2023 fue designado como tesorero, en el marco de una prolongada purga realizada por la alcaldesa de los escándalos y digna sucesora de Cinthia Marina Ceballos, Edith Escárcega Escontrías. Por eso, dejamos de lado el fondo familiar y personal de la delicada acusación.
Sin embargo, lo que reclaman los pobladores de Nuevo Casas Grandes es que la presidenta municipal se mantuvo de brazos cruzados y hasta protegió, de alguna manera, al funcionario que le dio la confianza para manejar los dineros públicos.
Es reprobable, consideran, que siendo mujer haya optado por hacerse de la vista gorda, en vez de exigir a todo su equipo mantener un comportamiento personal, familiar, en público y hasta en lo privado, de forma impecable, porque es lo mínimo que se espera de cualquier funcionario.
Es reprobable, dicen, pero no sorpresivo, pues ha sido la misma actitud de dejar pasar, dejar hacer a todo su equipo, siempre que no le toquen sus intereses personales y los grupales que la rodean y, tal vez, hasta la controlan.
Lo mismo ha ocurrido con otras conductas cuestionables de regidores, funcionarios del gabinete y hasta de segundo o tercer nivel, que enfrentan señalamientos de toda índole, relacionados o no con el servicio público, que ella opta por esconder o cerrar los ojos, lo que la convierte en una poco eficaz primera autoridad municipal.
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Anduvo ayer el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, muy reconocido en la Ciudad de México, específicamente en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación.
Recibió el munícipe el reconocimiento al municipio más cumplido en materia de desempeño municipal, conforme a una métrica en la cual colaboró en su captura la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
La calificación obtenida es de 88.1, con base en la guía consultiva de desempeño municipal 2024 y el modelo de buenas prácticas municipales.
Elevó su calificación de manera significativa el ayuntamiento juarense en el último año de ejercicio dentro de la administración de Pérez Cuéllar. En el 2022 la puntuación global era de 42%, para subir en 2023 a 70% y finalmente este año alcanzar la máxima puntuación de los municipios en la entidad.
Debió apretar el juarense para acelerar el paso y mejorar los indicadores, entre los que destaca la tasa de crecimiento real anual en la recaudación del impuesto predial, la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos, la tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per cápita, así como la cobertura de alumbrado público.
Es este reconocimiento un asunto que tenía bien guardadito el alcalde, y que, por supuesto deberá presumir no solo en Chihuahua, sino con sus amigos los guindas, porque superó los indicadores de la capital del estado.
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Cumplida la primera semana de septiembre, quedan otras tres para que el decreto de regularización de “chuecos” concluya sin que hasta el momento se visualice la extensión por otros tres meses, o que se quede de manera definitiva como tras bambalinas ha sido sugerido.
Las cifras más actualizadas dicen que hasta mayo habían sido regularizados 119 mil 884 autos usados de procedencia extranjera en Juárez, poquito menos de la mitad de la proyección que se tiene de este tipo de unidades circulando sin placas.
Es decir, que debe andar rodando otra cantidad similar o apenas mayor, puesto que apenas en mayo, la Coordinación de Seguridad Vial estimaba que eran 200 o 250 mil los que tenían vigente esta característica de “chocolate”.
Ni los nuevos legisladores federales cercanos al presidente López Obrador, como Juan Carlos Loera de la Rosa, tenía idea hasta ayer de que el decreto vaya a prolongarse por otro trimestre.
Ha habido factores que han hecho lento el proceso de registro. Primero, mucha confusión entre la ciudadanía sobre los términos, así como problemas por el cambio de ubicación del módulo en El Punto, o constantes caídas del sistema.
Otros son los cierres por contingencias climáticas, y no se diga los actos de corrupción que han originado el despido de mucho personal, o hasta personas engañadas a través de redes sociales.
Existe o existió una propuesta para que en lugar de mantener el decreto por tiempo indefinido, cambie la legislación para que sea a través de una importación la introducción de este tipo de vehículos, pero no se sabe nada.
Seguramente habrá que esperar a que se instale la nueva presidenta Claudia Sheinbaum para saber si se extiende o no el programa. Mientras tanto la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz está a la expectativa.