Desde la época de los griegos se decía que era importante no cambiar la ley constantemente, pues eso podía conducir a su inaplicación. Por otro lado, la renovación permanente de las estructuras del Estado genera incertidumbre en la población, pues no se da tiempo a que el andamiaje institucional se asiente.

Por alguna razón, cada gobernante que llega quiere cambiar el marco normativo en una o en otra materia. Resulta curioso que, la Constitución de Estados Unidos haya sido modificada solamente en veintisiete ocasiones en más de doscientos años de historia (la última de ellas en 1992) mientras que nuestra Constitución ha sido modificada casi ochocientas veces en poco más de cien años de existencia.

Lo que más llama la atención es que las reformas que plantea el poder siempre son para arrogarse más poder. Hace mucho que no veo una reforma en beneficio de la población; no se ha hablado de ninguna reforma al sistema de pensiones, o para dotar de vivienda digna a los trabajadores, ni mucho menos. Las últimas dos reformas que se han discutido con enorme interés son aquellas que pretenden darle más poder a la Presidenta Sheinbaum.

Por ejemplo, hace poco se presentó la reforma contra el nepotismo electoral. Me parece que esa reforma va más allá de la participación que cualquier gobierno pueda tener en la vida interna de los partidos. Estamos de acuerdo, el nepotismo es un vicio del sistema que hay que desarraigar. Sin embargo, es responsabilidad de los partidos políticos presentar buenos perfiles en las elecciones. El pueblo decidirá mediante su voto si premia o castiga a los partidos políticos que presenten a candidatos con vínculos nepotistas.

En relación con esta reforma, los partidos políticos decidieron aplazar esa reforma hasta 2030. Es algo absurdo, pues si bien no era una prioridad, ya que el Congreso se decidió aprobar esa reforma, debía de haberse empezado a implementar.

Un retroceso de esa reforma reciente fue justamente la eliminación de la reelección legislativa. Considero que el hecho de que un legislador no tenga el incentivo de volver a ir a pedir el voto a los ciudadanos, lo vuelve más irresponsable frente al electorado. De esa forma ya no tiene que cumplir ningún compromiso electoral adquirido. Si de todos modos los legisladores (en su mayoría) suelen no rendir cuentas a sus electores, menos cuentas van a rendir si no tienen que ir a pedir nuevamente el voto.

Este incentivo (el de la reelección) ha demostrado existir en los hechos. En Estados Unidos, los Representantes y los Senadores suelen adoptar posturas maduras y responsables frente al electorado porque saben que tendrán que irle a pedir el voto nuevamente. Si le dan la espalda el elector, entonces el elector les dará la espalda a ellos.

En México existe la reelección legislativa desde 2018. Solamente durará doce años esa reforma, pues a partir de 2030 la reelección está prohibida.

Ahora, el gobierno oficialista inicia el proceso para una nueva reforma electoral. No se sabe bien a bien en qué consistirá, pero la Presidenta Sheinbaum ha anunciado que quiere eliminar a los plurinominales, reducir el financiamiento público a los partidos políticos, y evidentemente, meterle mano al Instituto Nacional Electoral.

Ya en 2014 tuvimos una reforma electoral de gran calado. Se estableció la paridad de género (situación que repruebo), se modificó la integración del órgano electoral y se concentró ahí la potestad de nombrar órganos electorales locales (situación que también repruebo) entre otras.

El gobierno busca el aplauso fácil en asuntos que la mayoría de la población desconoce. La existencia de las diputaciones plurinominales tiene por objeto equilibrar y tratar de acercar la realidad del resultado electoral con la representación que los partidos políticos tendrán en el Congreso. Es decir, los plurinominales tienen por objeto que un partido político tenga el porcentaje de su votación representado en la Cámara de Diputados. Es decir, atiende a un criterio democrático.

En este sentido, existe mucha desinformación respecto de los diputados plurinominales. El gobierno dice que nadie los elige, situación que es completamente falsa pues el pueblo es quien los elige.

Por otro lado, la reforma tiene como propósito reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Este es otro ejemplo de populismo constitucional. Los partidos políticos tienen como objetivo ganar elecciones. Si un candidato no cuenta con los medios para competir, los conseguirá de una u otra forma, pues lo que quiere es ganar.

Existe el enorme riesgo de que, si los partidos o candidatos no tienen recursos suficientes para armar una campaña, seguramente llegará alguien que sí los tenga y resolverá el problema. Justamente en estos casos es que se corre riesgo de que entre dinero sucio a las campañas políticas, aportaciones que traen aparejado un compromiso de apoyar al patrocinador una vez que se asuma el poder.

Dice el dicho que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Lo que parecería ser una reforma ‘buena’ para el sentir popular (pues se eliminan plurinominales y se reduce el gasto en partidos políticos) en realidad entraña una intención de que el poder siga creciendo dejando de lado a sus eventuales competidores. El único que gana con la eliminación de los plurinominales es el oficialismo, pues se puede dar el caso que un candidato a diputado federal gane con el 20% de los votos. Ese modelo se puede replicar en los trescientos distritos del país. De esa forma (y de integrarse así la Cámara de Diputados) el 20% de los votos habrían decidido el 100% de la integración de la Cámara de Diputados.

Resulta incongruente que quien esté planteando este tema en la mesa sea Pablo Gómez, el eterno plurinominal de izquierda de México y quien ahora encabeza la mesa de análisis para la reforma electoral.

En el tema del financiamiento a los partidos políticos, el gobierno tiene acceso a enormes cantidades de recursos a través de los procesos de corrupción que tienen. Ellos dicen que no debe destinarse dinero a los partidos políticos, pero al tener el manejo del presupuesto (por ser gobierno) seguramente las campañas se pagarán justamente de ahí. Es decir, ahogan financieramente a la competencia electoral, mientras ellos hacen campaña con recursos del gobierno.

Creo que los gobiernos tienen que empezar a dar resultados al pueblo, atender sus necesidades, dotar de buenos servicios públicos a la población, y combatir la corrupción. No tienen que estar inventando cada periodo legislativo que quieren cambiar la Constitución para ampliar el poder que ya tienen. Sin embargo, insisto, la prioridad para este gobierno es eliminar a la oposición y concentrar más poder, no resolver las necesidades y carencias del pueblo.