-Coyota en la regularización de chuecos

-Viene otra sacudida con la Guardia Nacional

-Presas internacionales al rescate de pago

-Partidos fuera hasta del INE

El sábado publicamos la acalambrada que recibió el equipo encargado del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) que despacha en la planta baja de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Chihuahua.

Desde aquellas fuentes informativas supimos no sin sorpresa que la exdiputada duartista a la que nos referimos es nada más y nada menos que Laura Domínguez.

Lo anterior fue corroborado por lectores de La Columna en su cuenta de Facebook, que nos proporcionaron pantallas que mostramos en la versión digital.

En grupos privados como Pinky Promise, aparecen sendos anuncios publicados por Domínguez ofreciendo trámites de regularización a través del decreto cuyo registro costaba 2 mil 500 pesos.

Lo mencionamos en pasado porque son precisamente los coyotes como quienes acapararon todas las citas por las que no cobran menos de dos mil 500 pesitos, más el costo de documentos adicionales como el shipper export, por el que cobran 800 pesos extras.

Mientras tanto, los ciudadanos que quieren hacer el registro no encuentran cita o se topan con mil trabas que los llevan a buscar por fuera, registrar sus vehículos chocolate.

No es nada legal la intervención que hacen este tipo de intermediarios, conocedores muy bien de leyes. Encarecen irregularmente trámites que debieran ser sencillos.

***

Pocos lo saben en realidad, pero en la amplia trayectoria que ha tenido el general, Ricardo Trevilla Trejo, próximo secretario de la Defensa Nacional, aparece la responsabilidad de haber creado el llamado Estado Mayor Conjunto, que posibilitó el pase material de la Guardia Nacional al Ejército en materia operativa.

Es el general secretario de la presidenta Claudia Sheinbaum el autor intelectual del modelo de intervención de la Sedena en materia de seguridad pública, a pesar de la reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador para ese fin, que le declaró inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Muy posiblemente, según lo que se maneja en los círculos políticos y militares con afinidades morenistas, fue ese proyecto el que le ganó a Trevilla Trejo el nombramiento presidencial, de entre los candidatos que le presentó a la próxima jefa del Ejecutivo Federal el actual secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.

El tema viene a cuento porque, tras la reforma judicial sacada con oposición completa de la SCJN y todos los tribunales federales y locales, dicen que a partir de mañana podría fraguarse la nueva reforma prioritaria que pretende heredar López Obrador, la cual también está totalmente palomeada por Sheibaum Pardo.

El nuevo cambio sería el pase formal de la Guardia Nacional a la Sedena en materia operativa, así como nuevas facultades y limitaciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, en materia de inteligencia y coordinación tanto con la Defensa como con la Secretaría de Marina.

Es la tan temida militarización concretada en la ley, al menos así lo ven los más escandalosos de la oposición a Morena; en términos muy sencillos y claros, la Guardia Nacional pasaría formalmente a ser una Comandancia  General supeditada a la Sedena, así como ahora es el Ejército y la Fuerza Aérea.

Así, nos anticipan que este será el siguiente choque en la Cámara de Diputados, dentro del paquete de una veintena de reformas planteadas por los presidentes saliente y entrante. El gran reto es sacar la discusión antes del primero de octubre.

***

El 24 de octubre del 2020, el gobierno de México, a través de Conagua y -suponemos- los respectivos acuerdos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, pagó a los Estados Unidos cerca de 319 millones de metros cúbicos de agua, adeudados del quinquenio correspondiente y arrastrados inclusive del anterior.

El pago salió de las presas internacionales La Amistad y Falcón, pero incompleto, porque México apenas tenía en ellas arriba de los 200 millones de metros cúbicos; el resto fue una especie de “préstamo”.

No podía salir en aquel entonces el pago de Chihuahua -principal fuente de agua a través del Río Conchos y La Boquilla- porque apenas quedaba para el ciclo agrícola, y eso castigado.

La tozudez y cerrazón provocaron el enfrentamiento violento entre agricultores y Guardia Nacional, con saldo de Jessy Silva muerta, su esposo herido de bala y tres detenidos, con varios elementos militares federales en juicio, del cual nada se sabe y tiene aroma a impunidad.

Al concluir el próximo año el quinquenio correspondiente, específicamente en el mes de octubre, debería ir previendo tomar de ahí el agua que se le debe a los Estados Unidos, en caso de que las condiciones de La Boquilla no mejoren. El camino ya lo conocen.

Tiene en la actualidad la presa La Amistad casi 800 millones de metros cúbicos de agua y la presa Falcón, cerca de 400, por lo que muy bien pudiera pensarse en abonar de ahí.

Falta mucho tiempo, pero con La Boquilla al borde de secarse -casi literal-, en un 16 por ciento, con una lluvia que apenas le ayuda a mantenerse a flote y solo da para terminar el actual ciclo agrícola, tendría que irse evaluando la salida política internacional con mucha antelación, con la reserva de una eventual mejora en la captación del agua pluvial en lo que resta del tiempo.

O bien, patear el bote y esperarse al 2030, que es lo más probable que ocurra.

***

Resulta que perdido en las cerca de 50 hojas del decreto de reforma judicial aparece un apartado, en el extenso transitorio segundo, que deja fuera a los partidos políticos no sólo de la promoción de los abogados postulados para ser ministros magistrados o jueces, sino que los aparta de todo el proceso electoral.

Así es, habrá de sesionar el Consejo General del INE, por primera ocasión, sin asistencia de los representantes de los partidos políticos; sus comisiones suponemos también habrán de trabajar a espaldas de los partidos, quienes no podrán participar en ninguno de los momentos deliberativos en la preparación de la jornada electoral, durante la realización de la misma, ni tampoco en los actos posteriores.

Determinación inédita, porque los partidos políticos con la Comisión Federal Electoral, siempre han estado presentes en los procesos, han sido parte fundamental inclusive para legitimarlos, pero ahora estarán totalmente fuera.

Ni a Manuel Bartlett se le ocurrió en su momento, siendo el último presidente de esa Comisión Federal electoral, llegar a estos extremos de exclusión de los partidos en el debate de los procesos democráticos del país.

Luego entonces, la otra pregunta es sí las mesas directivas de casillas no incluirán representantes de los partidos políticos, que por disposición constitucional serán ajenos de esta elección proyectada para el mes de julio.

¿Cómo le van a hacer en las elecciones del 2027, cuando serán concurrentes con las elecciones ordinarias estas elecciones de jueces y magistrados? ¿Habrá dos sesiones, una para la elección ordinaria y otra para ver las elecciones de jueces? Buen brete.