-Despista narcomanta y corona del “Jefe X”

-Renuncian a Migración por temor

-No se ha ido Garduño, ni se irá

-A Guadalajara, Ley de Participación Ciudadana

Por más que cruzan información las áreas de inteligencia de la Policía Estatal, de la Municipal, el Ejército y el Centro Nacional de Información (CNI), no hay claridad en los apodos de “70” y el “Jefe X”, que aparecieron en la narcomanta y la corona fúnebre del último lunes del año pasado.

A pesar de que entre uno y otro mensaje hubo una seguidilla de crímenes que rompieron la paz de unos días sin homicidios a finales de diciembre, los resultados de los análisis no arrojan siquiera pistas de algún grupo criminal o pandilla detrás de los mismos.

Por la noche del lunes 30 de diciembre, una narcomanta con un mensaje de advertencia entre grupos delictivos fue dejada en un puente peatonal en la avenida Paseo Triunfo de la República, a la altura de la curva de San Lorenzo.

El mensaje acusaba deslealtad y advertía -palabras más, palabras menos- que quien riendo la hace, llorando la paga, dedicatoria para el tal “70”.

Por la mañana del día siguiente fue la corona mortuoria con el amenazante “en paz descanse”, dirigida al mismo personaje; ésta fue dejada en las calles Turquía y Cartagena de la colonia Santa Rosa.

La firma, la redacción confusa, los apodos en las bases de datos de cientos y cientos de presuntos delincuentes, fueron objeto de análisis en todas las corporaciones, pero nada. Despiste total, al parecer, porque no hubo información que diera un norte, menos algún dato concluyente.

Vaya, ni por las ubicaciones de esos narcomensajes pudo inferirse cuando menos un grupo, una pandilla, una célula; nada más allá de unos cuantos ejecutados, a cuyos antecedentes todavía le rascan los investigadores, que llegaron a sumarle tachitas al ejecutómetro anual.

El tema está lejos de considerarse una buena noticia por los analistas de seguridad. En el mejor de los casos es un macabro juego y un “chiste local” entre algunos delincuentes; en el peor, puede ser una especie de relevo o transición en uno de los violentos grupos delictivos, que igual tienen sus tentáculos en el narcomenudeo que en los giros negros de la frontera.

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Para algunos agentes y mandos medios del Instituto Nacional de Migración (INM) es imposible seguir en el organismo con todo y lo que implica la pérdida de su trabajo.

En medio de los funerales del agente, Luis Alberto Olivas García, asesinado a pedradas el lunes por un par de migrantes en un cerrito de Samalayuca, ayer anunció su separación del cargo, Leticia Magallanes.

Ella era la encargada de la oficina de Migración en Janos y, por lo tanto, también jefa de la estación migratoria en aquel lugar, a donde son llevados migrantes asegurados incluso en Juárez y otras partes del estado.

No revela ella en su mensaje de despedida enviado a sus subalternos las razones de la separación, solo agradece a todos ellos “por apoyarme siempre desde cada una de sus áreas”.

Quedó claro ante todos, sin embargo, que se va por la tremenda falta de apoyo y la desorganización imperante en el Instituto a cargo en el estado de Esther Martínez, y a nivel nacional del pegado con cola loka a la silla, Francisco Garduño Yáñez.

Agentes y mandos medios ajenos a los cochupos y transas de sus jefes permanecen expuestos ante los traficantes de personas y también ante migrantes que regularmente usan la violencia para no ser detenidos.

La situación se ha convertido en insostenible para muchos que debieron dejar su trabajo y salvaguardar su integridad y las de sus familias. Ya dimitieron, como el caso de Magallanes o están por presentar sus renuncias.

Conocen de primera mano que la prioridad de los jefes es llenarse las manos de dinero sin importar nada más.

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El 26 de diciembre poco antes de las siete de la tarde posteó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aquella comentada reunión con el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Parecía que era cuestión de unos pocos días para que asumiera su responsabilidad justo al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), en sustitución del muerto viviente “Paco” Garduño, quien sigue acumulando fallas en la débil institución que ha dirigido erráticamente.

El último suceso atribuido a la gestión de Garduño fue precisamente la demostración de ausencia de protocolo para que los agentes atiendan a los migrantes en puestos de revisión, sin la protección y resguardo debido.

Vino con descaro el titular del INM para dar pésame de 23 minutos en el funeral del agente de Olivas García, pero asumió la postura de no responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación.

Han transcurrido tres días completos de enero del 2025, y no hay determinación alguna de que Céspedes ocupe la posición para la cual ha sido designado de palabra por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso antes que dejara la gubernatura poblana, desde el lejano tres de octubre del año pasado.

La nueva es que Garduño no se irá aún, y quedará en el cargo durante meses, hasta que Céspedes esté listo para ocupar la posición. La misma presidenta hizo el anuncio en la mañanera del día de ayer.

Es la determinación agravio sino es que ofensa para los migrantes sobrevivientes y las familias de quienes fallecieron en aquel fatídico incendio que cobró la vida de 40.

Es decir, la institución que debe controlar la migración y proteger incluso a las personas que están en esa condición, es dirigida por una persona que enfrenta un proceso penal en donde hay acusaciones de homicidio imprudencial y que inclusive podría ser doloso, por la mecánica irresponsable de los hechos.

Quién sabe qué fue lo que escuchó Céspedes de la secretaria de Gobernación en aquella reunión decembrina, para que haya tomado la determinación de no asumir aún, o si, por el contrario, la orden es detener el cambio.

Sin duda es la sombra de Andrés Manuel, la que protege todavía a Garduño, su amigo.

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Deberá conocer la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de un recurso interpuesto por Abelamar Chacón Rodríguez, del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana y del Plan Estratégico de Ciudad Juárez, que tratan de descarrilar la administración de la gobernadora Maru Campos.

Desde esas posiciones ha tratado de echar abajo la reforma a la Ley de Participación Ciudadana, que elevó el requisito al 10 por ciento para iniciar una consulta o inclusive la revocación de mandato.

No gustó que Chihuahua homologara su ley estatal más benigna con los parámetros federales morenistas, obligados por el decreto de modificación constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2019.

Cero ingenuidad en la determinación que es una defensa obligada ante intentonas de causar daño político.

Tan había tiradores a nivel local para aprovechar una ley con esos estándares democráticos, que más temprano que tarde fue presentada la propuesta de revocación que se cocina en el Instituto Estatal Electoral, pero que deberá regularse con los nuevos parámetros.

Ya fue aceptada en un primer momento, pero ahora deberá pasar por el tamiz de la recolección de 300 mil firmas para que pueda ser autorizada la revocación, y que, aún aceptada, tendría que lograr el 40 por ciento del listado nominal a favor, lo cual se antoja muy difícil, con el proceso electoral judicial encima.

Así, el asunto, después de ser bateada la solicitud de consulta ciudadana en contra de la reforma a la Ley de Participación, que estipuló un mayor rigor en los mecanismos de participación, con ratificación del Tribunal local, ahora irá hasta Guadalajara, con recurso recién interpuesto, calientito.