Ciudad de México.- Usualmente de talante conservador, resulta por lo menos curioso observar a los jueces protestando por las calles por la reforma aprobada por la Cámara de Diputados y que ahora está en manos de los senadores.

La profesión de la cual se nutren los órganos jurisdiccionales es la de los licenciados en derecho, profesión en la que no descubriremos el hilo negro si la calificamos como una de las actividades más conservadoras de todas. Así ha sido siempre y es difícil remontar y variar un estado de cosas de la noche a la mañana. Muchos de los profesionales del derecho son incapaces de observar su objeto de estudio desde una concepción crítica, de ahí, en parte, la idealización que se hace tanto del derecho mismo como de su propia actividad.

Al entronizarse la profesión del abogado y su objeto de estudio, por un efecto de franca extensión y por otros factores que no se pueden enumerar en este corto espacio, se idealiza la figura de los jueces. El juez aparece, de pronto, en el imaginario profesional, como una especie de titán de la justicia. Un problema filosóficamente tan complejo como el de ese valor, de repente aparece casi antropomorfizado en un ente al que se le adhieren características que en realidad no tiene. Algunas de esos rasgos que ahora explicitan en el texto de las cartulinas que portan en las marchas, el poder judicial mexicano nunca los ha tenido. Y no precisamente por razones o aspectos individuales, sino porque la compleja interacción de los poderes formales y fácticos simplemente no lo ha permitido.

Sólo por vía de ejemplo: se alude a una supuesta independencia judicial que siempre ha brillado por su ausencia, tanto a nivel federal como a niveles locales. Para nadie es un secreto que jueces y magistrados en las entidades federativas, con mucha frecuencia, acceden a sus espacios por tener el visto bueno del gobernador o gobernadora en turno, o cuando menos, de alguien muy allegado a ese poder formal. Ese escenario no es privativo de una entidad, sino que es algo que permea a lo largo y ancho del país. ¿Qué libertad e independencia puede tener alguien que sabe que, sobre todo tratándose de casos espinosos o trascendentes, debe rendirle, con su fallo, buenas cuentas a quienes, de una u otra forma, participaron en su nombramiento?

Y esa supeditación se observa, inclusive, en las formas de la relación del poder judicial con el poder ejecutivo. En los estados, es hasta irrisoria la manera en que los jueces y magistrados rinden pleitesía a los gobernadores en turno. Por supuesto, siempre existen valiosas excepciones de juzgadores que se dan su lugar en esa relación. Mantienen, no sin sobresaltos y esfuerzos, ciertas dosis de dignidad. Nuestro estado tiene, en ese sentido, jueces y magistrados valiosos, pero lamentablemente, no se puede generalizar esa caracterización a todo nuestro aparato jurisdiccional.

Esa falta de independencia se observa hasta las más altas esferas y se identifica también en las relaciones de los poderes federales. Este es, pues, un problema histórico que, de alguna forma, otros presidentes de épocas relativamente recientes también observaron. Es el caso del expresidente Ernesto Zedillo, bajo cuyos auspicios, a finales de 1994, se introdujo una reforma a la composición y función de la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto, no se trató de una modificación de gran calado que cimbrara a todo el aparato judicial, pero buscó quitar parcialmente muchas de las telarañas con que funcionaba la Suprema Corte, en muchos sentidos momificada, de décadas anteriores.

Otro aspecto que los jueces ahora marchantes enarbolan en sus pancartas de protesta es la supuesta sapiencia, pericia y conocimiento que, afirman, es una de las garantías de los jueces. Al respecto, habría que bajarles dos rayitas a esos rasgos. Por supuesto, tenemos en México muchos jueces y magistrados estudiosos, pero también existen cientos de juzgadores que adolecen de muchas herramientas cognitivas, conceptuales y metodológicas para realizar bien su trabajo. En muchos de ellos, su formación se reduce a un legalismo, sino es que, a un culto a la codificación, que no brinda mayores elementos de descubrimiento y adecuada justificación de sus fallos. Así pues, un poco de mesura les caería bien a la hora de asumir una posición autoevaluativa.