Ciudad de México.- El centro de adiestramiento y ejecución encontrado en Teuchitlán, Jalisco, utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es un botón de que el país está lleno de narcofosas, es una muestra palpable de la descomposición social, pero también una clara manifestación de que eso no sucedería sin el consentimiento de los padres de familia de muchos de los jóvenes que son reclutados por las organizaciones criminales.

Esto también demuestra que el programa de becas implementado por el gobierno federal no es una solución al problema y sí una fuente momentánea de financiamiento para muchos jóvenes, quienes no saben ocupar bien ese dinero.

A su llegada a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que, con apoyo a los jóvenes, con repartición de dinero, ese problema se acabaría.

No sucedió como estaba proyectado y por el contrario se agravó.

De pronto aparecen “narco fosas” en Casas Grandes, Chihuahua, donde estaban enterrados de manera clandestina 89 cuerpos; en la región de Tastiota, en Sonora encuentran otra con 60 cuerpos; en Caborca una más con 18 personas sepultadas en el monte; en la mayoría de los casos jóvenes y más grave aún, mujeres.

Teuchitlán, Jalisco es una más de las fincas que se descubren y donde los grupos criminales adiestran en el uso de las armas a sus nuevos reclutas, donde los ponen a prueba para conocer su grado de inhumanidad, ahí los someten a diversos rigores para comprobar si tienen lo necesario a fin de tener la sangre fría para matar a otros y defender “la causa”; ahí les enseñan a cremar cuerpos, a desmembrarlos, disparar armas de fuego y estar listos para salir a combatir en una guerra donde a cambio de unos pesos, exponen su vida.

Y quienes no pasan las pruebas son eliminados. Los jóvenes son desechables porque hay muchos y es fácil reclutarlos.

En nuestro país, anualmente entre 30 mil y 40 mil menores de edad son reclutados por las organizaciones criminales, los utilizan para cometer actos de violencia, realizar el trabajo de “halcones” o como sicarios.

Se estima que entre 145 mil y 250 mil menores están en peligro de ser reclutados por estos grupos de la delincuencia organizada, de ahí la gravedad de este sistema de “leva” que impacta directamente en la juventud mexicana y que nutre de sangre nueva al crimen en México.

Reclutar menores tiene tres ventajas fundamentales para los cárteles de las drogas, más allá de que se les considera desechables y fáciles de reemplazar.

Primero, los menores de edad no pueden ser juzgados como adultos; sin importar la gravedad del crimen cometido el Sistema Nacional de Justicia Penal para Adolescentes establece que la pena máxima para un menor que comete un delito grave es de cinco años de prisión con la ventaja de que al alcanzar la mayoría de edad su expediente se limpia.

A la ventaja legal de reclutar menores, se le agrega que son fáciles de influenciar y controlar. Los cárteles los seducen ofreciéndoles estilos de vida que se basan en aparentar lujos y riqueza; les permiten tener camionetas robadas, acceso a drogas y a sumas de dinero, que si bien son pequeñas, superan sus expectativas de lo que ganarían realizando trabajos lícitos.

Les llegan a pagar de 500 a 2 mil pesos; pero algunos trabajan gratis, solo a cambio de que les surtan drogas y otros lo hacen simplemente por el “estatus” social que adquieren en su entorno social. Ser “narco” se volvió un modo aspiracional de vida para muchos de esos jóvenes.

Una tercera causa es la pobreza urbana y rural, esto es un elemento fundamental que alimenta este fenómeno. Muchos de estos menores de edad padecieron carencias y necesidades económicas durante su niñez, crecieron viendo la riqueza de otros y que a ellos se les negaba. Cuando llega el crimen organizado y les ofrece tener aquello a lo que han aspirado, no dudan en enrolarse.

Habrá casos muy excepcionales donde algún joven fue secuestrado y forzado a participar, pero la mayoría de los menores lo hacen por las razones expuestas líneas arriba. Es aquí entonces donde aparece la pregunta ¿y los padres de familia? ¿Y las instituciones de gobierno y sus planes de atención dónde están?

Es evidente que tenemos un gran problema por resolver, pero ya no es exclusivo del gobierno o de las instituciones, también es un asunto de la familia, del entorno cercano al menor, de la educación que recibe en su hogar y de la inculcación de valores por parte de sus padres, esto último elemento fundamental para tener una juventud limpia que estudie y genere progreso en lugar de engrosar las filas del crimen organizado y terminar su vida enterrado en una narco fosa en el monte o incinerado en el crematorio clandestino de esos que están regados por todo el territorio nacional.

Ante ese panorama desalentador para muchos jóvenes, la gran pregunta es: ¿dónde estarán los actuales Teuchitlán? Porque de que operan y están funcionando, ni dudarlo.