-Video: Nunca había vivido una “historia tan triste”

-Débil arranque de la elección judicial

-¿Dan resultados los que aspiran?

-Asoma guadaña en transporte abusón de aeropuerto

Una consejera de Canaco no soportó de plano la situación que sufre su gremio y soltó sin más su opinión sobre “la historia tan triste” que, en “27 años como socia de Cámara, nunca había vivido”.

“Ojalá que esto retome su curso y la Cámara vuelva a retomar fuerza y un buen liderazgo para que vuelva a ser la cámara líder en la ciudad”, remató.

Justo con el horno no preparado para bollos, precisamente envuelta la Canaco en severos problemas por falta de unidad y de una precariedad económica sin antecedentes, la mesa directiva decidió expulsar este lunes a uno de sus expresidentes, Rogelio Ramos, sin ofrecerle oportunidad alguna de defensa.

La veintena de consejeros estuvo convocada para reunión ordinaria en cuya orden del día, de entrada, no contemplaba ningún punto relacionado con la situación interna de Ramos.

De inicio, al abordar el sorpresivo tema, presumieron algunos consejeros que la sanción contra Ramos sería por discutir y pelear contra otro exdirectivo de la organización, Gilberto Cueva, durante la elección de mesa directiva de marzo del año pasado, pero los convocantes a la reunión sacaron de la manga la supuesta falta de un reporte de actividades que no habría entregado el expresidente ante la Secretaría de Economía. Este fue el motivo de la sanción.

No hubo poder que modificara la decisión previamente tomada por la presidenta de la Cámara, Elizabeth Villalobos, ni siquiera que solo cuatro hayan votado por la expulsión (de cerca de 25) en una primera consulta, pero luego fue obtenida la mayoría al “recordar” a los presentes que acuerdo previo a la reunión.

En el video que presentamos en versión digital aparece un consejero casi implorando al presídium ofrecer a Ramos Guevara la oportunidad de la defensa por tratarse de “un señor que le entregó muchos años de su vida, de su tiempo, a esta Cámara”. Nada, antes de la votación ya estaba la decisión tomada.

En marzo hay elección de nuevo presidente (a) de ese órgano del sector privado que aglutina a más de tres mil comerciantes juarenses. Ese es en realidad el trasfondo de la expulsión, la actual directiva que busca permanecer en el cargo y una gran cantidad de afiliados que, como dijo en redes la consejera, buscan que su agrupación retome la fuerza y liderazgo de otros tiempos.

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Con las prisas que impuso la reforma constitucional del Poder Judicial, los coordinadores de Morena y el PAN en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada y Alfredo Chávez, avanzaron el fin de la semana pasada y el inicio de la actual en el camino de la elección directa de jueces y magistrados estatales.

En el seno de la Junta de Coordinación Política, los jefes de las bancadas mayoritarias sacaron la aprobación de la convocatoria para participar en el proceso electoral extraordinario 2025, a través del cual la ciudadanía elegirá juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial del Estado.

Quedaron entrampados con el comité de selección que debe nombrar el Congreso para revisar los perfiles de los aspirantes, quienes desairaron la convocatoria, seguramente porque no hay todavía la suficiente claridad en las reglas, además de que hay unos cuantos días de plazo para apuntarse.

Previamente, el Tribunal Superior de Justicia reportó 305 plazas para someter a la elección popular, de las cuales 270 son de jueces y juezas de primera instancia y menores; 30 magistraturas penales, civiles y familiares; y cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que suplirá al Consejo de la Judicatura del Estado.

El cambio político es trascendental, aunque no llegue al fondo del problema de la administración de justicia, sistema sometido a múltiples irregularidades, lo que no habrá de acabar con la elección directa de juzgadores.

Pese a lo trascendental del cambio, los coordinadores parlamentarios traen sujeto con alfileres el procedimiento de aprobación de las candidaturas.

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En ese sentido, Predominó el PANMOR en la configuración del Comité de Evaluación para palomear a los aspirantes a jueces o magistrados del Poder Judicial en el Estado.

De las propuestas finales van dos pintadas de azul y dos más de guinda, aunque una de estas últimas con tonos que combinan ambos colores.

No debe ser desconocido para la fracción morenista que Alejandra de las Casas Muñoz tiene los mismos apellidos que el actual director del Colegio de Bachilleres en la administración panista, Reyes Humberto, “El Patito”.

Tratamos de corroborar el dato, pero no lo logramos, sin embargo, tenemos la sospecha de qué Alejandra y Reyes Humberto son de la misma progenie, por lo tanto, habría salido ganando el PAN en la designación de dicho perfil.

Como sea, con independencia de que se confirme o no el dato, el PAN anda un paso adelante de Morena, porque el PRI tiene una quinta posición en dicha Comisión de Evaluación y podrá, por tanto, el partido en el poder a nivel estatal colocar a los aspirantes que le resulten cómodos en este atropellado procedimiento que es una copia de lo autorizado a nivel federal.

Están muy claras las propuestas realizadas por cada uno de los partidos con asientos en el Congreso del estado, de ahí el análisis que presentamos.

Las propuestas son -datos confirmado oficialmente- por el grupo parlamentario del PAN, Carla Vania Durán Rodríguez, Yazmín Alejandra Rivera Castillo y Alfredo Issa Holguín; por MORENA, Laura Alejandra de las Casas Muñoz y Héctor Jaime Terrazas Salcido; por el MC: Jorge Alan Flores Flores y Fidel León Pérez, y por PRI: Carlos Tiburcio Salcido Gómez, Oscar Francisco Yáñez Ortega y Pamela Arisbeth Quiñonez Loya.

En el fondo gana también en el tema Morena, porque el procedimiento instaurado en Chihuahua es copia de lo que se está haciendo en el ámbito federal.

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Como algo enigmática fue tomada ayer por el panismo la prevención lanzada por la gobernadora, Maru Campos Galván, hacia los servidores públicos de su partido que desean la candidatura a gobernador para las elecciones del 2027.

Dijo que para aspirar hay que dar resultados. Es obvia tal afirmación; la pregunta, en todo caso, debe ir encaminada a conocer si alguno de los que andan como loquitos buscando la postulación no está dando los resultados.

¡Acaso puede ser el secretario de Seguridad, Gilberto Loya? ¿O el fiscal General, César Jáuregui? ¿O quién? ¡Acaso el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla? ¿O el presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano?

Obviamente ninguno se dio por aludido, todos presumen que andan concentrados al 100 por ciento en sus respectivas funciones aunque las encuestas dicen bastante de sus alcances. Si hay trabajo, hay presencia; y si hay presencia, hay buenos posicionamientos en los sondeos. No es difícil saber, entonces, quién es quién.

Por lo pronto ayer estuvo en Palacio con la gobernadora Maru uno de los suspirantes, Jesús Valenciano, quien sí trabaja bastante pero en su municipio, Delicias.

Fuera de ahí no ha logrado todavía avanzar en las mediciones. Tiene poco tiempo para conseguirlo si realmente desea la nominación.

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Quién sabe si tendrán conocimiento los concesionarios de transporte que protegen su negocio en el aeropuerto internacional de esta ciudad, que hay una resolución en la Ciudad de México que puede traerles algún perjuicio.

Resulta que un tribunal civil a cargo del juez Juan Pablo Fierro acaba de determinar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está incurriendo en prácticas monopólicas al impedir la libre competencia en el transporte de dicha terminal aérea.

La cuestión es que si bien es cierto en un principio la condena es al aeropuerto -y será por millones de pesos-, dicha concesionaria no se quedará muy contenta y deberá tomar medidas para flexibilizar la competencia en el transporte de Taxi y evitar futuras sanciones.

Dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, así aquí en Ciudad Juárez como en el resto del país la concesionaria deberá revisar su política de competencia en materia de transporte.

Sabemos que quienes reciben la concesión imponen la tarifa con total discrecionalidad, pero además reciben hasta ayuda de la Guardia Nacional para ahuyentar a quienes osan interferir con dicha autorización como es el caso de taxis o transportación de plataforma.

Deben sufrir los usuarios del servicio que deciden pedir por ejemplo el servicio en plataforma, caminando cientos de metros para poder abordar un Uber o Didi que son los más comunes.

Ahora la concesionaria en cualquier momento podría enfrentar demanda de alguna persona que se sienta vulnerada en su derecho humano al trabajo y a la prestación del servicio.

Aquí en Juárez las empresas que sabemos tienen el monopolio del servicio de taxi en el aeropuerto son Transporte Terrestre de Ciudad Juárez, Agencia de Viajes Mónica SA de CV, y Transporte Roberto Téllez.