El día de ayer, millones de mexicanos se despertaron con la posibilidad de acudir a las urnas para elegir a las personas que ocuparán cargos en el Poder Judicial. Esto ocurre por primera vez en la historia de México y, a partir de ayer, nos coloca a cada uno de los ciudadanos ante la profunda disyuntiva de tomar decisiones que van más allá de votar o no votar, o de manifestar una ideología partidista sobre otra. Los mexicanos debemos elegir el tipo de justicia que queremos construir.

En las últimas semanas, hemos sido testigos de fuertes discusiones sobre el proceso electoral vivido ayer. Yo parto de la base de que todas las discusiones son válidas y necesarias para desarrollar una sociedad democrática; sin embargo, no debemos perder de vista que la parte más importante es mejorar el acceso a la justicia, y esa es una tarea de todos los mexicanos, no solo de los partidos o de quienes históricamente han manipulado el Poder Judicial para beneficio personal.

Durante décadas, el sistema judicial mexicano ha sido lejano, opaco, elitista y profundamente desigual. Es fácil darse cuenta de que la justicia suele ser más rápida para aquellos que tienen posibilidades económicas, influencias o poder. También es cierto que no se trata solo de las personas, sino de una estructura diseñada para perpetuar las diferencias y los privilegios de quienes más tienen. Con esto no quiero decir que todos los miembros del Poder Judicial estén en esa condición, porque existen valiosos elementos que deben seguir contribuyendo a la justicia.

Este cambio que está ocurriendo en nuestro país, aunque imperfecto y con amplias áreas de oportunidad, también es una puerta abierta para que los ciudadanos tomen un papel más activo en la exigencia de un Poder Judicial que realmente actúe con vocación por la justicia y la legalidad. Lo que vivimos ayer no fue solo la elección de unos nombres en una boleta; elegimos la oportunidad de involucrarnos en la transformación de México.

También debemos ser conscientes de que la justicia no se puede garantizar únicamente con reformas legales, sino construyendo una cultura de legalidad: al denunciar una injusticia, con el acompañamiento a las víctimas, al exigir procesos judiciales más rápidos y equitativos, y también cuando participamos activamente eligiendo a los mejores perfiles. La justicia se alcanza cuando cualquier mexicano, independientemente de su origen, condición social o económica, puede confiar en que sus derechos serán defendidos por el Estado.

Es legítimo tener dudas, y es un derecho expresarlas, como también es una obligación del Estado escucharlas y aclararlas. Como sociedad, no podemos conformarnos con una crítica pasiva ni con la apatía que orilla a la no participación, porque eso nunca hará que la justicia mejore. Por el contrario, México necesita que todos nos involucremos en la mejora y transformación del país, a través de mecanismos que fortalezcan la exigencia y la transparencia de los funcionarios, así como la preparación académica y ética de los jueces.

Este proceso no se trata únicamente de ver aquello que es digno de mejora, sino de aportar para llevar a cabo los cambios que conduzcan al perfeccionamiento de la estructura judicial, y eso nos lleva a la exigencia hacia aquellos que fueron favorecidos con el voto. Pero lo que no podemos hacer es renunciar al proceso y dejar que otros vuelvan a decidir por nosotros.

Después de muchos años de gobiernos que nos decepcionaron, tenemos un gran aprendizaje: la justicia no llega sola, ni se construye únicamente en los tribunales. Debemos edificarla en las urnas, en las calles, en las escuelas, en las redes y en todos los rincones de nuestras casas.

El verdadero cambio ocurrirá cuando cada mexicano pueda decir que vive en un país donde la justicia no es privilegio de unos cuantos, sino un derecho de todos los ciudadanos.