-Tiene ojos encima la hermanastra de Cynthia

-Pegan el grito en Juárez... pero por salarios de hambre

-Corte y reforma ponen a prueba las instituciones

-Amenaza al PAN estatal alianza con Marko

La devolución de terrenos municipales irregularmente vendidos por la administración de Cynthia Ceballos en Nuevo Casas Grandes, le puso los ojos encima a la alcaldesa que quedó en el lugar de la hoy reclusa del penal femenil de Aquiles Serdán, su hermanastra Edith Escárcega Escontrías.

Mientras la exalcaldesa sigue presa, la semana pasada el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, fue a entregar formalmente al ayuntamiento de NCG los terrenos recuperados para el patrimonio municipal, los cuales habían sido enajenados por la administración de Ceballos, pero sin el correspondiente trámite legal y sin que los recursos ingresaran a las arcas municipales.

Es de suponerse que la recuperación de los terrenos es un avance en el proceso penal contra la exalcaldesa; algún avance también en la reparación del daño y tal vez hasta en la posible liberación de Ceballos Delgado, quien acaba de cumplir 10 meses en prisión y dos intentos abortados de recuperar su libertad.

La exalcaldesa tuvo alguna vez esperanza de regresar a su cargo con esas intentonas de sorprender de sus abogados, por cierto, exfuncionarios de la Fiscalía Anticorrupción. Ahora ya no tiene la posibilidad dado que su suplente ya fue electa como titular en las pasadas elecciones.

El proceso que le sigan, pues, no tiene tantos ojos encima como sí los tiene su sucesora, quien al haber recibido jurídicamente los terreros recuperados, por haber sido vendidos de forma irregular, ahora tiene la responsabilidad de recuperarlos materialmente para su municipio.

Así los inmuebles tengan mejoras, construcciones, equipamiento, con todas las de la ley debe proceder a incorporarlos de nuevo al patrimonio municipal, pero como hay muchos intereses en juego en el pequeño poblado, desde luego hay expectativa para ver cómo procede la presidenta.

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Hasta hace medio año, el salario promedio registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) crecía a un ritmo entre los siete y los ocho pesos mensuales, independientemente de una pronunciada pérdida de plazas laborales que ha resentido Chihuahua en el último año.

Luego, el ritmo de crecimiento cayó a los 30 centavos mensuales, un desplome impresionante que, sumado a la inflación todavía muy elevada y el alto costo del crédito, ha provocado que los sueldos cada vez alcancen para menos hasta los martes de oferta en los supermercados.

Esta es la epidemia de los salarios de hambre que ha comenzado a extenderse sobre todo en los estados fronterizos como Chihuahua, que han quedado atrapados en una ola de incertidumbre por factores que han provocado la desaceleración del crecimiento económico.

La frontera está atrapada, específicamente, en la transición histórica entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum y las elecciones en Estados Unidos, que plantean la disyuntiva entre el ya una vez presidente republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris.

El nuevo sistema político que estrena México, con la reforma judicial principalmente, llega a romper los equilibrios conocidos en los que estaban relativamente cómodos los inversionistas nacionales y extranjeros; a eso se suman los riesgos que representan para el país los procesos electorales del principal vecino y socio comercial.

Lo desconocido genera inestabilidad, de ahí que se haya agravado la situación en el sector privado, con la pérdida de algo así como 60 mil empleos en este año nada más en la industria manufacturera, debido al alejamiento de las inversiones que buscan precisamente estabilidad.

Aunque el tipo de cambio ha resistido, con una volatilidad que igual puede llevar al dólar entre los 18 y los 22 pesos mexicanos, las señales que tenemos encima anticipan cuando menos unos 10 o 12 meses más de pérdidas en inversiones, empleos, productividad y salarios.

En lo que es absorbido el cambio de Sheinbaum y su mayoría aplastante en las cámaras legislativas y en los gobiernos estatales habremos de ver y enfrentar, como mínimo, esos efectos duraderos y de alto impacto en el nivel de vida de los ciudadanos.

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A partir de esta semana, al cobrar vigencia la reforma judicial, habrá de ponerse a prueba la resistencia institucional del país, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las fuerzas políticas minoritarias no van a quedarse de brazos cruzados ante la promulgación de uno de los mayores cambios constitucionales de los últimos siglos.

En menos de 24 horas, 16 congresos estatales le dieron el aval al proyecto de decreto del Senado de la República y la Cámara de Diputados, para completar la mayoría necesaria en poco más de un día.

Sin embargo, desde Chihuahua, los diputados del PAN coordinados por Alfredo Chávez, con sus aliados del PRI y seguramente Movimiento Ciudadano, frenaron la votación del documento y anunciaron que lanzarán la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma, con el alegato que desde el procedimiento legislativo hubo suspensiones, mediante juicios de amparo, no acatadas por diputados federales ni senadores.

A la vez, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, tomó la conducción de la defensa del aparato judicial estatal, que buscará también sus vías jurídicas para atacar la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero las instituciones de Chihuahua no serán las únicas ofendidas que busquen frenar la aplicación de las nuevas disposiciones, con impactos desde los jueces menores hasta los ministros del máximo tribunal del país. Otras entidades, a través de sus legislaturas y tribunales locales, también alistan su batería de defensa jurídica, que llevará tal vez a uno de los principales pleitos territoriales que enfrente Claudia Sheinbaum.

Por lo tanto, no está lejana la posibilidad de que el pleito deba dirimirse con arbitraje internacional. Y de irse a tribunales fuera del país, habría mucho qué esperar; son más lentos que los juzgados federales en tiempos de paro, como los que vivimos actualmente.

Por eso, pues, estará a prueba la resistencia institucional del estado mexicano que, queremos suponer, es mucho más fuerte que la de Venezuela, nomás por decir algo.

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El deprimente papel del líder nacional del PAN, Marko Cortés, ante la aplanadora morenista que desde las elecciones le ha pasado varias veces por encima, lo ha colocado como uno de los dirigentes impresentables de la oposición en México.

Cuando todo mundo esperaba que Adán Augusto López desde el Senado de la República y Palacio Nacional doblegaran a algún tricolor de la bancada dirigida por Alejandro “Alito” Moreno para sacar la reforma judicial, fue el grupo de Cortés el afectado con la jugada de los Miguel Ángel Yunes, padre e hijo, quienes fueron encumbrados por acuerdos con el dirigente nacional, quien más ridículo se ve entre más se dice traicionado.

Tras la reforma, empezaron a correr versiones de que la traición de los Yunes no es la única tragedia que padece el PAN nacional. Hablan incluso de una fragmentación de la minibancada albiazul, por la falta de liderazgo y conducción de Cortés, que llevaría a uno o varios senadores panistas a irse a Movimiento Ciudadano.

En esas condiciones está el jefe nacional del PAN y, no obstante, la corriente principal del panismo en Chihuahua insiste en mantener la alianza y el respaldo al presidente saliente del partido, quien también agandalló la primera posición pluri en el Senado para garantizarse seis años más en la nómina pública.

Los panistas en la entidad han notado que opciones diferentes a la continuidad de Marko, como la exsenadora Adriana Dávila que anda por el país haciendo su luchita, son bloqueadas en espera de una línea oficial para elegir la nueva dirigencia.

Esa alianza indestructible con el impresentable senador se ha convertido en un riesgo para la unidad panista en Chihuahua, nos aseguran desde las bases albiazules.