-Hizo jueza esperar una hora a niño víctima

-Marido y esposa electos como jueces

-Mensaje de paz de la nueva presidenta

-Campaña contra le ira y el estrés

En varios momentos dejó ayer sin habla la jueza, Claudia Domínguez Curiel, a los presentes en una audiencia de juicio oral donde sería vivido un momento histórico para la justicia.

Un niño acudió a declarar contra una procesada por abuso sexual, la cuidadora de la guardería Techo Comunitario, Naomi Yamilé R. P., quien enfrenta nueve cusas penales por abuso y violación de niñas y niños.

Antes que nada, la jueza hizo esperar una hora al menor, al ministerio público, a la defensa de la acusada y a todos los presentes en esa audiencia de un juicio que entrará el próximo lunes en alegatos finales. El jueves citó para el viernes a las 12 del mediodía y llegó a la una.

Luego dejó evidente su desconocimiento del protocolo que incluye una sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad (SAPCOV). Ahí testificó el niño.

Una vez exhibida la ignorancia en el uso de esa sala, la jueza trató de justificarse en que la representación del ministerio público le mostró un protocolo del estado de Chiapas para esos efectos pero de inmediato le fue entregado el de Chihuahua.

Prácticamente debió ser voceada la jueza para que evaluara las preguntas que serían hechas por la psicóloga al menor víctima porque repentinamente abandonaba la sala.

Llamó muchísimo la atención de los presentes la conducta de la jueza; y sobre todo, de las agentes del ministerio público como representantes sociales. Existe el temor fundado que la juzgadora esté preparando una nueva absolución para la acusada, pues ha hecho lo mismo en otro caso anterior (Montessori) y no tendría mucho qué perder, dejará su cargo al finalizar agosto.

Será relevada por alguno o alguna de los jueces electos(as).

Muy delicado el asunto pero así va.

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Supuestamente las redes familiares y el nepotismo descarado o simulado habrían de acabarse con la sacudida al Poder Judicial, según la idea que vendió la 4T para la aprobación de la reforma que llevó a las elecciones de juzgadores, hoy en su fase final.

Sin embargo, ahora tenemos noticia, entregadas las constancias de mayoría a los ganadores de juzgados de primera instancia civiles, familiares, penales y laborales en el Distrito Bravos, que extrañamente quedaron marido y mujer como juzgadores en una de las materias.

Fueron electos por el “voto popular” de los juarenses, claro que sí, ni modo que haya chanchullo en el cómputo realizado en lo oscurito ni jugadas de acordeón detrás.

Resulta que Rigoberto Isaías Flores Gómez, postulado con el número 60 de las boletas para jueces penales, refrendó su posición, en la que ya se encontraba, con más de 13 mil 500 votos; fue el décimo de la lista de candidatos hombres, más o menos a mitad de la tabla.

Y en el carril de las mujeres, su esposa, abogada postulante, Cynthia Frayre Granados, la número 15 de las boletas, también alcanzó la titularidad de otro juzgado penal, con los 10 mil 205 votos que logró levantar; ella entró apenitas entre las 26 mujeres candidatas.

Así, marido y mujer serán juez y jueza penal a partir de septiembre, lo que si bien no puede encuadrarse en la definición jurídica del nepotismo, sí representa, cuando menos, todo un reto para el conocido tráfico de influencias, redes de corrupción y de complicidades, compadrazgos y beneficios irregulares para familiares.

Legalmente, según los expertos, no tenían impedimento para participar, él como juez en funciones con pase directo y ella como aspirante desde la práctica privada. Deben haber cumplido todos los requisitos de elegibilidad.

En cuanto al análisis de la votación hay muchas interpretaciones, según lo que dicen algunos abogados fronterizos, porque ambos iban en varios listados con amarres político en conjunto.

Así, además de que el caso se ve mal y nada le abona a la depreciada imagen de la justicia, la reforma judicial federal y estatal siguen dando de qué hablar, al lucir las incongruencias entre la promesa de combatir los vicios del sistema y la realidad de lo que sucedió.

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Era esperado y necesario el mensaje de paz de la magistrada presidenta electa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval, quien, en entrevista exclusiva con El Diario, publicada ayer, insistió en que respetará la experiencia del personal actualmente en funciones del Poder Judicial.

Nos reportan que en los pasillos judiciales había mucha incertidumbre desde hace meses, tras la aprobación de la reforma, las campañas y la elección de juzgadores, sobre cuál sería el destino del personal no sindicalizado.

Las plazas del sindicato son inamovibles, pero los trabajadores de confianza eran los preocupados sobre las decisiones administrativas posteriores a la elección de magistrados y jueces. Nomás como cinco mil almas eran las que estaban con la incertidumbre.

De ahí la relevancia de las expresiones de paz y tranquilidad de la magistrada que en septiembre llegará al relevo de la presidenta actual, Myriam Hernández, convertida, junto con Herrera Sandoval, en otra rueda de la carreta sobre la que avanza la transición.

La nueva cabeza del Poder Judicial también anunció que llegará a realizar un diagnóstico de la situación general de los tribunales para valorar la forma de mejorar los procesos en todas las materias, pero sin perder la continuidad de lo que funciona de forma eficiente.

También mostró conocimiento, como era esperado, de los problemas de la justicia que tanto dañan a la sociedad, como la extensión indefinida de procedimientos y los cuestionamientos a la labor de la Central de Actuarios, lo que da señales de que son áreas muy definidas en las que podría haber cortes con bisturí, tijeras y machete, de ser necesario, tanto de personal como de prácticas insanas.

Por mientras, Herrera Sandoval mandó el mensaje que hacía falta a quienes de verdad, más allá de la función de los juzgadores de primera y segunda instancia, sacan la chamba del día a día en los tribunales.

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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ” sigue siendo la institución con más abogados laborando en el Poder Judicial, salvo algunas excepciones.

Ahora con la elección de jueces y juezas en Ciudad Juárez domina la Autónoma de Juárez.

Punto y aparte son las magistraturas. Ahí se fue en cero la UACJ y también la ciudad entera. Juárez no tendrá magistrados en el Poder Judicial, todos los que operen aquí serán chihuahuitas o del interior del estado.

Y no es que haya habido muchos egresados de la UACJ ahí antes de la elección “popular” de personas juzgadoras, pero por lo menos había tres ó cuatro magistrados originarios de Juárez.

Hoy no quedó ni para el honor, con todo y el 40 por ciento que representa la ciudad, poblacionalmente hablando.

Regresando a las juezas y los jueces electos, en los juzgados civiles tres de cinco serán egresados de otras universidades que no son la UACJ.

Uno el conocido panista, Rubén Trejo, Licenciado en Derecho y Asuntos Internacionales; es egresado de la Universidad Interamericana del Norte; por otro lado, Constantino Hernández y Santiago Delgado, vienen de la Universidad Cultural.

En el caso de las juezas civiles, dos de seis vienen de fuera de la ciudad, Jennifer Rubí Portillo, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH); y Rosa Elena Rivera, que cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Regional del Norte, también en Chihuahua.

Si buscamos en los juzgados penales, laborales y familiares, la historia es parecida, sigue dominando la UACJ, pero las universidades particulares ganaron espacios en la judicatura local.

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Esta semana comenzó una oportuna campaña para prevenir que una situación de ira y estrés derive en un acto violento.

Es promovida la iniciativa por un organismo empresarial local que busca generar conciencia entre la población de Ciudad Juárez.

Aunque va dirigida a situaciones generales, todo indica que viene originada por las broncas viales permanentes entre conductores, en particular, los que crucen por los puentes internacionales hacia El Paso.

Tiene entonces mucho sentido, considerando por ejemplo, lo sucedido en el Puente Libre esta semana.

Ahí se dieron tres hechos riesgosos: meterse a la fila, echarle el carro a una agente de vialidad; y por si fuera poco, una persona se bajó del vehículo y navajeó las llantas del otro carro involucrado.

Los metidos en las filas y los conflictos que se dan, son fiel reflejo de un mal manejo de la ira. Afortunadamente no hemos visto heridos o fallecidos, pero parece que vamos para allá.

Nos preguntamos, ¿por qué organismos como Ficosec nunca han hecho algo así? Cuentan con un sólido y abultado presupuesto, pero no se les ven ganas de generar este tipo de campañas de concientización, tan necesarias.