-Aparecen en expediente millones en sobornos

-Crece malestar contra el “pollero” Garduño

-Duarte en una mesa del Great; Andrea y Nora, en otra

-El panel en TMEC de Akwel

En los voluminosos expedientes relacionados con la masacre y fuga de reos ocurrida el primero de enero del 2023 en el Cereso estatal 3 aparecen los millones mensuales que pagaban Ernesto Alfredo “El Neto” Piñón de la Cruz, entonces feroz jefe de la pandilla Mexicles, y otros líderes delictivos recluidos en el Cereso estatal 3 de esta frontera.

Toda la información recopilada por la Fiscalía General del Estado ha sido entregada para sus respectivos complementos al área de asuntos internos dirigida por Jesús David Flores Carrete, quien no debe tener más dilaciones para la judicialización respectiva.

Casi en cada una de los cientos de fojas, miles, aparece el nombre de Jesús Francisco Soto Silva, como uno de los presuntos grandes receptores del dinero de los líderes de los Mexicles, Artistas Asesinos, La Empresa y demás etcéteras que siguen formando parte de la población carcelaria.

Los sobornos servían para que, principalmente “El Neto”, operara a sus anchas adentro y afuera del Cereso y dirigiera el grueso del narcomenudeo al interior del reclusorio y el tráfico de drogas y migrantes en el exterior.

Adentro contaba obviamente con el respaldo no únicamente de mandos y custodios del Cereso; afuera tenía el evidente respaldo de corporaciones policiacas preventivas y de investigación.

Este miércoles encabezó Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado, la develación de 10 bustos correspondientes a los 10 custodios masacrados por “El Neto” y sus cómplices al momento de emprender la fuga. Alcanzaron la calle 30 reclusos, de los cuales 24 fueron recapturados, tres han sido muertos en enfrentamientos, entre ellos el exjefe Mexicle y tres siguen evadidos.

Seguramente las familias de los policías asesinados y la sociedad entera han visto con buenos ojos el homenaje a los policías caídos en el cumplimiento de su deber pero los aplausos serán mayores y definitivos hasta que haya justicia.

Hasta el momento no ha sido judicializado un solo asunto relacionado con aquellos hechos, por lo tanto, la masacre sigue 100 por ciento impune y no creemos que siga así en el corto...o lo que sería peor para los nuevos administradores del Cereso, el mediano o largo plazo, cuando lleguen otros funcionarios a la revisión obligada. Es imposible el archivo para una masacre de ese tamaño.

Flores Carrete, el de Asuntos Internos, tiene menos de tres años para redondear el caso y ponerlo en manos de los jueces.

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Mientras en el Instituto Nacional de Migración (INM) hablan de los fuertes intereses que sostienen a Francisco Garduño al frente del organismo, al exterior de la dependencia también crece el malestar contra el funcionario, considerado el gran “pollero” con charola del gobierno federal.

Tras el asesinato del agente federal de Migración, Luis Alberto Olivas García, el pasado 30 de diciembre, ha crecido el nivel de rechazo dentro del INM al jefe que no acaba de irse, pese al anuncio de que habrá de ser relevado por el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes.

Pero no son sólo los elementos del INM los que han hecho patentes sus quejas por las condiciones en que trabajan, los riesgos a los que son expuestos y las sospechas de millonarios negocios de Garduño Yáñez, ligados al tráfico de personas y a las extorsiones en toda la estructura burocrática de la institución que maneja.

Damos muestra en versión digital de La Columna de agresivos comentarios de usuarios de la red social X, en la que Garduño, tardísimo, reposteó el boletín del INM en el que condenaba el asesinato de Olivas García.

“Destituyan a la pend... de su comisionada que sigue exponiendo inconscientemente a sus agentes migratorios sin seguridad y protección alguna. Este comunicado es una mentada de madre para la familia de la persona que perdió la vida. ¡Chin... a tu ma..., Garduño nepotista!”, dice, por ejemplo, uno de los opinadores, no identificado del todo, pero dicen que conocedor de las entrañas del INM.

Otros señalamientos refieren la mafia existente dentro del organismo; nada novedoso, por algo decían que cuando Garduño dijo que el padre Alejandro Solalinde era “el pollero de Dios”, al comisionado de Migración le sangró la lengua.

En fin, no deja de levantar sospechas la presidenta Claudia Sheinbaum, ante el retraso de su compromiso para relevar al titular del INM, si cada vez son más constantes los señalamientos de que el tráfico de personas no sólo es producto de una errática política migratoria, sino de grandes intereses económicos en los que lleva mano el funcionario.

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Ayer iniciaron precisamente los funerales de Olivas en esta ciudad. Estuvieron Garduño, la jefa del Instituto de Migración en el estado, Esther Martínez y otros mandos de la misma institución.

Los funcionarios acompañaron en su luto a la familia del agente asesinado a pedradas por un migrante venezolano, pero no dejó de sentirse un ambiente de indiferencia por parte del Comisionado Nacional y de sus subordinados.

El propio Garduño rechazó emitir cualquier expresión de solidaridad hacia la víctima y hacia su familia. Se redujo a ingresar a la funeraria, permanecer si acaso 20 minutos ahí y salir a toda prisa para evitar contestar a las preguntas de los periodistas.

No faltó incluso un agente de migración oficioso, de esos mal afamados por maltratar hasta a migrantes acompañados de niños, que intentó escoltar al patrón en plena vía pública para alejarlo de los reporteros. Buscó impedir por la fuerza el trabajo periodístico.

Ese es el sello actual en el INM, aparte de la corrupción, el maltrato a todo mundo y el manejo del organismo como si fuera propiedad de los jefes. Arriba de ellos nadie ve ni nadie actúa para poner orden.

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Estuvieron harto interesantes ayer por lo menos dos mesas del restaurantón de alta gama, Great American, de Plaza Cantabria.

En una de ellas fue visto el exgobernador, César Duarte Jáquez, quien compartió los sagrados y exclusivos alimentos con integrantes de su familia.

El exmandatario permanece sujeto a proceso penal por presunta corrupción. Ha continuado su caso en libertad condicional tras casi doblar en penales de Estados Unidos y México los dos años de prisión preventiva. Su juicio no ha iniciado ni tiene fecha de arranque.

Duarte debió obtener alguna autorización especial de las autoridades judiciales para andar en Ciudad Juárez, toda vez que le fue colocado un brazalete o localizador electrónico que lo obliga a permanecer en un domicilio específico de Chihuahua capital.

En otra mesa, muy lejos de los camaradas chairos, estuvieron las hiperactivas senadoras por Morena, la titular, Andrea Chávez, que anda a mil por hora tanto como legisladora que como aspirante a gobernadora para el 2027; y su suplente, Nora Elena Yu, una de las pocas voces con influencia nacional del sector privado fronterizo.

Desconocemos los temas tratados, pero sin duda afinaron detalles sobre el cronograma 2025 trabajado desde finales del 2024.

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Ha tenido que enfrentar el gobierno de México varias decenas de paneles en el marco del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, en materia laboral.

De esos conflictos, que suman casi 70, están pendientes de resolver entre cinco o seis, uno de los cuales tiene qué ver con la empresa Akwel que se encuentra instalada y funcionando en esta ciudad.

Se trata de un problema originado por una disputa entre la empresa y un grupo de trabajadores que bien pudo resolverse en el marco de la legislación nacional –como finalmente ocurrió al declarar ilegal la huelga que duró un par de semanas-, pero que por angas o mangas llegó a discutirse en el marco del panel que obliga a integrar una comisión tripartita para resolver estos problemas laborales.

Claro que hay preocupación del sector empresarial por el rumbo que lleve esa determinación del panel, porque quita competitividad a la ciudad y genera un ánimo de los emprendedores por buscar otros horizontes.

En esta ocasión corresponde a un conflicto de naturaleza laboral inflado de manera innecesaria en el marco del acuerdo comercial con los socios canadienses y norteamericanos, donde está metida la CTM, que es quien presentó la solicitud de intervención del panel.

Así es que, cuando parecía que todo había vuelto a la normalidad después del conflicto, y que los mismos trabajadores de manera mayoritaria votaron por regresar a laboral, ahora podría venir una resolución que trastoque el impasse existente.

Será cuestión de esperar la manera en que resuelve el panel, entrando al fondo de un asunto que debiera corresponder estrictamente a las empresas y los trabajadores conforme los ordenamientos legales y ante las autoridades laborales locales.