Desde el primer día, la actividad legislativa no se hizo esperar. Aunque las y los nuevos diputados y senadores de la República apenas han tomado protesta, tanto en el Congreso del estado de Chihuahua como en el federal, las jornadas y los temas relevantes se mantienen en el orden del día de manera permanente. Lo que más me ha sorprendido es el sentido que ha tenido la crítica que se ha recibido, particularmente las voces que con enojo señalan: “eso ya pasaba” o “eso ya se hacía”. Estas reacciones me hacen reflexionar sobre la importancia del "Plan C", votado el pasado 2 de junio como la propuesta central para la transformación del país, del estado y de Ciudad Juárez.

En materia de programas sociales, por ejemplo, es cierto que ya se podía acceder a la Pensión para Personas Adultas Mayores desde los 65 años, a pesar de que la Constitución establecía la edad de 68 años. Esto se debía a una regla de operación que ampliaba el derecho, en lugar de restringirlo. Sin embargo, el objetivo del “Plan C” es que esas acciones de gobierno queden plasmadas en la legislación, específicamente en nuestra Carta Magna, no sólo para formalizarlas, sino también para garantizar su continuidad.

Me sorprende, entonces, que personas con conocimiento de los procesos legislativos y de la ley continúen diciendo: “eso ya se hacía”. Un ejemplo reciente fue la polémica generada por la propuesta de un senador de Nuevo León para permitir la interposición del juicio de amparo vía electrónica. Los comentarios señalaban con desdén que esto ya se hacía desde la pandemia, acompañando sus críticas de adjetivos folclóricos. Alguien preguntó: “¿en qué ley se encuentra esto establecido?”. La respuesta fue un ataque personal, señalando que tal medida estaba basada en acuerdos tomados durante la pandemia. Sin embargo, la pregunta clave permaneció: si no está en la ley, ¿puede dejar de estar vigente? No hubo una respuesta clara.

Esta situación me recordó cuando, como diputada, propuse una ley para fomentar la lectura. Mi iniciativa fue desechada porque ya existía un programa con ese objetivo, el cual posteriormente fue cancelado y, por supuesto, su objetivo desapareció de la agenda política.

Otro tema toral que en esta semana se aprobó es una importante reforma constitucional en materia de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanos. Entre sus avances se destacan el reconocimiento de la composición multiétnica de la nación mexicana y la concesión de personalidad jurídica a estos pueblos, con patrimonio propio y la obligación de consultarles en decisiones que afecten sus creencias, espacios de convivencia y costumbres. Además, se reconoce la jurisdicción de las autoridades comunitarias y se promueve la participación en la construcción de modelos educativos basados en sus lenguas y culturas.

Un aspecto vital de esta reforma es el impulso a la medicina tradicional y el derecho a asistencia legal especializada, con traducción no solo técnica, sino interpretativa, lo que facilitará un genuino acceso a la justicia.

Una constitución que garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas también debe asegurar la participación efectiva de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como su acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la tierra.

¿Esta reforma refleja una novedad en el trato cotidiano hacia los pueblos indígenas y afromexicanos? No, al menos no debería ser así. Lamentablemente, en la práctica, plasmar este reconocimiento en nuestra Carta Magna es solo el primer paso para transformar una realidad de desigualdad que la Cuarta Transformación tiene la misión de erradicar.

La importancia de plasmar un proyecto de nación en la ley radica en otorgar solidez y continuidad a las transformaciones que ya se están viviendo en la práctica. La Cuarta Transformación no solo se ha limitado a implementar políticas, sino que ha sido una apuesta por cambiar las estructuras del poder y devolverle el protagonismo al pueblo. Al llevar estas prácticas a la ley, como en el caso del "Plan C", se busca que estas conquistas sociales se mantengan y se protejan contra posibles retrocesos futuros. No se trata de un simple formalismo político, sino de garantizar que los logros alcanzados sean un derecho irrestricto de todas y todos, más allá de coyunturas políticas.